Jurídico 


Morir sin herederos

Ahora que ha concluido la campaña de Renta 2.015, en la que hemos cumplido  todos – quiero pensar…- con nuestro deber con la Hacienda pública,   puede resultar oportuno analizar otra de las actuaciones del Ministerio de Hacienda, alejada de esa “voracidad recaudatoria” que no siempre con justicia se le atribuye.

No es situación insólita el hecho de que una persona, siendo además titular de bienes y derechos,  fallezca sin herederos.

Pue bien si ello ocurre, si alguien muere sin herederos testamentarios (los designados por el difunto en testamento válido) o sin herederos legítimos – los que marca el Código civil como tales –  heredará el Estado.

Recordemos que son herederos legítimos los ascendientes, descendientes, cónyuge, supérstite, hermanos, hijos de hermanos y parientes hasta el cuarto grado en línea colateral (es decir, el heredero legítimo no se extiende más allá que al “primo hermano o carnal” del difunto).   Por ello, si no aparecen estos herederos legítimos,es el Estado, la Administración Gral. Del Estado quién hereda al causante.

Cuando esto ocurre  existe todo un procedimiento legal para en primer lugar, obtener la declaración del Estado como heredero “abintestato” así como para  gestionar, liquidar,  y distribuir  los bienes de la herencia.

Este procedimiento se recoge en el Real Decreto 1373/2.009 de 28 de agosto (BOE 18/09).

Las actuaciones las llevará a cabo principalmente la Delegación de Economía y Hacienda correspondiente al último domicilio del causante.

El procedimiento se inicia de oficio cuando se tiene conocimiento del fallecimiento de una persona que carezca de herederos legítimos. Así cualquier persona puede denunciar ante la Delegación de Economía y Hacienda esta circunstancia, aportando todo tipo de datos que conozca (domicilio del fallecido,  sus bienes y derechos,  su localización etc…) . Estos denunciantes tendrán derecho a percibir como premio  un 10% de la parte que proporcionalmente corresponda – en la liquidación de la herencia –  a los bienes que relacionó en su denuncia.

El Abogado del Estado en representación de la Administración Gral. Del Estado instará ante el juez la declaración de “heredero abintestado  por una auto judicial.

Comienza así  una labor de investigación de los bienes y derechos del difunto para determinar el caudal hereditario existente.   En algunos casos, no obstante ante la inexistencia de bienes inmuebles, de inmuebles no localizados o cuando el valor de los bienes es tan escaso que no cubre los gastos que se generan en publicaciones, depósitos de bienes, etc….se ha optado por el archivo del expediente.

Los bienes del causante serán administrados y conservados por la Delegación de Economía y Hacienda hasta el momento de su  liquidación y serán valorados para determinar su importe. Se irá formando una cuenta de ingresos y gastos del caudal hereditario.

Una vez valorados los bienes, serán enajenados en pública subasta o por adjudicación directa.

El producto de la venta junto con los ingresos generados (dividendos de acciones, intereses de depósitos, alquileres de inmuebles…) y los gastos abonados o por abonar (gastos de comunidad,  gastos por depósito de los bienes, el premio por la denuncia de particular, etc….) integrará la Cuenta Gral. De liquidación del abintestado.

Aprobada esta Cuenta, se procederá a la distribución del líquido resultante (tras el pago de gastos y el posible premio)  de conformidad con lo que establece el artículo 956 del Código Civil:

  • dos terceras partes del valor de ese caudal relicto será destinado a fines de interés social, añadiéndose a la asignación tributaria que para estos fines se realice en los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, se beneficiarán y recibirán  estos fondos Instituciones de beneficiencia, acción social, profesional, fundaciones debidamente inscritas , ONG,  etc…..preferentemente las de carácter provincial o municipal del domicilio del fallecido.  Para favorecer la concurrencia, la Delegación de Economía y Hacienda publica en estos casos un anuncio en los periódicos oficiales para que aquellas instituciones que consideran tener derecho a participar en la distribución de la herencia puedan solicitarlo.   Se examinan todas las solicitudes – que deberán de aportar documentación acreditativa de su actividad –  teniendo especial preferencia en el reparto aquellas instituciones a las que el causante haya estado ligado a lo largo de su vida por razón de profesión, colaboración , etc…
  • una tercera parte del valor será ingresado en el Tesoro Público.

Como dije al principio, no es esta una situación irreal: a lo largo de mi vida administrativa he conocido de cerca algunos de estos casos, en los que el Estado ha sido el sucesor de herencias muy relevantes (con interesantes historias personales en algún caso)  cuya liquidación ha reportado importantes beneficios a asociaciones y organizaciones de interés social. Son actuaciones que para quién las conoce de cerca, son tremendamente satisfactorias por lo que de vez en cuando, no está de más que nos acordemos de ellas.

 

 

 

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