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Novedades en las subastas tributarias

En ciertas ocasiones hemos visto en periódicos y diarios, anuncios relativos a subastas de la Agencia Tributaria: se trata en suma de relaciones de bienes de distinta naturaleza (fincas rusticas, y urbanas, vehículos, embarcaciones….) que han sido embargados previamente dentro del procedimiento ejecutivo y que ahora van a ser ejecutados – es decir, vendidos en pública subasta – para que con el producto obtenido, la deuda y sanción tributaria pendiente quede saldada total o parcialmente.

En cierto modo es esta la conducta que debía haber tenido el deudor; vender sus bienes para pagar sus impuestos. Aunque pudiera parecer triste en principio, no por ello deja de ser una realidad.

Hasta que un deudor ve sus bienes públicamente anunciados para ser subastados, probablemente haya recorrido un largo camino de recursos y reclamaciones. La mayoría de los actos del procedimiento ejecutivo son recurribles: desde la propia liquidación, acta…que genera la deuda hasta las diligencias de embargo, el acuerdo de subasta, etc…. Pero a pesar de ello finalmente ha visto – supongo con tristeza – desestimadas sus pretensiones: los distintos tribunales – tanto judiciales como administrativos – han confirmado y avalado las actuaciones de la AEAT.

Es importante señalar esta circunstancia ya que no es posible proceder a la venta de los bienes embargados a un deudor, hasta que las liquidaciones que dieron lugar a dicho embargo, son firmes tanto en via administrativa como en judicial; es decir, no cabe recurso alguno contra ellas. Han alcanzado lo que se denomina “firmeza”. Solo en ese momento – como así recoge el art. 172 de la Ley General Tributaria – es posible proceder a la venta de los bienes embargados. Si se procediera a la venta estando aún pendiente de resolución un recurso en vía contenciosa, pudiera ocurrir que estos Tribunales dieran la razón al deudor recurrente, lo que llevaría a la anulación de todas las actuaciones ejecutivas realizadas. Si algún bien embargado estuviera en manos de terceros, sería compleja la restitución al deudor a su anterior status, al margen del perjuicio que a uno y otro supondría tal hecho.

El año 2.017 – “tributariamente” hablando – se despidió dejándonos publicada en el Boletín Oficial la modificación de un número importante de normas tributarias: la normativa del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas, del Impuesto sobre el Valor Añadido, del Reglamento de Aplicación de los Tributos, del Régimen sancionador tributario, etc…. Y también del Reglamento Gral. de Recaudación. Ya que hablamos de “subastas”, centrémonos en él.

El nuevo Real Decreto 1071/2.017 de 29 de diciembre ha modificado un buen nº de artículos del Reglamento Gral. de Recaudación, en gran medida para adaptarlos a la modificación previa que tuvo lugar en la Ley Gral. Tributaria. No hay que olvidar que este Reglamento no es más que una norma de desarrollo de este Ley.

Los artículos relativos a la venta de bienes embargados por los distintos procedimientos establecidos han sido objeto de modificación importante con el objetivo de para adaptarlo a los principios emanados del informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas(CORA) con el objetivo de la agilización y simplificación de dichos procedimientos así como la potenciación de los medios electrónicos, como también para impulsar la publicidad y concurrencia de las subastas de la Agencia Tributaria, consiguiendo mejores resultados.

La Subasta siempre se ha configurado como el medio de enajenación por excelencia. Y es por ello por lo que la reforma afecta en mayor medida a los artículos que la regulan.

Las novedades más reseñables que a partir de 1 de septiembre de 2.018 (ya que estas normas se aplicaran a procedimientos iniciados a partir de esa fecha) son :

  • Anuncio de todas las subastas en el Portal de Subastas del Boletín Oficial del Estado (https://subastas.boe.es/): nos olvidamos ya de los anuncios en las sede de la Agencia Tributaria, ayuntamientos u otros medios de comunicación (salvo que por especiales circunstancias así se acuerde). Se trata de un portal donde previsiblemente se procederá a la subasta de los bienes embargados por otras Administraciones Públicas, no solo por la Agencia Tributaria. Pensemos por ejemplo en la Tesorería Gral. de la Seguridad Social, muy activa en estos procedimientos de enajenación pública.
  • Reducción del del depósito (del 20% al 5%) para acudir como licitador a la subasta.
  • Suspensión de la subasta si el deudor pagara el importe total de la deuda antes del otorgamiento de la escritura o de la certificación a favor del adjudicatario (se amplía el plazo para que el deudor pueda recuperar el bien subastado).
  • El desarrollo de la subasta no es presencial sino que se produce a través de medios electrónicos utilizando el Portal de subastas del Boletín Oficial del Estado. Teniendo en cuenta esto, se han concretado de forma precisa y clara los aspectos más relevantes del procedimiento: presentación telemática de ofertas, se puede solicitar que el depósito quede a resultas de que finalmente la adjudicación no se produzca en favor de la mejor oferta., a igualdad de puja prevalece la primera en el tiempo.
  • Al suprimirse la primera y segunda subasta así como la adjudicación directa como procedimiento posterior y subsiguiente al procedimiento de subasta, la pujas de los licitadores admitidos podrán ser inferiores al tipo de subasta de los bienes (el precio de salida), y si la mejor oferta presentada es igual o superior al 50% del tipo, se procederá a la adjudicación a quién hubiese presentado esa oferta. En realidad, lo que se pretende es anticipar el resultado que se obtenía con la posterior adjudicación directa en caso de subastas desiertas.

En nuestra actual economía de mercado, son escasas las posibilidades de recurrir al procedimiento de Concurso para la venta de bienes embargados: sería necesario justificar que la venta del producto podría ocasionar perturbaciones nocivas en el mercado o el interés público que inste a la Administración a este procedimiento. Por ello queda como algo totalmente marginal.

Por último se mantiene el procedimiento de Adjudicación Directa (antes era normalmente un procedimiento subsiguiente a la subasta) , como un procedimiento “express”, para la venta de bienes perecederos, por razones de urgencia o cuando no convenga promover la concurrencia (por ej: armas).

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