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Luxemburgo respalda que Berlín deniegue ayudas sociales a extranjeros

La Sra. Dano y su hijo Florin, nacido en Sarrebruck (Alemania), son de nacionalidad rumana. Los dos tienen un permiso de residencia y viven en Leipzig, en el apartamento de una hermana de la Sra. Dano.

Ambos reciben dos prestaciones: una prestación por hijo a cargo, por importe de 184 euros al mes, y otra denominada “anticipo sobre la pensión alimenticia” por importe de 133 euros al mes por dicho niño, por cierto, de padre desconocido.

El TJUE se pronuncia sobre una controversia en Europa relacionada con el principio de no discriminación

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La demandante tiene un nivel de estudios muy bajo: entiende y habla el alemán, pero no es capaz de escribir y leer en dicha lengua. No tiene cualificación profesional y, hasta ahora, no ha ejercido ninguna actividad profesional ni en Alemania ni en Rumanía.

La Sra. Dano presentó una solicitud para la concesión de prestaciones del seguro básico (prestación de subsistencia y para su hijo, el subsidio social y la participación en los gastos de alojamiento y calefacción) previstas en la legislación alemana, que le fueron desestimadas.

El Tribunal alemán, al evaluar el recurso presentado, decidió plantear al TJUE una cuestión prejudicial preguntando si el derecho alemán se oponía al principio de no discriminación del art. 18 TFUE. El problema surgía porque el derecho alemán sí concede estas prestaciones a los nacionales que se encuentran en la misma situación que la Sra. Dano.

La sentencia de 11/11/2014 (C333/13), rechaza que el derecho alemán vulnere la normativa de la Unión ya que “admitir que personas que no disfrutan del derecho de residencia, (…), puedan reclamar un derecho a percibir prestaciones sociales en las mismas condiciones que las aplicables a los propios nacionales iría en contra de un objetivo de dicha Directiva, (…), consistente en evitar que los ciudadanos de la Unión nacionales de otros Estados miembros se conviertan en una carga excesiva para la asistencia social del Estado miembro”. Se trata de evitar el denominado “turismo social“, en palabras del TJUE, de “impedir de ese modo que los ciudadanos de la Unión que no ejerzan una actividad económica utilicen el sistema asistencial del Estado miembro de acogida para garantizar su subsistencia“.

El TJUE consolida mediante esta sentencia una interpretación más flexible del principio de no discriminación cuando se refiere a libertad de circulación de personas, frente a las interpretaciones más intensas del mismo que se dan cuando dicho principio se aplica a las otras tres libertades de circulación, a saber: capitales, mercancías y servicios.

Vía| sentencia

Imagen| thelocal.de

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