Jurídico 


Los registros de morosos y el derecho al honor: ¿Cómo eliminar los datos de estos registros? (II)

Siguiendo la línea argumental del pasado post, en el presente haremos alusión al conjunto de requisitos cuyo cumplimientoCarpeta_candado_14490952_s determinaría la licitud de la inclusión de ficheros en registros de morosos, y contrario sensu el estudio de los supuestos de incumplimiento de los mismos y, por tanto, la posible vulneración de nuestro derecho al honor y la apertura de la vía a ejercer nuestros derechos de acceso, rectificación, cancelación y/u oposición conforme a lo previsto en la LOPD.

Una lectura exhaustiva de la LOPD y del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, concretamente de los artículos 29.2 y 38 a 44 respectivamente, nos lleva a extraer la necesidad de cumplir con los siguientes requisitos para que se produzca una correcta inclusión de datos en ficheros de morosos:

1)  Sólo será posible la inclusión en estos ficheros de datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica del afectado.

2)  Existencia previa de una deuda cierta, vencida, exigible, que haya resultado impagada y respecto de la cual no se haya entablado reclamación judicial, arbitral o administrativa, o tratándose de servicios financieros, no se haya planteado una reclamación en los términos previstos en el Reglamento de los Comisionados para la defensa del cliente de servicios financieros, aprobado por Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero.

3)  Que no hayan transcurrido seis años desde la fecha en que hubo de procederse al pago de la deuda o del vencimiento de la obligación o del plazo concreto si aquélla fuera de vencimiento periódico.

4)  Requerimiento previo de pago a quien corresponda el cumplimiento de la obligación.

5)  El acreedor o quien actúe por su cuenta o interés estará obligado a conservar a disposición del responsable del fichero común y de la Agencia Española de Protección de Datos documentación suficiente que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley.

6) El acreedor deberá informar al deudor, en el momento en que se celebre el contrato y, en todo caso, al tiempo de efectuar el requerimiento previo de pago, que en caso de no producirse el pago los datos relativos al impago podrán ser comunicados a ficheros relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias.

AEPDComo apunta, correctamente, Jesús P. López Pelaz, socio fundador y director de Abogado Amigo “un tratamiento de datos que no responda a los criterios de adecuación será una conducta que daña simultáneamente al menos dos valores constitucionales complementarios. De un lado el derecho a la autodeterminación informativa que define el artículo 18.4 de la Constitución en los términos que son plasmados por la sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000 y de otro lado y paralelamente, el derecho al honor del perjudicado.”

Sobre la base de lo expuesto resulta necesario mentar la reciente sentencia de nuestro Alto Tribunal, de 6 de marzo de 2013 ya que resulta esencial desde un doble punto de vista ya que, de un lado, confirma que la inclusión errónea de datos personales en registros de solvencia patrimonial determina una afección directa al honor del sujeto afectado, y, de otro lado, introduce, la obligación de verificar la existencia de un crédito pendiente, no pudiendo introducirse datos sobre los que exista un principio de prueba documental que aparentemente contradiga alguno de los requisitos previstos legalmente.

De esta forma, y sobre la base de la normativa y la jurisprudencia citadas, los afectados por la inclusión de datos de carácter personal que no cumplan los requisitos previstos van a poder ejercer su derecho de cancelación, de tal forma que de no aplicarse el mismo se produce la apertura al ejercicio de la acción de defensa del derecho al honor.

Todo ello, además, como apunta López Pelaz, resulta fundamental “de cara a la defensa frente a inclusión en registros de solvencia patrimonial de personas jurídicas o empresarios que quedan excluidos de las vías de protección al consumidor y que por ello, para desvirtuar la “certeza y liquidez” del crédito inscrito debían iniciar la declaración judicial de improcedencia de la reclamación a través del juicio declarativo que corresponda en función de cuantía.”

Vía| AbogadoAmigo, Legislación sobre Morosidad, LO 1/1982, LOPD, RD 1720/2007

Más Información| Agencia Española de Protección de Datos

Imagen| AEPD, Carpeta

En QAH| Los registros de morosos y el derecho al honor: introducción (I)

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