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Odio en la red: ‘tuits’ ofensivos

La brutalidad de los contenidos publicados en la red social Twitter contra las víctimas del accidente aéreo de Germanwings, han reabierto el debate sobre el modo de combatir el uso de estas redes y de la posibilidad de que constituyan o no un delito de provocación e incitación al odio y la violencia tipificado en el artículo 510 del Código Penal.

El artículo que van a leer protege a colectivos que por su naturaleza puedan ser discriminados como las personas de distinta etnia o religión:

“Aquellos que provoquen o inciten a la discriminación u odio contra grupos con motivo de su origen nacional pueden ser castigados con penas de prisión de 1 a 3 años y multa de 6 a 12 meses.”

Sin embargo, ¿cómo distinguimos entre un mensaje delictivo tipificado en Código Penal y un mensaje inoportuno amparado en la libertad de expresión? He ahí la cuestión. 

Este artículo precisamente es uno de los afectados por la reforma del Código Penal. Y es que, debido a la nueva forma de comisión de delitos vía Internet, se incrementan las penas y se prevé su agravación cuando los delitos se hayan cometido a través de las redes sociales.

“(…) Las penas previstas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo a través de un medio de comunicación social, por medio de Internet o mediante el uso de tecnologías de la información, de modo que, aquel se hiciera accesible a un elevado número de personas.”

#actualidadQAH
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El Tribunal Supremo en su Sentencia del 12 de abril de 2011 sostuvo que para que haya delito es necesario que “exista una incitación directa a la comisión de hechos mínimamente concretados de los que pueda predicarse la discriminación, el odio o la violencia contra los referidos grupos o asociaciones”. Es decir, es indispensable que se incite a la comisión de hechos que, aunque no puedan ser calificados como delito, originen una discriminación o un odio. 

Pero, ¿qué son los delitos de odio? Se entiende por delitos de odio “todas aquellas infracciones penales o administrativas contra las personas por razones de su raza, etnia, religión, edad, discapacidad, orientación sexual o cualquier otro factor como las diferencias ideológicas”.

Hay que recordar que existen varias condenas judiciales por hechos delictivos cometidos por comentarios en Twitter. Sin ir más lejos, Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en la comunidad de Madrid, fue objeto de comentarios insultantes en la red social en cuestión. El autor de los mensajes fue condenado a pagar una multa de 1.300 euros.

En la sentencia contra el rapero Pablo Hasel, la Audiencia Nacional condenó al músico a dos años de cárcel por enaltecer el terrorismo debido al contenido de sus rimas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos fue claro: “(…) late de una manera patente, que el discurso del odio no está amparado por la libertad de expresión en un Estado democrático”.

Sin embargo, ¿dónde está el límite entre la libertad de expresión y la comisión de un delito tipificado en el Código Penal?

Vía| Código Penal, ABC, La Vanguardia

Imagen| Germanwings

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