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Nueva transparencia para la Monarquía

El lunes 22 de diciembre de 2014, una noticia nos tomó a todos por sorpresa tras cuatro años de instrucción del caso, la imputación de Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales supuestamente cometidos en los años 2007 y 2008 por su marido, a pesar de las distintas argucias que tanto su abogado defensor, como el Fiscal o la Abogacía del Estado han esgrimido para evitar dicha imputación (por ejemplo, la aplicación de la llamada Doctrina Botín).

Don José Castro, Juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca decreta la apertura del Juicio Oral contra la hermana del Rey en los siguientes términos:

“De los hechos supuestamente delictivos relatados en el Apartado K) del escrito de acusación presentado por la Representación Procesal del Sindicato “Manos Limpias”, en concepto de cooperadora necesaria de dos delitos contra la Hacienda Pública.

Sólo subsidiariamente, para el supuesto de que no prosperase la anterior acusación, cabría su declaración como partícipe a título lucrativo de los delitos contra la Hacienda Pública, siendo compatible tal participación a título lucrativo respecto de los demás supuestos delitos  cometidos por Don Iñaki Urdangarín Liebaert de los que su esposa haya podido lucrarse sin haber participado delictivamente en ellos.”

Igualmente, solicita a Doña Cristina de Borbón una fianza de 2.697.150 euros.

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Hasta este momento, Doña Cristina, primero en calidad de Infanta, y ahora como hermana del Rey, no ha renunciado a sus derechos dinásticos. A pesar de esto, su Majestad y la Casa del Rey la han ido paulatinamente apartando de la Agenda Oficial, incluso, no acudiendo a la coronación de su hermano como Rey de España. Don Felipe VI está dejando muy claro en sus mensajes y actuaciones que la Casa Real y toda la institución monárquica han de ser ejemplares en sus actos, siendo un referente moral y de conducta intachable. La monarquía tiene que ser “íntegra, honesta y transparente”. Por todo esto, la duda que se plantea es si Doña Cristina, ahora imputada, renunciará a sus derechos dinásticos.

Al hilo de esto, el Rey Don Felipe VI dejó vislumbrar en su discurso de proclamación, que el ámbito y la naturaleza de las actividades de los miembros de Su Familia y de la Casa del Rey serían objeto de regulación, en un intento de “evitar los errores pasados”. Como consecuencia, se han elaborado una serie de normativas y principios reguladores tanto de la Familia Real (Don Felipe VI, Doña Letizia, las Infantas Leonor y Sofía y los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía), como de la Familia de S.M. el Rey y la Casa del Rey.

En este sentido, la Familia Real únicamente podrá desempeñar tareas de carácter institucional, no pudiendo desarrollar ningún tipo de actividad privada (por ejemplo, Doña Cristina de Borbón y su marido no hubiesen podido formar parte de empresas o fundaciones), y la Familia de S.M. el Rey no podrá participar en actos institucionales, no percibiendo retribución del presupuesto de la Casa Real.

Igualmente, se ha regulado el régimen de regalos a favor de los miembros de la Familia Real siguiendo lo dispuesto en la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen Gobierno para los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. Como consecuencia, no podrán aceptar regalos que “superen los usos habituales, sociales o de cortesía”, ni podrán aceptar “favores o servicios en condiciones ventajosas”, o cualquier otro que por su naturaleza “puedan comprometer la dignidad de las funciones institucionales que tengan o les sean atribuidas”. Además, todo regalo que tenga la consideración de institucional pasará a formar parte del Patrimonio Nacional. Incluso, si alguno de los miembros de la Familia Real va a recibir un regalo como consecuencia de un aniversario o celebración, éstos serán de conocimiento público.

En otros ámbitos se ha suscrito un Convenio con la Intervención General del Estado para que las cuentas de la Casa Real sean auditadas por este organismo, un Convenio con la Abogacía General del Estado para que ésta sea la encargada del asesoramiento jurídico de la Casa Real y un Convenio con la Secretaría de Estado de Comercio para el asesoramiento y emisión de informes económico-comerciales para los viajes de Su Majestad el Rey.

La elaboración de esta normativa y firma de Convenios por parte de la Casa Real es un acto que no puede desdeñarse, y que si se estudia su contenido parece claro el objetivo que persigue, limpiar a la monarquía de todo aquello que la ha empañado y evitar que un caso como el de Doña Cristina de Borbón y Don Iñaki Urdangarín vuelva a producirse. Sin embargo, ¿será esto suficiente y garantizará una transparencia real?

Imágenes| Portada, Casa Real

Más Información|Auto de Apertura de Juicio OralPágina web Casa Real

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