Jurídico 


Operadores de mensajería instantánea: ¿se adapta la ley a la realidad?

mensajería instantáneaHoy analizaremos un fenómeno que se ha estado y está produciendo en uno de los muchos subsectores del ámbito de los negocios digitales: la mensajería instantánea. La enorme difusión de formas cada vez más novedosas de mensajería instantánea, encuentra su causa en la gratuidad de los servicios que prestan a los usuarios. Este factor resulta de una importancia capital y, unido a la expansión de los denominados “smart phones”, ha provocado un crecimiento exponencial en el sector, aumentando la complejidad en el funcionamiento del mismo, el cual, en bastantes ocasiones, no se produce en las condiciones de seguridad idóneas para el usuario.

En un ámbito como el de la mensajería instantánea, que recibe cada día miles de usuarios nuevos, la seguridad de estos último debe encontrarse siempre en la cima de la escala de prioridades del legislador. Y es que las normas que regulan este subsector, en la actualidad, provocan una gran confusión en cuanto a su comprensión y aplicación, tanto por su carácter técnico como por su profusión.

A primera vista parece claro que, desde que lo primero que hace el usuario al darse de alta en el registro del sitio web o aplicación es proporcionar sus datos personales, estas entidades que operan servicios de mensajería han de cumplir con las obligaciones de este ámbito legislativo, la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y el Real Decreto que la desarrolla (RDLOPD). Ello conlleva la inscripción de ficheros, la obtención de los consentimientos preceptivos, la habilitación del ejercicio de los derechos de acceso, el control de las transferencias internacionales, etc. No obstante, en cuanto a protección de datos se refiere, la dificultad del regulador estriba en la imposibilidad de aplicar en muchos casos la normativa española o europea, dado que éstas vinculan su aplicación a la existencia de un establecimiento en territorio español o europeo y no a la nacionalidad del titular de los datos, que, en resumidas cuentas, es a quien se quiere proteger. Esto provoca que se realicen transferencias internacionales de datos sin control público o que se comercie impunemente con los datos de los usuarios sin que ellos puedan evitarlo.

Sin embargo, con una propuesta de reglamento europeo en materia de protección de datos sobre la mesa, se espera que el legislador interceda para establecer una regulación que mejore las contingencias y riesgos que no evita un marco legislativo cuya piedra angular, el ámbito de aplicación, resulta controvertido e ineficaz.

Por otro lado, al darse de alta en un servicio, uno no sólo pone en riesgo sus datos, sino que también contrata la prestación de unos servicios con la persona jurídica que hay de tras de la aplicación. En este ámbito la regulación corresponde a la Ley de Sociedades de la Información (LSSI) y al Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU), que velan por los intereses de los usuarios estableciendo normas protectoras en el ámbito de la contratación electrónica. El problema en cuanto a esta regulación reside en la poca relevancia de la actividad sancionadora hasta la fecha. Ello hace deseable que se trabaje en este sentido ya que, a pesar de ser una normativa que se aplica por estar dirigidos los servicios a ciudadanos españoles, la sensación general es de impunidad para los operadores de servicios de mensajería instantánea.

Un campo en el que sí se ha trabajo más intensamente, y que podría servir de ejemplo para los cambios que quieren introducirse en el ámbito de protección de datos en el contexto de las empresas de mensajería instantánea, es el de las comunicaciones comerciales por vía electrónica. En los artículos 19 a 22 de la LSSI, se regula este fenómeno. Y es que las comunicaciones comerciales representan a la perfección la necesidad de la actualización de las normas en una rama como es el derecho de las nuevas tecnologías. Si bien la LOPD, salvo alguna reforma, permanece prácticamente inalterada, la LSSI, que se antoja como el complemento legislativo necesario para aquélla, sí que ha sido actualizada en varios ámbitos entre los que destacan éste último. La reforma que se introdujo estableció el requisito del consentimiento expreso por parte del usuario para recibir comunicaciones comerciales sobre productos por parte de la empresa con la que había contratado o un tercero, cuando aquéllos no fueran similares a los que había contratado. Esto unido a que se habilitó a la Agencia Española para la Protección de Datos (AGPD) como órgano sancionador para las comunicaciones comerciales, ha resuelto los problemas en cuanto a este ámbito. Dicho cambió limitó ampliamente toda la actividad de envío masivo de este tipo de comunicaciones.

Vía| legaltoday.com, LOPD, LSSI

Más información| eur-lex

Imagen| mensajería

RELACIONADOS