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Novedades de la Ley 15/2014 en materia de notificaciones y subvenciones

Hace unos días se publicó en el BOE (17 de septiembre) la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa. Esta norma se enmarca dentro del plan de reforma de las Administraciones Públicas prometido por el Gobierno de la Nación, y tiene su más directo fundamento en el llamado Informe CORA (Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas) de 21 de junio de 2013.

Las medidas que adopta la ley son, principalmente, de dos tipos, siguiendo el título de la misma. Pueden distinguirse, de un lado, medidas de racionalización del sector público estatal (que no del autonómico o local), y, del otro, reformas del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, en lo que hace a las relaciones de éstas con el ciudadano.

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Con ser las primeras, las relativas la reordenación del sector público estatal, positivas, no pensamos que tengan mayor interés para el ciudadano, aunque puedan suponer una reducción del gasto público, distinto es que ese dinero termine repercutiendo en nuestros bolsillos algún día. Estas medidas tienen que ver con la fusión o supresión de entidades instrumentales, por razón de racionalidad organizativa, saludables en cuanto van más allá de las escasas medidas que adoptó el Gobierno de la Nación a comienzos de la legislatura, pero que, al producirse intramuros de la Administración Pública, poco le van a suponer al ciudadano.

Más interesantes nos parecen las medidas que inciden sobre las relaciones del ciudadano con las Administraciones Públicas, en cuanto se producen extramuros de éstas. Posiblemente mayor trascendencia tenga aún, desde esta perspectiva, la nueva ley de régimen jurídico de las Administraciones Públicas, que vendría a sustituir a la vigente Ley 30/92, en el caso de que termine por aprobarse. Sobre ésta no nos podemos pronunciar, puesto que no conocemos todavía su texto, pero sí podemos decir algo sobre las reformas que lleva a cabo la Ley 15/2014. Nos detendremos en dos, que son las que nos parecen más relevantes, la reforma del régimen de la notificación edictal y la creación de la llamada Base de Datos Nacional de Subvenciones.

La reforma del régimen de la notificación edictal: el tablón edictal único

Se conoce por notificación edictal la que se lleva a cabo, no en persona, sino mediante su publicación en tablones de anuncios o por edictos, incluyendo los boletines o diarios oficiales de la Administración de que se trate, para el caso que no se haya encontrado al destinatario de la notificación en su domicilio, o, simplemente, se desconozca éste.

Hasta ahora, esta forma de notificación, supletoria, se llevaba a cabo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último domicilio conocido, y en el diario o boletín oficial de la Administración de que se trate, estatal, autonómica o local (art. 59.5 Ley 30/92). Con esta multiplicidad de boletines, por mucho que la mayoría hoy sean electrónicos (tras la Ley 11/2007), y las notables divergencias técnicas entre ellos (que alguien pruebe a hacer una búsqueda en el BOP), la situación para el ciudadano no era la más deseable, por cuanto no le era fácil saber si tenía algún procedimiento notificado por edictos, menos aún conocer el contenido del acto notificado, con la consiguiente merma de sus garantías.

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Boletín Oficial del Estado

La reforma del art. 59.5 de la Ley 30/92 por la Ley 15/2014 (art.25) centraliza todas las notificaciones edictales en el Boletín Oficial del Estado, al margen de cuál sea la Administración que notifica, sin gasto alguno para ésta (no se le cobra por la publicación) y sin que se le impida publicar también en su boletín oficial y en los correspondientes tablones de anuncios para una mayor difusión. Dada la mayor calidad técnica con la que cuenta el Estado en la sede electrónica del BOE, es de prever que esta medida facilite mucho la vida al ciudadano. Ya tenemos el ejemplo en materia de tráfico que supuso el TESTRA (Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico, creado por Ley 18/ 2009). La nueva regulación estará vigente a partir del 1 de junio de 2015.

La creación de la Base de Datos Nacional de Subvenciones

La otra novedad a destacar es la creación por la Ley 15/2014 (art. 30), reformando la Ley General de Subvenciones, de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), a cargo de la Intervención General de la Administración del Estado. La BDNS operará como sistema nacional de publicidad de subvenciones, esto es, para todas las Administraciones Públicas.

La BDNS incluirá, al menos, referencia a las bases reguladoras de la subvención, convocatoria (si bien, un extracto de ésta, va también al diario oficial de que se trate), programa y crédito presupuestario al que se imputan, objeto o finalidad de la subvención, identificación de los beneficiarios, importe de las subvenciones otorgadas y efectivamente percibidas, resoluciones de reintegros y sanciones impuestas.

Sin perjuicio de lo saludable que esto sea en términos de transparencia, no cabe duda de que el más beneficiado será el propio interesado, al haberse centralizado la publicidad de las subvenciones. La entrada en vigor de esta reforma es un poco más compleja que la anterior, y se irá produciendo por fases, siendo su fecha tope el 1 de enero de 2016.

Vía| 1) Toscano Gil, F., “Publicación de actos administrativos y protección de datos de carácter personal”, Revista General de Derecho Administrativo, no 31, 2012; 2) Toscano Gil, F., “La nueva regulación del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía: aspectos jurídicos de la utilización de medios electrónicos”, Actualidad Administrativa, no 19-20, 2012.

Imágenes| Juzgados, BOE

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