Jurídico 


Los pilares de la nueva Ley de Radio Televisión Madrid

Tal y como hemos podido ver los madrileños y madrileñas en los medios de comunicación, el pasado 29 de diciembre de 2015 entró en vigor la nueva ley reguladora de Radio Televisión Madrid, la Ley 8/2015, de 28 de diciembre de Radio Televisión Madrid (en adelante, Ley 8/2015). Este nuevo texto normativo no ha estado exento de polémica, contando con numerosos partidarios y detractores.

Esta nueva regulación pretende lograr un nuevo modelo de radio y televisión pública en la Comunidad de Madrid. Este modelo se caracteriza, tal y como determina su Exposición de Motivos por “la transparencia, la pluralidad, la implantación de las buenas prácticas en el sector y del buen gobierno corporativo, compaginando perfectamente los principios que en el sector público disciplinan la gestión y el buen gobierno” con los del sector privado, tales como la sostenibilidad y eficiencia.

Esta Ley tiene por objeto regular “el servicio público de comunicación audiovisual en la Comunidad de Madrid, así como establecer el régimen jurídico de la entidad a la que se atribuye la prestación de dicho servicio” (art. 1). La entidad a través de la cual prestará este servicio será “Radio Televisión Madrid S.A” (art. 2). Al ser un medio de comunicación de carácter autonómico sin perjuicio de su acceso a través de redes de comunicación electrónica u otras tecnologías tendrá un ámbito de cobertura coincidente con “el territorio de la Comunidad de Madrid” (art. 3).

Pero, ¿cuáles son los pilares en los que se asienta la Ley 8/2015? Se pretende que esta nueva Ley establezca un modelo de televisión pública ejemplar, llegando a constituir “un código ético en la actuación audiovisual pública”.

  • Debe aspirar a que la sociedad madrileña se sienta representada, tanto en su composición como a nivel de contenidos. Para ello deberá recoger las diferentes sensibilidades sociales maTelemadridyoritarias y minoritarias rechazando cualquier tipo de discriminación.
  • Se busca un modelo sostenible económicamente, lo cual se debe conseguir si se respeta el sistema establecido de responsabilidad. Se crea una Carta básica que marcará las líneas generales de actuación de la entidad cada nueve años y los Contratos-programa, que concretarán a la Carta y tendrán una vigencia de tres años (arts. 6 y 7).
  • Profesionalización. El servicio público ha de ser profesional, lo que permitirá la prestación de un servicio de una mayor calidad para los madrileños. Además, gracias a este pilar se pretende “elevar el debate y situarlo en la búsqueda de una gestión excelente y la competitividad en el sector. Tanto el Consejo de Administración como el Director General deberán ser profesionales de suficiente cualificación y experiencia profesional. Entenderemos como tales a las personas con formación superior o de reconocida competencia que hayan desempeñado puestos de alta dirección o asesoramiento en el sector, así como méritos relevantes profesionales, docentes o investigación (art. 13 y 21).
  • Pero es incuestionable que el elemento fundamental y más trascendente es la búsqueda de la despolitización, puesto que se ha revelado como necesario evitar la “utilización partidista en la comunicación audiovisual como principio esencial de la propia naturaleza de servicio público.”

Sobre esta búsqueda de la despolitización me centraré ahora. Como es lógico es necesario para lograr un servicio público audiovisual de calidad y plural es el evitar que se emplee con fines políticos. En este sentido, la nueva Ley no sólo profesionaliza los puestos de Director General así como a los miembros del Consejo de Administración, sino que modifica la duración de los mandatos de estos órganos de directivos.

La elección del Director General (arts. 21 y ss) necesitará mayoría de dos tercios de la Asamblea de Madrid a propuesta del Consejo de Administración de entre personas de “reconocida cualificación y experiencia profesional seleccionadas en convocatoria pública” y su mandato será de seis años no renovables a contar desde su nombramiento.

El Consejo de Administración (arts. 13 y ss) estará formado por nueve miembros también de suficiente cualificación y experiencia profesional. Estos miembros serán elegidos por la Asamblea de Madrid de entre los propuestos por “los grupos parlamentarios y las organizaciones profesionales y sociales más representativas del sector de la comunicación.” Estos miembros se elegirán por una mayoría de dos tercios de la Asamblea.

Tanto el Director General como los miembros del Consejo deberán comparecer con carácter previo en sesión pública ante la Comisión competente de la Asamblea de Madrid.

Como vemos, el periodo de mandato de ambos órganos directivos es de un período de seis años, esto es, superior a los cuatro años de mandato electoral con el objetivo de darles una  mayor independencia y estabilidad. Ninguno de los miembros son renovables. También es importante atender como un sistema de despolitización la previsión de un estricto sistema de incompatibilidades, en los términos de su Exposición de motivos, tanto desde un punto de vista mercantil como de cargos públicos y representación, tales como “miembros de la Asamblea de Madrid, del Gobierno, cargos de elección o designación política y con la pertenencia a organismos de dirección en partidos políticos, organizaciones sindicales o empresariales.

Por lo tanto, esta nueva tiene unos objetivos muy claros y beneficiosos para la sociedad madrileña. Estos objetivos se concretan en unos principios que van encaminados a la mejora de este servicio público. Si bien es cierto las reformas son positivas y abren un nuevo enfoque a este medio de comunicación público habrá que atender a la mayor dificultad a la que puede enfrentarse: su puesta en práctica. Estaremos atentos.

Vía | Ley 8/2015, de Radio Televisión Madrid.
Más información| La Nueva Ley de Radio Televisión Madrid
Imagen| Wikimedia.

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