Jurídico 


Modos de eliminación extrajudicial de controversias (II): Arbitraje

Las controversias jurídicas generalmente se eliminan judicialmente a través de la presentación de una demanda ante el juzgado o tribunal correspondiente. Sin embargo, existen tres institutos o medios alternativos al proceso para la resolución de controversias: Mediación, Conciliación y Arbitraje.

La Ley 60/2003 de 23 de diciembre de Arbitraje modificó la Ley 36/1988

El arbitraje constituye un medio de eliminación del proceso que no requiere la intervención de los órganos jurisdiccionales por regla general (a diferencia de la conciliación). Es una institución jurídica regulada en la Ley 60/2003, 23 de diciembre, de Arbitraje; el concepto del arbitraje no aparece de modo expreso, pero sigue siendo válido el que se daba en la Ley 36/1988: “mediante el arbitraje, las personas naturales o jurídicas pueden someter, previo convenio, a la decisión de uno o varios árbitros las cuestiones litigiosas surgidas o que puedan surgir en materias de libre disposición conforme a derecho”. Quedan excluidas del arbitraje las cuestiones sobre las que haya recaído resolución judicial firme; las que no sean de libre disposición (cfr. art. 1814 CC); y aquellas en que intervenga el Ministerio Fiscal.

Entre las clases de arbitrajes distinguimos el arbitraje interno y el internacional; el ordinario y el especial (regido por regulaciones sectoriales); el de derecho (el asunto debe valorarse conforme a normas jurídicas) y de equidad (conforme a la buena fe); institucional (se encomienda la administración y la designación de los árbitros a una institución jurídica) y ad hoc.

La ley de 2003 aparece por la necesidad de adaptar nuestro Ordenamiento jurídico a las exigencias de los acuerdos internacionales.

Un elemento esencial para la aplicación del arbitraje es el “convenio arbitral”. Éste podrá adoptar la forma de cláusula incorporada a un contrato o de acuerdo independiente y deberá expresar la voluntad de las partes de someter a arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir respecto de una determinada relación jurídica. Deberá constar por escrito, en un documento firmado por las partes o en un intercambio de documentos que dejen constancia del acuerdo (cfr. art 9).

El convenio arbitral obliga a las partes a cumplir lo estipulado e impide a los tribunales conocer de las controversias sometidas a arbitraje, siempre que la parte a quien interese lo invoque mediante declinatoria (cfr. art. 11).

En cuanto a su naturaleza podemos distinguir las siguientes teorías:

–       Contractualista. Centra la naturaleza del arbitraje en el convenio arbitral.

–       Jurisdiccionalista. Destaca la naturaleza jurisdiccional del arbitraje y los efectos otorgados al laudo arbitral: fuerza ejecutiva (art. 45) y eficacia de cosa juzgada (art. 43).

–       Mixta. Acepta el nacimiento contractual del arbitraje, pero  considera que su desarrollo y conclusión es jurisdiccional.

A día de hoy el arbitraje resulta mucho más aplicable que la mediación y la conciliación, y descarga de trabajo a los tribunales. Podemos plantearnos si la regulación de la mediación variará esta situación.

 

Vía| Noticias jurídicas

Más información| Diario jurídico

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