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Los pactos para evitar que gobierne la lista más votada no son un fraude de ley

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Estamos en una etapa post electoral, en la que los pactos entre las distintas fuerzas políticas para formar gobiernos locales y autonómicos acaparan las portadas de todos los diarios. En este contexto, una de las vencedoras indiscutibles del pasado 24 de mayo, Ada Colau, previsiblemente la nueva alcaldesa de Barcelona, calificaba la posibilidad de que otros partidos políticos pactaran para evitar su investidura como un “fraude de ley”.

Es cierto que el lenguaje político no puede estar sujeto al mismo rigor técnico con el que analizamos el lenguaje jurídico. Sin embargo, y con total independencia de lo que se pueda pensar acerca de la legitimidad de este tipo de pactos, creo que es necesario que tratemos al menos de aclarar conceptos fundamentales cuando no se usan correctamente o cuando se emplean a modo de licencias estilísticas.

El art. 6.4 del Código Civil define el fraude de ley de la siguiente manera:

“Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir”

De esta manera para que haya un fraude de ley es necesario una “norma de cobertura”, que es la norma que se pretende aplicar, y una “norma defraudada” que es la que realmente es aplicable. En este caso, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, incluso con carácter preferente a la elección del cabeza de lista más votado, prevé este tipo de pactos: en el artículo 196, relativo a la elección de alcalde, la elección por mayoría absoluta es la primera opción, mientras que la elección del más votado, aunque sea con mayoría simple, es de carácter subsidiario. Esto quiere decir que hay una norma que prevé exactamente lo que se pretende hacer, por lo que la imputación de un fraude de ley a este tipo de conducta es sencillamente un error técnico.

En todo caso, podría ser aplicable la figura del “abuso de derecho”. Esta figura legal está regulada en el art 7.2 del Código Civil de la siguiente manera.

 “La Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso”.

En este caso sí que es técnicamente argumentable que una conducta prevista por el ordenamiento jurídico (un pacto) pueda ser considerado como un “ejercicio antisocial del derecho”. Pero aunque en este caso no hay un problema lógico de aplicación del concepto, si que hay un problema de aplicación práctica ya que muy difícilmente un Tribunal consideraría un pacto de este tipo como “ejercicio antisocial del derecho”.

En definitiva, lo que realmente pretendía decir Ada es que se trataba de un pacto “ilegítimo” o “inmoral”. No se trata de que apostillemos cada termino que nuestros políticos utilizan. Pero en mi opinión, los juristas deberíamos cuidar que al menos los conceptos más fundamentales del derecho se usen correctamente.

Imagen| diario de sevilla

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