Jurídico 


Omisión del trámite de audiencia en el Procedimiento Administrativo

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas garantiza la participación de los ciudadanos e interesados en un procedimiento mediante el trámite de audiencia y la información pública. Dicha garantía también viene avalada por el artículo 105 la Constitución Española, donde dispone que una ley regulará el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado.

¿Y qué es el trámite de audiencia en el Procedimiento Administrativo?

El trámite de audiencia consiste en poner a disposición de la persona interesada el expediente instruido, con la finalidad de que el interesado acceda al mismo dándole la posibilidad de presentar las alegaciones y documentación que considere necesario para la defensa de sus intereses legítimos.

¿Que ocurre cuando se omite este trámite de audiencia en la tramitación del expediente y se dicta una resolución que finaliza el mismo?

La omisión del tramite de audiencia ha sido objeto de una extensa jurisprudencia por parte del Tribunal Supremo. Sin embargo podemos considerar como sentencias relevantes, entre otras, la sentencia 3 de marzo de 2004, (RC 4353/2001); sentencia de 23 de marzo de 2011, (RC 4264/2009) ; o sentencia de 16 de Marzo de 2005,(RC 2796/2001).

El Tribunal Supremo entiende que la falta u omisión del trámite de audiencia no determina por si sola la indefensión del interesado en determinados procedimientos, por lo que no supondría «per se» la nulidad de pleno derecho del acto acordado.

Así, la jurisprudencia ha diferenciado entre dos tipos de procedimientos: los procedimientos sancionadores y los procedimientos que no conllevan sanción alguna para los interesados.

En cuanto a los procedimientos sancionadores ha considerado que la falta de trámite de audiencia supone una lesión del derecho fundamental y por tanto de nulidad de pleno derecho.

(…)Así, ninguna de las causas de nulidad contempladas en el artículo 62 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común resulta aplicable a la simple falta del trámite de audiencia. No lo es la prevista en la letra a), según la cual son nulos de pleno derecho aquellos actos que lesionen el contenido esencial de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, porque el derecho a la defensa sólo constituye un derecho susceptible de dicho remedio constitucional en el marco de un procedimiento sancionador, por la aplicación al mismo, aún con cierta flexibilidad, de las garantías propias del proceso penal, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de este Tribunal Supremo; fuera de ese ámbito sancionador, la falta del trámite de audiencia en el procedimiento administrativo e incluso la misma indefensión, si se produce, podrán originar las consecuencias que el ordenamiento jurídico prevea, pero no afectan a un derecho fundamental o libertad pública susceptible de amparo constitucional.

Sin embargo, no tiene la misma consideración en aquellos procedimiento no sancionadores, ya que el Tribunal Supremo considera que, en este tipo de procedimientos, la omisión del trámite de audiencia no produce en ningún caso la nulidad de pleno derecho del acto, sino que podría determinar la anulabilidad del acto solo en los caso en que se produzca indefensión en el interesado, por lo que tendrá que demostrar esa indefensión en el correspondiente litigio con la Administración.

Y es aquí donde nuestro alto tribunal habla de la necesidad de que exista una indefensión materia además de una indefensión formal.

Así,entiende el TS, que la anulación del acto sólo se producirá en aquéllos casos en los que tal omisión haya producido la indefensión material y efectiva del interesado en el procedimiento , entendiéndose como tal aquella que si el trámite de audiencia se hubiese realizado hubiese podido variar el resultado de la resolución emitida por la Administración, y no solo una indefensión formal (el acto de omisión del trámite de audiencia).

Expuesto todo ello, la jurisprudencia deja ciertos vacíos legales sobre determinados tipos de procedimientos que no son exactamente sancionadores y los efectos que produciría la falta u omisión del trámite de audiencia, como pueden ser los procedimientos de revisión de oficio de actos administrativos, o aquellos que determinan la imposición de multas coercitivas, etc. Debemos de entender que producirían los mismos efectos que el alto tribunal determina para los procedimientos no sancionadores.

En conclusión, la jurisprudencia entiende que la falta u omisión del trámite de audiencia en los procedimientos sancionadores producen la nulidad de pleno derecho del acto «per se», no así cuando dicha omisión se produce en los procedimientos que no con llevan sanción para el interesado, pudiendo dar lugar a la anulabilidad del acto si se produce, además de la omisión, una indefensión material tal y como hemos expuestos anteriormente.

Vía| CENDOJ
Más información|Sentencia TS de 23 de marzo de 2011

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