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La nueva situación de la Herencia en Europa

El nuevo Reglamento Europeo de Sucesiones revoluciona las herencias transfronterizas al establecer que la legislación aplicable para el reparto de los bienes sea la del lugar de residencia del finado.

Por lo que respecta al ámbito de aplicación, hay que tener en cuenta que el Reglamento Europeo de Sucesiones ha sido adoptado por todos los Estados miembros excepto el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, que a estos efectos se consideran terceros Estados. Pero sus normas rigen con carácter universal, es decir, no sólo para los nacionales de los Estados de la UE sino también para los de cualquier otro Estado del mundo. En consecuencia, los jueces y notarios de los Estados miembros van a aplicar las mismas normas a la sucesión de un alemán o de un español que a la de un marroquí, un argentino o un británico.

Las sucesiones de las personas fallecidas hasta el 16 de agosto de 2015 seguirán rigiéndose por las normas anteriores de cada Derecho nacional, en el caso de España por el artículo 9.8 del Código civil, que remite a la ley nacional del fallecido. Pero para los fallecimientos producidos a partir del 17 de agosto de 2015 –incluido-, se aplican las normas del Reglamento europeo. Las consecuencias de este hecho pueden afectar de forma sustancial al reparto de bienes, teniendo en cuenta que la ley aplicable a la sucesión determina cuestiones como las limitaciones a la libertad de disponer de la propia herencia cuando una persona tiene descendientes, cónyuge u otros parientes.

testamento

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Este nuevo panorama legal, que modifica significativamente la aplicación del Derecho internacional en el ámbito de las sucesiones, hace que cualquier ciudadano con bienes situados en varios países deba replantearse su herencia.

La nueva regulación puede tener también importantes consecuencias para las empresas familiares, ya que, en función de la ley que se aplique a la sucesión de un miembro de la familia, puede incluso variar el reparto del accionariado y afectar a la titularidad de los bienes de la compañía, ya que la porción de la herencia que corresponde a los hijos o al cónyuge no es igual en un país que en otro.

El alcance de este nuevo ordenamiento jurídico tiene aún mayor repercusión si tenemos en cuenta que en los años de crisis han sido muchos los españoles que han decidido buscar nuevo negocio en el extranjero, trasladando sus empresas y cambiando su residencia a otro país.

En estos casos, al igual que los titulares de acciones de empresas familiares, los expatriados deberán revisar si les interesa más que su sucesión se rija por la normativa española o por la del país en el que se han instalado, pudiendo elegir la legislación aplicable a su herencia. Y en caso de que tuvieran redactado un testamento antes de la entrada en vigor del reglamento europeo, también conviene que lo revisen porque el marco legal que lo rige podría haber variado.

Como consecuencia de este cambio, un ciudadano español -pongamos por ejemplo- de vecindad civil catalana o navarra residente en Francia, con hijos, va a quedar ahora sujeto a las estrictas normas legitimarias del Código civil francés, y no como antes a las del Derecho catalán o del Derecho navarro, más flexibles y adecuadas para la transmisión de la empresa familiar. En vez de a la simple obligación de dejar a sus descendientes por cualquier título gratuito una cuarta parte del valor de su patrimonio, en el caso de Cataluña, según lo establecido en el artículo 451 del Código civil catalán, o a la de hacer en el testamento una mera atribución formal de la legítima sin contenido material, en el caso de Navarra, según lo previsto en la Ley 267 de la Compilación navarra, nuestro ciudadano español se encontrará sometido a lo dispuesto en el artículo 913 del Código civil francés, que  fija los derechos legitimarios de los hijos en la mitad de la herencia si hay un solo hijo, en dos terceras partes si son dos y en tres cuartas  partes si hay tres o más. En cuanto al cónyuge, podrá como máximo, según el artículo 1094 del mismo Código francés, disponer a su favor bien del resto de la herencia (es decir, de la parte no reservada como legítima para los hijos) en propiedad,  bien de un cuarto de los bienes en propiedad y de los otros tres cuartos en usufructo, o bien de todos los bienes en usufructo.

De igual modo, la herencia de un ciudadano británico residente en la Costa del Sol o en Alicante, quedará sujeta al régimen de las legítimas establecido en el Derecho común español, de manera que dos tercios de la herencia se atribuirán  a sus descendientes, uno de ellos necesariamente repartido entre los hijos por partes iguales y sin carga alguna; y otro con la posibilidad de ser libremente distribuido por el causante entre sus hijos o nietos y de llevar la carga del usufructo vitalicio del cónyuge viudo. Tales disposiciones del Código civil español son enteramente ajenas a la tradición jurídica del Reino Unido, cuyo ordenamiento se basa en la libertad absoluta de cualquier persona para disponer como mejor le parezca de sus bienes a su fallecimiento. A los hijos y al cónyuge se les reconoce únicamente el derecho a pedir, en caso de necesidad, una pensión de subsistencia, congruente con el patrimonio del difunto.

El nuevo criterio de la residencia seguido por el Reglamento europeo, en lugar del de la nacionalidad, va a determinar, obviamente, una menor aplicación del Derecho extranjero. Pero esto puede evitarse mediante la “professio iuris” en favor de la ley nacional, recomendable en todos aquellos casos en que una persona, por los motivos que sea, quiera mantener el vínculo entre su sucesión y el ordenamiento jurídico del Estado de su nacionalidad.  La “professio iuris” facilita la planificación de la sucesión, al dejar ésta de depender de algo incierto como es el lugar en el que uno residirá al final de su vida. Facilita también la determinación de la ley aplicable, en comparación con la residencia habitual, que en algunos casos puede ser difícil de establecer con certeza. Y tiene la ventaja adicional de impedir, por una parte, un reenvío no deseado a la legislación de un tercer Estado y, por otra, la eventual aplicación de la legislación del Estado con el que el causante hubiera mantenido una vinculación más estrecha.

No nos olvidemos que finalmente los Estados tienen libertad para determinar la autoridad competente para expedir el certificado sucesorio europeo. En el caso de España, la elección ha recaído en los jueces y los notarios, alternativamente, y así se ha reconocido legalmente en la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil, de 30 de Julio de 2015.

El certificado sucesorio europeo surge con una clara vocación de extraterritorialidad, pues su finalidad es acreditar determinadas circunstancias de una sucesión hereditaria fuera del Estado en que ha sido expedido. No sustituye a los variados sistemas documentales anteriormente existentes a tal efecto en los diferentes Estados, con los que va a convivir, desde el Erbschein alemán hasta el Grant of representation del Derecho inglés, pasando por el acte de notorieté en Francia o la copia del testamento o del acta notarial de declaración de herederos, acompañada de las certificaciones de defunción y del Registro de últimas voluntades, en España. Pero por la precisa selección de la información relevante, por su carácter uniforme y sobre todo por sus importantes efectos legitimadores, el certificado sucesorio europeo puede ser un instrumento muy útil a la hora de obtener la entrega de los bienes de la herencia en un país extranjero y es muy probable que su empleo se generalice en la práctica bancaria.

Vía| elderecho.com; abogacía.es

Imagen| economistandjurist.es

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