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Mil euros por vulnerar el derecho de huelga

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Hace unos días hemos sabido que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 22 de Madrid ha estimado la demanda interpuesta por FETE-UGT contra la resolución de la gerencia de la Universidad Politécnica de Madrid que había establecido los servicios mínimos para la huelga de educación del pasado 24 de octubre de 2013.

El fallo obliga a la Universidad a indemnizar con 1.000 euros por los daños morales causados a FETE-UGT Madrid por la indebida fijación de los servicios mínimos. Además se condena a la UPM al pago de las costas procesales.

La sentencia establece que “Ni el rector, ni el gerente (de la UPM) por delegación podían actuar como hicieron fijando unos servicios mínimos para los que no tenían competencia“. La competencia correspondía a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, que no emitió una resolución de servicios mínimos.

Este requisito pudiera parecer una mera formalidad que no debería impedir el ejercicio del derecho de huelga y desde luego tampoco debería suponer un perjuicio para los sindicatos convocantes. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en su STC 26/81, ha precisado que sólo una autoridad gubernativa puede fijar los servicios mínimos, ya que es la única manera en que se asegure que las únicas limitaciones al mismo se producen en aras de garantizar un interés público. Aunque ley 11/83, de Reforma Universitaria, garantiza la autonomía de estas instituciones y les confiere un amplio margen de decisión, el fallo considera que un rector no puede considerarse una autoridad gubernativa a estos efectos.

El mero hecho de que la fijación de servicios mínimos se produzca por un órgano incompetente ya supone una vulneración del derecho de huelga. En este caso, es bastante claro, ya que el empleador no puede ser quien establezca los límites del impacto de la huelga, puesto que estaría en su mano hacerla ineficaz.

El sindicato pedía 8.000 euros de indemnización. El juzgado valora que el daño moral es difícilmente cuantificable por su intrínseco carácter subjetivo. Sin embargo, rebaja la indemnización a 1.000 euros, pues aunque los servicios mínimos fijados han sido abusivos, entiende el Juzgado que la entidad de la vulneración no merece una compensación tan significativa.

Las huelgas pueden suponer un perjuicio muy notable para la empresa, pero es importante señalar que el derecho a la huelga es un derecho fundamental, por lo que restringirla o tratar de minorar sus efectos puede implicar una condena por daños morales.

Más información| Sentencia

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