Derecho Mercantil, Jurídico, Uncategorized 


Los procedimientos de ejecución de créditos de Derecho público en el concurso

Los procedimientos ejecutivos de deuda tributaria y de la Seguridad Social suponen un freno a las posibilidades de salida exitosa del concurso

Los procedimientos ejecutivos de deuda tributaria y de la Seguridad Social suponen un freno a las posibilidades de salida exitosa del concurso

Cuando la AEAT o la TGSS dictan diligencias de embargo contra los saldos clientes de una empresa concursada con anterioridad a la fecha de declaración de concurso de la misma la solución práctica que tiene esta empresa para levantar dichos embargos es que los bienes objeto de los mismos resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional de la deudora.

El art. 55 LC establece en su párrafo 1º que “Declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor”.

Sin embargo, cuando los embargos fueron trabados como consecuencia de un procedimiento de apremio anterior a la declaración de concurso y, únicamente en esta hipótesis, el párrafo 2º del citado artículo es claro al disponer que “Hasta la aprobación del plan de liquidación, podrán continuarse aquellos procedimientos administrativos de ejecución en los que se hubiera dictado diligencia de embargo y las ejecuciones laborales en las que se hubieran embargado bienes del concursado, todo ello con anterioridad a la fecha de declaración del concurso, siempre que los bienes objeto de embargo no resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.”

El siguiente paso a dar por parte de la concursada es solicitar la suspensión de los embargos que se encontraran en ejecución mediante el planteamiento de recurso de reposición/alzada ante el órgano administrativo correspondiente con base en lo establecido en el art. 55.2 LC.

Pero sin duda alguna, el verdadero bloqueo para las necesidades de las empresas de disponer de sus saldos clientes nos la ofrece el art. 55.3 LC que establece que para el caso de los embargos administrativos el levantamiento y cancelación de los mismos no es posible. En concreto la literalidad del artículo establece que: “Cuando las actuaciones de ejecución hayan quedado en suspenso conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez, a petición de la administración concursal y previa audiencia de los acreedores afectados, podrá acordar el levantamiento y cancelación de los embargos trabados cuando el mantenimiento de los mismos dificultara gravemente la continuidad de la actividad profesional o empresarial del concursado. El levantamiento y cancelación no podrá acordarse respecto de los embargos administrativos.”

A mi juicio, la redacción legislativa de este artículo es bastante deficiente y conculca los principios inspiradores del procedimiento concursal, dado que está otorgando directamente un privilegio adicional no reconocido por la LC a la Administración perjudicando directa e indubitadamente el principio de la par condictio creditorum. Esta apreciación se fundamenta en el análisis del propio art. 55 LC y cómo puede producirse el levantamiento de embargos de bienes necesarios para la actividad profesional o empresarial del concursado, a excepción de cuando estos procedan de la Administración.

Y es que llegados a este punto se plantea el gran sin sentido de encontrarnos con una serie de bienes y derechos de la concursada trabados por la Administración, cuyo embargo se encuentra suspendido, y que no pueden ser utilizados por la concursada para el desarrollo de su actividad operativa empresarial por no poder levantar y cancelar dichos embargos, pero tampoco pueden utilizarse dichos bienes por parte de la Administración para cobrarse las deudas tributarias que tiene la concursada por encontrarse dichos embargos suspendidos.

Para reforzar esta tesis conviene hacer mención, por su meridiana claridad, a la Sentencia nº 180/2011 de 8 de junio (AC\2011\1368) del Juzgado de lo Mercantil de Alicante que establece:

“Realizada esta aclaración, se discrepa del parecer de la TGSS de que los arts. 22 LGSS y 55 LC otorguen un privilegio de naturaleza sustantiva sino que lo que consagran es un privilegio procesal, y ello por las siguientes razones:

1º) Bajo determinadas condiciones previstas en dichas normas se permite a la Administración Pública continuar una ejecución administrativa sobre determinados bienes de la masa activa, pero no otorga una preferencia de cobro sobre su producto, pues son los arts. 154 y ss. LC los que fijan el orden de pagos en caso de deudor concursado. (…)

3º) El embargo (ya judicial ya administrativo) es un acto procesal que no cambia la naturaleza del derecho material del embargante, o dicho de otra manera, en caso de concurso del deudor común, no crea preferencia sustantiva de cobro, con la consecuencia de que necesariamente se enajenarán libres de embargos anteriores, pues de otro modo se estaría reconociendo al acreedor embargante un privilegio especial o una preferencia de cobro del que carece conforme a la Ley Concursal. En este sentido la  AAP de Barcelona de 15 de mayo de 2009 (PROV 2009, 409768) y de forma expresiva el Auto del Juzgado de lo Mercantil num. uno de Bilbao de 30 de junio de 2008 (AC 2008, 1581) rechaza que la TGSS mantenga los embargos sobre bienes a realizar, haciendo abono de la cantidad que aseguran con el importe que se obtenga de su enajenación porque “convierte el embargo en un crédito con privilegio especial sobre el bien afecto, por la vía de mantener la sujeción de la garantía de un crédito que, sin embargo, ha quedado calificado en el informe de la administración concursal de forma diferente. Esto no es admisible, porque sólo caben créditos con privilegio especial en los casos que indica el art. 90 LC. En aquél se señalan cuáles son los créditos que merecen esa calificación y sobre qué bienes. Y en ningún lugar se indica que un embargo previo a la declaración de concurso tenga la cualidad de convertir ese crédito en privilegiado sobre ese bien. (…). Por lo tanto los créditos concursales que dieron lugar a los embargos que traban ciertos bienes serán satisfechos cuando corresponda, según el modo y orden que dispone la Secc. 4ª (arts. 154 y ss.) del capítulo II del Título V de la Ley Concursal, y no cuando se enajene el bien embargado, aplicando al abono del embargo su importe, como sostiene la TGSS. (…)”

Así también lo ha entendido  el Juzgado de lo Mercantil de Bilbao en su Sentencia de 3 de julio de 2012 [JUR\2013\104222]:

el privilegio procesal de ejecución separada no supone, además, una preferencia (sustantiva) para el cobro de los créditos apremiados, debiendo respetarse por la administración ejecutante, al aplicar el importe obtenido, la clasificación concursal de estos créditos (serán créditos con privilegio general, ordinarios y subordinados). Además, es doctrina consolidada del TS que el embargo no altera la naturaleza del crédito del embargante (por todas SSTS de 04.12.2000).

Por tanto, la mejor opción podría ser el plantear un escrito de alegaciones ante la Administración correspondiente en donde se argumentara que el mejor destino posible para los saldos clientes que tiene embargados es su integración en la masa activa de la concursada, que permitan generar actividad operativa y ayudar a superar la situación de insolvencia y una vez levantados y cancelados dichos embargos satisfacer su deuda pública conforme a las reglas de clasificación que establece la LC.

Vía | Noticias Jurídicas

Imagen | Embargos de saldos clientes por Administraciones Públicas

RELACIONADOS