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Medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios

Todos estamos al tanto de la beligerancia que han ocasionado los famosos desahucios debidos a la morosidad de los deudores hipotecarios. En cuestión de unas semanas se ha reactivado con fiereza la polémica acerca de quién debía “pagar el pato” en esta situación, máxime cuando es palmario el desequilibrio existente entre los deudores, es decir, las familias; y los acreedores, es decir, los bancos.

El viernes 16 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios (“RDL 27/2012”), el cual tiene por objetivo principal suspender de forma inmediata y por un plazo de 2 años los lanzamientos, más comúnmente conocidos como desahucios, que se produzcan en procesos de ejecución hipotecaria en los que se adjudique al acreedor hipotecario la vivienda habitual de personas que se encuentren en los supuestos de vulnerabilidad que suponen una situación de riesgo de exclusión social.

La medida es completamente extraordinaria y esta pensada para un espacio temporal limitado. A través de ella se ha hecho patente la gran utilidad de la figura de los Decretos-Leyes que ha conseguido reaccionar en poco tiempo frente a una situación fuertemente criticada por la generalidad de la sociedad. Las medidas establecidas se aplicarán a procesos de ejecución hipotecaria, tanto los judiciales como los extrajudiciales iniciados a la entrada en vigor del RDL 27/2012, en los que no se hubiese ejecutado el lanzamiento.

La medidas a las que se aluden en el Real Decreto Ley en cuestión tienen un ámbito subjetivo de aplicación limitado, sólo se establece en beneficio de aquellas personas especialmente vulnerables por consecuencia de la actual crisis económica como por ejemplo las familias numerosas, las familias monoparentales con dos hijos a su cargo, aquellas que tengan un menor de tres años o algún miembro con discapacidad, incapacitado para trabajar, o las familias en que el deudor esté desempleado y sin derecho a prestaciones sociales o en las que existan víctimas de violencia de género, siempre que se verifiquen además los siguientes requisitos:

(i) Ingresos familiares no superiores al límite del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples multiplicado tres veces;

(ii) Cuota hipotecaria superior al 50% de los ingresos netos que perciba el conjunto de la familia;

(iii) Crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor y concedido para la adquisición de la misma; y

(iv) Sufrimiento de una alteración significativa de sus circunstancias económicas en los 4 años anteriores al momento de la solicitud que suponga que el esfuerzo que representa la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado 1,5 veces.

Por último se establecen los medios necesarios para impulsar la constitución de un fondo social de viviendas destinadas a ofrecer cobertura a aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un hipoteca, cuando se dan las mismas circunstancias a las que hemos aludido. La ayuda se pretende establecer en función del nivel salarial de las familias.

A la vista de las medidas establecidas en el RDL 27/2012 podríamos plantearnos si la norma ha sido lo suficientemente rápida, si ha sido acertada, si será eficaz y si el tiempo de dos años previsto en la misma será suficiente para cubrir efectivamente a todas las familias que se encuentran en la situación referida.

 

Vía| Real Decreto-ley 27/2012

Imagen| Protesta, Lanzamiento

En QAH| ¿Desahucios de otra época?

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