Jurídico 


Luces y sombras de la imputación de la Infanta

Esta semana conocíamos que la Infanta Cristina ha sido nuevamente imputada en el caso Nóos, esta vez por delito fiscal y blanqueo de capitales. Con motivo de esta noticia, queremos compartir con vosotros el análisis que nuestro redactor, Alvaro Requeijo realizó de la anterior imputación de la Infanta en el mismo caso, aquella vez por malversación de fondos públicos.

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A raíz de la polémica imputación de la infanta Cristina por parte del instructor del caso Nóos, sobre supuesta malversación de seis millones de euros públicos por parte del esposo de la Infanta, Iñaki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres, procede analizar la legitimidad formal de la imputación.

A este respecto podemos entender la imputación desde un sentido amplio, o desde un sentido formal.

Una persona adquiere la condición de imputado en sentido amplio desde que se le comunica la admisión a trámite de una denuncia o querella, o, o desde que se lleva a cabo cualquier actuación procesal contra ella, imputándole en un hecho delictivo, o desde que haya sido objeto de detención o de cualquier otra medida cautelar.

Esta imputación en sentido amplio, supone que surge la obligación de instruir diligencias para adquirir un conocimiento básico de los hechos supuestamente delictivos; el “imputado” como tal, adquiere la condición de parte en el proceso, lo que le permite ejercitar el derecho de defensa del artículo 24.1 de la Constitución Española en los términos de los artículos 118, 767 y 796 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; y por último, abre la posibilidad de que se adopten medidas cautelares personales y reales contra la persona imputada, tales como detención, prisión provisional, fianza, embargo, anotación preventiva de acción civil acumulada a la penal, secuestro u ocupación de bienes o cosas, etc.

Por otro lado, la imputación en un sentido formal constituye un requisito de procedibilidad para la apertura del juicio oral. Pero, es absolutamente necesario que exista alguien distinto al Juez, ya sea el Ministerio Fiscal o ya el acusador particular, que esté dispuesto a solicitar esa apertura manifestando su intención evidente de mantener una acusación. Esto es, no tiene sentido una imputación de una persona si nadie va a mantener la acusación contra aquella en el juicio oral.

En el procedimiento aplicable al caso en cuestión la forma de imputación formal a la que nos referimos, procedimiento ordinario por delitos, es el “procesamiento“. A este se refiere el art. 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal según el cual:

“Desde que resultare del sumario algún indicio racional de criminalidad contra determinada persona, se dictará auto declarándola procesada y mandando que se entiendan con ella las diligencias en la forma y del modo dispuesto en este Título y en los demás de esta Ley”

Lo que ha sucedido en el caso de referencia es que el Ministerio Fiscal entiende que no existen tales indicios de criminalidad en la conducta de la Infanta.

Contra los autos que decretan el procesamiento, pueden interponerse distintos recursos dependiendo de que el mismo se haya solicitado por los acusadores o directamente a instancia del instructor.

Si es el instructor el que directamente acordó el procesamiento, cabe recurso de reforma dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la resolución. Contra el auto denegatorio de la reforma, cabe, a su vez, recurso de apelación en un solo efecto dentro de los 5 días siguientes al de la notificación de la denegación de la reforma. Lo que sucede es que por regla general estas reforma y apelación contra el procesamiento del instructor suelen ser interpuestas por el imputado formalmente y no por una de las partes acusadoras, lo cual de por si es cuanto menos inusual.

Cuando el instructor estime que el sumario está completo dictará auto acordando su conclusión (momento que aun no ha llegado), remitiendo las actuaciones y piezas de convicción al Tribunal competente para el enjuiciamiento de la causa.

¿Ha sido correcta la imputación de la infanta?

¿Ha sido correcta la imputación de la infanta?

El problema, o incidencia que supone esta inusual situación en la que el Ministerio Fiscal está disconforme con la imputación realizada de oficio por el instructor, supone que cuando llegue el momento de las calificaciones provisionales, que tienen que formular las partes de cara al juicio oral(art. 650 LECRIM), es que ninguna de las partes acusadoras defenderá la participación en los hechos de quien no entiendan que debió ser imputado. La consecuencia será que el procedimiento penal no continuará respecto a esa persona, esto es, no continuará respecto a la Infanta.

Más allá de la discusión relativa a si existen o no indicios de criminalidad para imputar a la Infanta, más allá de la discusión de que la mujer de Diego Torres si que estuviese imputada, más allá de que la costumbre en este tipo de delitos sea que ambos cónyuges vayan imputados, más allá del hecho de que la imputada vaya a acabar o no como acusada, la realidad es que la imputación permite a la persona investigada acceder a una serie de derechos que de lo contrario no se le reconocen (los artículos a los que nos hemos referido al inicio).

Lo cierto es que la Infanta estaba siendo investigada de facto, y el negar esos derechos suponía incurrir en una injusticia manifiesta.

En cualquier caso, e independientemente de que existan o no indicios de criminalidad para el Fiscal, la imputación de la Infanta caerá en saco roto, pero no por un error formal en la imputación por parte del instructor, sino por que el Ministerio Fiscal se empeña en no encontrar indicios de criminalidad y no mantendrá una acusación tras su escrito de calificación formal, a diferencia de lo que sí hará respecto de la mujer de Diego Torres.

Vía| El País
Imagen| Infanta
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