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Nuevo giro de tuerca a la Ley Concursal

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Siguiendo el hilo de anteriores post publicados relativos a la Ley de Segunda Oportunidad y los efectos que suponía la aprobación de estas reformas en materia civil y mercantil, en esta ocasión vamos a intentar arrojar luz sobre los principales cambios realizados al Real Decreto-Ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal, en su tramitación como Proyecto de Ley de Medidas Concursales, cuyo contenido principalmente va encaminado a la flexibilización de las condiciones de los concursos de acreedores, que aunque lleva en vigor desde el pasado mes de septiembre, ha sido modificado tras algunas propuestas de los grupos parlamentarios.

Partiendo de la base de que ha sido un proyecto de ley con un alto número de enmiendas y propuestas presentadas, entre los cambios que sufrirá el texto original destacamos por su incidencia práctica los siguientes:

  • Nueva consideración de los trabajadores autónomos económicamente dependientes acreedores de derecho laboral a todos los efectos.
  • Inclusión de personalidades de alta “representatividad en el ámbito laboral” en la Comisión de Seguimiento de las prácticas de refinanciación y reducción del sobreendeudamiento, ya previstas en las anteriores modificaciones legislativas.
  • Otra de las modificaciones importantes afecta a la Junta de Acreedores, la cual quedará constituida no sólo cuando concurran los titulares de al menos la mitad del pasivo ordinario del concurso, sino también si se presentan acreedores que representen “la mitad del pasivo del concurso que pudiera resultar afectado por el convenio, excluidos los acreedores subordinados“.
  • Otra cuestión es la de las personas especialmente relacionadas, con la intención de evitar los fraudes, tanto cuando el concursado es persona física como jurídica, se va a extender a las personas jurídicas que interactúan con él.
  • Se introducen soluciones alternativas al convenio como cambiar quitas por esperas o conversiones por acciones.
  • Nuevas mayorías y límites para aprobar los convenios. Ahora se necesitará el 50% del pasivo si se quieren alcanzar quitas desde el 50% y esperas de hasta cinco años. Por su parte, pasa a la mayoría simple cuando se trate del 20% o de menos de tres años, permitiéndose definitivamente que las Administraciones entren en los mismos.

Sin embargo, y al margen de estas significantes reformas introducidas, existe una que va a ser crucial en el devenir del proceso concursal y la compra de deuda, como es la nueva regla de cálculo del valor de las garantías sobre los activos de una sociedad concursada.

Con ella, en los concursos en que no se haya emitido informe de la administración a la entrada en vigor de la reforma, las garantías de los créditos (hipotecas y prendas principalmente) ya no siempre cubrirán la responsabilidad pactada inicialmente. El privilegio tiene ahora como límite el valor razonable (actual) de los bienes gravados, reducido en un 10% para cubrir costes de ejecución, y restando el importe de los créditos con garantía preferente sobre los bienes.

Esta medida, como no podía ser de otra manera, ha tenido un fuerte rechazo por fondos y bancos de inversión que se han marcado como objetivo las carteras de créditos garantizados de entidades financieras. Tanto malestar ha creado, que incluso algún directivo de la City ha bautizado a la reforma como “the bonkers rule” (regla de locos) y ha expresado su deseo de que el Gobierno “deje de mover los postes de la portería durante el partido“.

Así pues, desde un punto de vista jurídico puede tener graves repercusiones que se resquebraje un pilar básico del derecho inmobiliario como es la responsabilidad hipotecaria, con publicidad registral frente a terceros, perdiendo toda virtualidad por la declaración de concurso. Y esto es, porque al margen de pretender fortalecer la paridad de créditos en pro de la conservación de la actividad del deudor, podría darse un efecto contrario donde se deteriorasen las legítimas expectativas de los acreedores de protección de sus créditos, con lo que se contravendrían las exigencias más elementales de seguridad jurídica (art. 9.3 C.E.) y se crea inestabilidad normativa, con problemas interpretativos y de derecho transitorio.

Es por ello, que comparto abiertamente la opinión de un analista financiero de referencia como es Antonio García García, el cual en un artículo haciendo similar análisis, apuntaba que la solución efectiva puede ser “escuchar” al mercado y primar la seguridad jurídica frente a una discutible “justicia concursal”, sobre todo cuando están en juego dos objetivos clave para la recuperación económica: atraer capital extranjero y sanear los balances bancarios.

 

Vía| Texto normativo Proyecto de Ley

Imagen| concurso de acreedores

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