Jurídico 


Multas de tráfico: la palabra del agente contra la mía

Imaginemos, por ejemplo, que alguien detiene su vehículo momentáneamente en el carril bus de una gran ciudad española (pongamos que hablo de Madrid) para sacar dinero de un cajero. Sí, ya sé: es un ejercicio puramente teórico, es inconcebible que eso pase nunca. A nadie en su sano juicio se le pasaría siquiera por la cabeza. No obstante, tratemos de imaginarlo.

¿Qué ocurre si le pillan dos agentes de la autoridad y formulan una denuncia contra esa persona? El testimonio de esos dos agentes, que se plasma en la denuncia, parecería suficiente. Imaginemos también que dicha persona se da a la fuga, es decir, se niega a recibir el boletín de denuncia, ¿Sirve esa sola prueba para enervar la presunción de inocencia de dicha persona? Es decir, ¿La palabra de los dos agentes es por sí sola suficiente para castigar la conducta reprochable del sujeto en cuestión por haber infringido varios preceptos del Código de Tráfico y Seguridad Vial?

Pues bien, ese será el objeto de nuestro análisis: si la denuncia de los agentes de la autoridad es por sí sola suficiente para enervar la presunción de inocencia de los administrados. En este sentido, la presunción de certeza de las denuncias efectuadas por los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico, viene establecida en el art. 76 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobada por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, modificado por la Ley 19/2001, de 19 de diciembre (en adelante LSV), al establecer que

Las denuncias efectuadas por los Agentes de la Autoridad encargados de la vigilancia del tráfico harán fe, salvo prueba en contrario, respecto de los hechos denunciados,sin perjuicio del deber de aquéllos de aportar todos los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado”.

Con carácter general, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJPAC), regula la presunción de certeza: dispone el artículo 137 LRJPAC que los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, formalizados en documento público y observando los requisitos legales pertinentes,tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en su defensa puedan aportar los administrados.

El Tribunal Constitucional ha declarado aplicables las garantías del proceso penal, aunque con ciertos matices, al procedimiento administrativo sancionador. Así lo estableció en la sentencia de 8 de junio de 1981 y en otras muchas, como la de 16 de marzo de 1989. La aplicación de las garantías procesales y penales a la potestad sancionadora se encuentra hoy regulada en el Título IX de la LRJPAC.

Así pues, el derecho a la presunción de inocencia es un derecho fundamental aplicable a cualquier resolución sancionadora y por lo tanto, con plena vigencia en el procedimiento administrativo sancionador, que ha desterrado el sistema de valoración legal tasada de todo tipo de procedimiento para sustituirlo por el principio de libre valoración de la prueba, en conciencia o según las reglas de la sana crítica.

El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 76/1990, de 26 de abril ha afirmado que no puede suscitar ninguna duda el que la presunción de inocencia rige sin excepciones en el ordenamiento administrativo sancionador, tanto en la imposición de sanciones penales como administrativas, puesto que el ejercicio del ius puniendi se halla condicionado por el art. 24 de la Constitución.

El derecho a la presunción de inocencia implica que la carga de la prueba corresponde a los acusadores y que toda acusación debe ir acompañada de probanzas de los hechos en que consiste. Lo esencial para determinar la no contravención de tal principio lo constituye la existencia de una mínima actividad probatoria.

La presunción de veracidad de los agentes de la autoridad en materia de tráfico NO constituye, por sí misma, prueba suficiente para enervar la presunción de inocencia; del mandato contenido en el art. 76 de la Ley de Tráfico, Vehículos a Motor y Seguridad Vial, a pesar de su desafortunada redacción, resulta indubitado que obliga a los agentes denunciantes a aportar todos los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado.

Así,en aquellas infracciones que, atendida su naturaleza, sea razonablemente posible acreditarlas con pruebas distintas–como en el caso del Ayuntamiento de Madrid, en el que conocemos la existencia de, al menos, 29 cámaras fotográficas en semáforos en distintos puntos de la localidad- la sola denuncia del agente no puede servir como medio probatorio suficiente si no son aportados otros elementos de cargo incriminadores de la conducta reprochada.

En definitiva, que la presunción de veracidad de lo manifestado por los agentes denunciantes, hace prueba de los hechos, pero ello no significa que se sitúe por encima del derecho fundamental a la presunción de inocencia y, además, dicha presunción, de carácter iuris tantum, ni cubre las apreciaciones subjetivas de aquéllos, ni les exime de probar aquellos aspectos fácticos fundamentales de su denuncia. Se llega a la conclusión de que en este tipo de infracciones, son necesarias otras pruebas, tales como la realización de fotografías acreditativas de la comisión de la infracción, o testigos, entre otras.

Lo contrario, es decir, la posición mantenida por la Administración de que la denuncia del agente tiene validez iuris et de iure deja indemnes a las arcas públicas, pero infringe los principios de presunción de inocencia y el la carga de la prueba. De este modo, la presunción de veracidad de las denuncias emitidas por los agentes encargados de la vigilancia del tráfico es interpretada por la Administración de Madrid como un privilegio que le exime de realizar otra actividad probatoria de los hechos constitutivos de la infracción.

En tal situación,el ciudadano no tiene otra opción que actuar contra el acto de denuncia, invirtiéndose la carga de la prueba, lo que provoca una situación de indefensión, que genera lo que se llama probatio diabólica, sacrificando un derecho fundamental a favor de la eficacia administrativa al transformar la presunción de inocencia en una presunción de culpabilidad, obviando que el procedimiento administrativo sancionador exige la realización de una mínima actividad probatoria que a través de la apreciación de un conjunto de pruebas puedan fijarse unos hechos como probados que terminen en consecuencia un juicio de culpabilidad.

Volviendo al caso hipotético que formulábamos, la sola prueba testifical de los agentes de tráfico no resulta suficiente para enervar la presunción de inocencia reconocida en derecho a todo administrado. Así, en el procedimiento administrativo y judicial que en su caso corresponda -dada la gravedad de la infracción- serán necesarios otros medios de prueba distintos a la testifical de los agentes para poder acreditar la comisión de la infracción.

Todo ello sin perjuicio, obviamente, del deber de todo ciudadano de cumplir con la legalidad vigente en general y con las normas de tráfico en particular. Por muy expresidenta de la Comunidad de Madrid que una sea.

Imagen| Aguirre

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