Jurídico 


Medios legales para evitar el ingreso en la cárcel, tras ser condenado a pena de prisión

Hemos de comenzar diciendo, a modo de introducción, que prisión y cárcel, aunque son términos que guardan una estrecha relación entre sí, no son sinónimos.   Sin embargo, en la actualidad en el uso común del lenguaje se suelen emplear indistintamente con el mismo significado; y lo que resulta más lamentable es que también en los textos legales y en el uso cotidiano ante los tribunales, se utilizan tales términos como si fueran sinónimos, perdiendo con ello el rigor técnico-jurídico que sería deseable en los textos positivos y en el foro.

Centro Penitenciario

Prisión es la medida a la que se halla sujeta la persona legalmente privada de libertad, y cárcel es el establecimiento en donde se cumple esa medida.

Originariamente la prisión no estaba considerada como pena, sino que era una medida provisional o transitoria de privación de libertad que podía decretarse respecto del reo que estaba pendiente de ser juzgado, o bien después del juicio, una vez recaída sentencia condenatoria, a la espera de ser trasladado al lugar de ejecución de la pena: cadalso, galeras, presidio, etc.  La prisión comienza a ser pena a medida que se va humanizando el Derecho Penal, y van desapareciendo las penas corporales, crueles, inhumanas y degradantes.

Parece obvio que el mejor medio legal para evitar el ingreso en la cárcel es no delinquir.  Pero una vez que se ha delinquido, y ha recaído una condena a pena de prisión, nuestro ordenamiento jurídico contempla determinadas medidas para evitar el ingreso en la cárcel, en aquellos supuestos que la ley considera que el cumplimiento de la pena puede resultar más perjudicial para el penado y la sociedad que el hecho de dejar aquélla inejecutada.

En determinados sectores de la sociedad y del mundo jurídico se habla de que la prisión es un mal necesario, y que está en crisis por resultar inhumana, injusta, y socialmente ineficaz; pero como señala la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley que dio lugar a la actual Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, no obstante la indiscutible crisis de las penas privativas de libertad, previsiblemente habrán de seguir siendo necesarias por mucho tiempo.   Es difícil imaginar el momento en que la pena de privación de libertad, predominante hoy día en los ordenamientos penales de todos los países, pueda ser sustituida por otra de distinta naturaleza que, evitando los males y defectos inherentes a la reclusión, pueda servir en la misma o en mejor medida a las necesidades requeridas por la defensa social.

La gran paradoja de la pena de prisión es que por un lado se habla de su crisis, pero por otro se afirma que es necesaria.  Así se ha pensado que la solución a esta paradoja está en buscar alternativas a la prisión, y en transformar la pena privativa de libertad en una pena no carcelaria.

El actual Código Penal de 1995 se enmarca en esta orientación reformista, y en este sentido limitó y simplificó la pena privativa de libertad, incorporó diversas vías para evitarla en los supuestos menos graves, introdujo la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, y contempla la suspensión de la ejecución y la sustitución de la pena.   Este Código regula esta materia en su Libro I, Título III, que incluye el Capítulo III que lleva por rúbrica “De las formas sustitutivas de la ejecución de las penas privativas de libertad y de la libertad condicional” que comprende los artículos 80 a 94 ambos inclusive.

Pero no sólo en el Código Penal podemos encontrar medidas alternativas o reductoras del encarcelamiento, sino que medidas de este tipo también podemos encontrarlas en otras leyes; y así, atendiendo a las distintas fases del proceso penal las podemos clasificar del siguiente modo:

— + Anteriores al enjuiciamiento:

1.  Las conformidades procesales

— + Una vez recaída Sentencia Ejecutoria:

1.  Suspensión

2.  Sustitución

3.  Expulsión de extranjeros

— + En fase de Ejecución:

1.  Libertad Condicional

2.  Los beneficios penitenciarios

3.  Suspensión por  demencia sobrevenida

En este orden de cosas, también hemos de decir que el indulto es así mismo una medida que evita o reduce el encarcelamiento, que se puede pedir, y por tanto conceder, una vez recaída sentencia ejecutoria antes de que se inicie el cumplimiento de la pena, o posteriormente en la fase de ejecución una vez iniciado su cumplimiento.   Esta medida de gracia está regulada por Ley de 18 de junio de 1870.

Las conformidades procesales aparecen reguladas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal al regular el Procedimiento Abreviado (Libro IV, Titulo II), y el denominado Procedimiento para el Enjuiciamiento Rápido de determinados delitos (Libro IV, Título III).  La suspensión de la ejecución de la pena y sustitución de la pena de prisión por otra, la expulsión de extranjeros delincuentes, y la libertad condicional están reguladas en el Código Penal en el antes mencionado Capítulo III del Título III del Libro I.  Los beneficios penitenciarios lo están en la legislación penitenciaria (Ley Orgánica General Penitenciaria y Reglamento que la desarrolla; y la suspensión por demencia sobrevenida tiene una regulación dispersa entre la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Código Penal, y Legislación penitenciaria.

Todas estas materias las iremos viendo con mayor profundidad en los sucesivos artículos que vaya publicando.

Via | Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley Orgánica General Penitenciaria y Reglamento que la desarrolla
Imagen | Centro Penitenciario
En QAH | La Ejecución de la Pena de Prisión

RELACIONADOS