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Medidas Cautelares en el proceso Penal: Presupuestos

Entre la incoación del proceso penal mediante denuncia o querella, y la apertura del juicio oral y emisión posterior de sentencia, esto es, entre el inicio y el final del proceso penal, transcurre en la práctica un dilatado espacio de tiempo, destinado a la instrucción de la causa, durante el cual podría el imputado y presunto culpable realizar actos sobre su persona o sobre su patrimonio que perjudicasen el cumplimiento de la sentencia. Por ejemplo, podría escaparse a otro país, para evitar ser juzgado, o podría vender todos sus bienes, para evitar pagar la sanción que se le pueda imponer.

p1Por ello son necesarias las medidas cautelares, disposiciones procesales dictadas por la autoridad judicial que limitan con carácter provisional la libertad o la libre disposición de sus bienes al imputado en un proceso penal, con el fin de garantizar el cumplimiento de la futura sentencia, tanto en su ámbito penal como en su ámbito civil.

Desde luego, es evidente que tendrán que estar suficientemente motivadas y razonadas dichas medidas para su imposición, en aras al respeto de los derechos del imputado. Como garantía de la correcta aplicación, los presupuestos necesarios para la adopción de tales medidas en nuestro derecho procesal penal vienen siendo el fumus boni iuris y el periculum in mora.

Fumus boni Iuris. Que viene a significar “apariencia de buen derecho” y se refiere a la razonada atribución del hecho punible a una persona determinada, con un alto grado de probabilidad, así como a que el hecho en cuestión sea constitutivo de delito. Así pues, constituye un acto arbitrario que prejuzga al imputado, por lo que tendrá que resultar muy probable el hecho de la imputabilidad, así como su autoría, para que se pueda adoptar cualquier medida cautelar.

p2Si el imputado ha sido detenido “in fraganti” por una autoridad policial, porque por ejemplo estaba saliendo del Banco, tras el atraco, con la pistola en una mano y el dinero en la otra, resultará muy probable que se trata del culpable, y resultará razonable que se le ingrese en prisión provisional como medida cautelar en tanto se instruye el caso para la apertura del juicio oral. Si por el contrario se trata de una denuncia por parte de alguien que se lleva fatal con su vecino de arriba, y lo acusa de ser el ladrón del Banco basándose en que anoche llegó muy tarde a casa haciendo ruido y lo despertó, habrá pocas probabilidades “a priori” de su culpabilidad, y no procederá la aplicación en ese momento de ninguna medida provisional.

Periculum in mora. Que significa la existencia de un peligro cierto de fuga del imputado, o de la disposición del patrimonio en perjuicio del futuro cumplimiento de la sentencia. Cuanta mayor gravedad revista el hecho delictivo objeto de imputación, mayor peligro de evasión personal o patrimonial existirá. Por lo tanto, si el delito objeto de denuncia o querella no lleva aparejada pena de privación de libertad, no cabrá una medida de tal calibre en la adopción de medidas provisionales, y se presumirá la inexistencia de peligro de fuga. Esto se conjugará por la autoridad judicial con el arraigo personal, social y familiar del imputado, puesto que cuanto mayor sea menor será la probabilidad de fuga. Así como la existencia de antecedentes penales y su evaluación. Para la adopción de medidas cautelares sobre el patrimonio, el juez debe estudiar la facilidad con la que el imputado podría “levantar” su patrimonio, o podría ocultar pruebas esenciales para el caso, teniendo igualmente presente la proporcionalidad con la dimensión del delito imputado.

 

Vía| Lecciones de Derecho Procesal Penal. Vicente Gimeno Sendra, Victor Moreno Catena y Valentín Cortés Dominguez. Editorial Colex.  2ª edición 2003

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