Jurídico 


Obiter dictum, ese oscuro objeto del deseo

Que los obiter dicta han generado, desde siempre, una intensa atracción para el justiciable, es innegable; que las reflexiones ex abundatia poseen el poderoso magnetismo de lo subjetivo, resulta asimismo indiscutible; finalmente, que la estimación íntegra de la pretensión del quejoso, en muchas ocasiones no le satisface plenamente, es una realidad empírica cada vez más presente en el plano forense.

Como es de todos sabido, el obiter dictum, o «lo que se dice de paso» en la resolución impugnada constituye aquello que no está inescindiblemente ligado con la decisión, como las consideraciones generales, las descripciones del contexto jurídico dentro del cual se inscribe el problema jurídico a resolver, las argumentaciones a mayor abundamiento o los resúmenes de la jurisprudencia sobre la materia general que es relevante para ubicar la cuestión precisa a resolver. El obiter dictum, como instituto enfrentado a la ratio decidendi, constituye un valioso criterio auxiliar de interpretación, pero nada más. Ya nos advirtió acerca de esto Constance Pott, quien a pesar de glosar los interesantes borradores, anotaciones, notas marginales y páginas defectuosas de Francis Bacon y William Shakespeare, es decir, sus obiter dicta literarios, nunca se atrevió a compararlas con la Nueva Atlántica o Macbeth.

obiterdictumPues bien, como decíamos más arriba, es cada vez más frecuente encontrarse con recursos de casación deducidos contra sentencias que a pesar de estimar íntegramente el petitum del recurrente, no obstante, se considera por éste que algunos de los argumentos jurídicos de aquella le suponen un gravamen o un perjuicio jurídico. La primera respuesta a esta pretendida superlegitimación en el marco de lo contencioso-administrativo fue dada en Sentencia de 18 de noviembre de 2003, que vino a resolver sendos recursos de casación interpuestos por la abogacía del Estado y un particular frente a una sentencia que estimó íntegramente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por interesado contra la resolución del antiguo Ministerio de Justicia e Interior por la que se rechazaba la inscripción de determinada entidad surgida en el seno de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el Registro de asociaciones, por la amplitud e indefinición de los conceptos y expresiones utilizados en el artículo 8 de los Estatutos así como por tener fines de carácter reivindicativos. El fallo de aquella resolución estimaba el recurso contencioso-administrativo, declaraba contraria a Derecho la resolución, la anulaba y ordenaba finalmente la inscripción de la citada asociación en el correspondiente registro. Pues no satisfecha con el referido fallo, la meritada sentencia se recurrió en casación por la parte beneficiada por el fallo,  por cuanto no estaba conforme con algunos de los razonamientos jurídicos contenidos en la misma. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo declaró inadmisible el recurso, al considerar que «la estimación íntegra implicó la anulación del acto recurrido en su integridad, razón por la cual no puede estimarse que de la sentencia que se recurre se derive gravamen para el recurrente, sin que algunos de los razonamientos contenidos en la fundamentación jurídica y que constituye un obiter dictum, pueda servir como base para interponer un recurso de casación según constante jurisprudencia de esta Sala. El recurso por tanto debe ser inadmitido y ello es razón suficiente para su desestimación sin necesidad de mas razonamientos en este momento procesal.»

Posteriormente,  en Sentencias de 27 de febrero de 2012 (casación 5945/08 FJ 4º), 12 de marzo de 2012 (casación 3283/08 FJ 3º) y 24 de junio de 2013 (casación 33/12, FJ 2º), 15 de enero de 1995 (casación 374/1992 FJ 3º), 11 de febrero de 1995 (casación 1740/92, FFJJ 5º y 7º) y 11 de marzo de 1995 (casación 1028/92, FJ 2º), y Autos de 2 de junio de 2011 (casación 7055/2010), 15 de diciembre de 2011 (casación 6700/2010), 7 de febrero de 2013 (casación 1836/2012) o 21 de marzo de 2013 (casación 3458/2012), entre otros, se consolidó la doctrina según la cual no cabe invocar como motivo de casación o de anulación de la sentencia el error o inexactitud de los razonamiento empleados a mayor abundamiento o como obiter dicta por la Sala de instancia, ya que nunca son decisorios ni determinantes de la resolución pronunciada,  quedando, consecuentemente, fuera del ámbito casacional las reflexiones ex abundatia que no llevan como consecuencia la modificación del fallo.

Es más, resulta incomprensible la pretensión que la ejecución de una sentencia que declara nula de pleno derecho una disposición o un acto, pueda ser diferente en función de los motivos de impugnación que hayan sido admitidos y de la ratio decidenci que se contenga en ella. Es por tanto evidente que en estos casos los recurrentes adolecen de legitimación activa para recurrir en casación al ser ellos mismos parte favorecida por la resolución recurrida, lo que entraría en clara contradicción con la teleología de los recursos como instrumentos diseñados para, como diría Alonso Quijano,  «desfacer agravios y enderezar entuertos». Y es que ningún denuesto o baldón sufre el que obtiene la estimación íntegra de su pretensión, por más que no comparta algunos de los argumentos jurídicos de una sentencia.

Vía | Raúl Cancio

Imagen | Obiter dicta

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