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Modificación de la Ley Concursal (I): Institutos preconcursales

La Ley 38/2011 supone una actualización integral del Derecho Concursal,  inicialmente regulado en la Ley 22/2003, que pretende corregir errores de enfoque detectados en la práctica. Entre las principales novedades haremos referencia en este artículo a los institutos preconcursales, dejando el resto para un artículo posterior.

Institutos preconcursales

Se denominan institutos preconcursales a los acuerdos de refinanciación previos al  concurso de acreedores. La nueva ley prevé la homologación judicial de dichos acuerdos de refinanciación de forma que una vez constituido el concurso el 50% de los créditos que supongan nuevos ingresos de tesorería concedidos en dicha refinanciación pasarán a formar parte de los créditos a la masa (los que se cobran en primer lugar por los acreedores) y el 50% restante recibirán la calificación de créditos con privilegio general.

En este sentido la Ley 38/2011 establece la posibilidad para el deudor de poner en conocimiento del juzgado competente para la declaración de su concurso, que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio. Esta comunicación podrá formularse antes del vencimiento del plazo establecido en el art. 5 (dos meses desde que el deudor conoció o debió conocer su insolvencia). Si se formula antes de este momento, no será exigible el deber de solicitar la declaración de concurso voluntario. Transcurridos 3 meses de la comunicación al juzgado, el deudor deberá solicitar la declaración de concurso dentro del mes hábil siguiente, a menos que ya no se encontrará en estado de insolvencia. (cfr. art 5 bis Ley 22/2003)

La homologación judicial sólo es posible para aquellos acuerdos de refinanciación que reúnan las condiciones del artículo 71.6 de la Ley Concursal suscritos por acreedores que representen al menos el 75% del pasivo de las entidades financieras en el momento de la adopción del acuerdo. Las condiciones son las siguientes:

 

(i)            Que por medio del acuerdo se amplíe significativamente el crédito del deudor, o se prorrogue su plazo de vencimiento.

(ii)          Que haya sido suscrito por acreedores cuyos créditos representen al menos tres quintos del pasivo del deudor en la fecha de adopción del acuerdo.

(iii)        Que el acuerdo haya sido informado favorablemente por un experto independiente.

(iv)         Que el acuerdo se formalice en instrumento público.

 

Por lo tanto, la homologación judicial exigirá una segunda mayoría, consistente en la firma del acuerdo por parte de acreedores que representen al menos el 75% del pasivo, pero esta vez limitado a que sea titularidad de entidades financieras en el momento de adopción del acuerdo. Esta doble mayoría es criticable porque complica innecesariamente su cómputo.

Para acabar, podemos plantearnos hasta que punto la homologación judicial de estos acuerdos facilita el desarrollo del procedimiento general de ejecución.

 

Vía| Noticias Jurídicas

Más Información| Uría

Imagen| Acuerdo, Euros

En QAH| El Preconcurso en la nueva Ley Concursal 38/2011, Crisis económica de la empresa: El concurso de acreedores, Cómo garantizarse el cobro ante el inminente concurso de acreedores de un cliente

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