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Los recursos de alzada y reposición

¿En qué consiste un recurso de alzada? ¿Qué es un recurso de reposición? ¿Son ambos obligatorios? ¿Ante quién han de presentarse? En el presente artículo trataremos de dar respuesta a éstas y a otras cuestiones.

Comenzaremos por indicar que tanto el recurso de alzada como el de reposición son recursos administrativos y no recursos judiciales. Es decir, la resolución de los recursos de alzada y reposición corresponde a la Administración y en ningún caso a los órganos jurisdiccionales.

Una vez realizada dicha aclaración –que no es una cuestión menor-, pasaremos a analizar en qué consisten los recursos de alzada y  reposición, indicando previamente que ambos recursos se encuentran regulados entre los artículos 114 y 117 de la Ley 30/1992.

En lo referente al recurso de alzada, éste podrá interponerse contra aquellos actos administrativos que no pongan fin a la vía administrativa (art.114.1. de la Ley 30/1992). ¿Cómo saber si el acto que queremos recurrir pone fin o no a la vía administrativa? Viendo si aquello que queremos recurrir cumple o no con lo recogido en el artículo 109 de la Ley antes citada. Si el supuesto encaja en ese artículo, se pone fin a la vía administrativa y no cabe recurso de alzada. Si no pone fin a la vía administrativa, podemos presentar un recurso de alzada.

¿Dónde podemos interponer el recurso de alzada? Aquí –a tenor del art.114.2. de la Ley 30/1992- caben dos opciones: O bien presentarlo ante el órgano que dictó el acto o bien interponerlo ante quien debe resolver el recurso. En cualquier caso, su resolución corresponderá al órgano superior jerárquico del que dictó el acto.

Respecto a los plazospara interponer un recurso de alzada tenemos un mes –si el acto que recurrimos es expreso- o tres meses –si no lo es-. El plazo empezará a contar a desde la notificación o en su defecto, desde la publicación del acto. Una vez interpuesto el recurso, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Si no hubiere resolución transcurrido ese periodo de tiempo, el recurso se entenderá desestimado –salvo que se dirija contra un acto presunto desestimatorio de una solicitud, en cuyo caso se estimará-. Si el recurso de alzada es desestimado, no cabe interponer ningún otro recurso administrativo –sólo en casos muy puntuales podríamos acudir al recurso extraordinario de revisión-. Todo ello se recoge en el artículo 115 de la Ley 30/1992.

Veamos ahora en qué consiste el recurso de reposición. A diferencia del recurso de alzada, el de reposición es potestativo y sólo puede interponerse cuando el acto que recurrimos pone fin a la vía administrativa.  En cualquier caso, es importante recalcar que existe la opción de no utilizar dicho recurso administrativo y acudir directamente a la vía judicial. Eso sí, si interponemos un recurso de reposición, habrá que esperar a que éste sea expresamente resuelto o se produzca la desestimación presunta del recurso, para acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. La resolución del recurso de reposición –a diferencia del recurso de alzada- corresponde al mismo órgano que dictó el acto. Así se establece en el artículo 116 de la Ley 30/1992.

En lo que a los plazos se refiere, al igual que en el recurso de alzada, podremos interponer el recurso de reposición en el plazo de un mes –si el acto es expreso- o de tres –si no lo fuera-. Eso sí, a diferencia del recurso de alzada en el que la Administración tiene tres meses para dictar y notificar la resolución, en el caso de los recursos de reposición ese plazo será de un mes –y no de tres meses-. Es el artículo 117 de la Ley 30/1992 quien nos habla de los plazos del recurso de reposición.

Por último, y en el supuesto de que nuestro recurso de alzada o de reposición sea rechazado, cabe la posibilidad de acudir al orden jurisdiccional de lo contencioso-administrativo. Si el rechazo al recurso de alzada o reposición fuera expreso, tendríamos dos meses de plazo para acudir a la vía judicial. En el supuesto de que no fuera expreso, el plazo sería de seis meses. Todo ello se recoge en el artículo 46.1. de la Ley 29/1998.

Vía| Noticias Jurídicas

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