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Los mensajes digitales como prueba en un proceso judicial

Hoy en día, debido al gran progreso que han experimentado las comunicaciones en nuestra sociedad, es un hecho que las personas se comuniquen de forma mucho más rápida y fácil, por lo que se intercambia gran cantidad de información en breves instantes. Esta evolución de la información digital y la aparición de las comunicaciones electrónicas (por email, redes sociales, Whatsapp, Viber, Skype, entre otras) como nuevas fuentes de pruebas platean nuevos retos para el derecho que deben ser resueltos día a día en los tribunales a falta de una legislación más concreta, aunque cada vez hay más sentencias relacionadas con este tipo de comunicaciones.

Es cada vez es más habitual usar las aplicaciones de mensajería instantánea en los procesos judiciales como prueba de algún tipo de actuación ilícita. Existen diferentes ejemplos que demuestran el creciente empleo de mensajes de WhatsApp como prueba en juicios, como puede ser la admisión como prueba de cargo en un caso de tráfico de drogas por parte del Tribunal Supremo, de varias conversaciones de WhatsApp entre los acusados.

Otro ejemplo es la reciente aceptación como prueba por parte del Tribunal Supremo de los Whatsapp intimidatorios de un agresor sexual. El Supremo dice acerca de estos mensajes que “se trata de un material lícitamente obtenido y correctamente incorporado a la causa, la autenticidad de cuyo contenido ha sido aceptada por el propio reo”.

Sin embargo, usar las pruebas electrónicas en un proceso judicial conlleva una serie riesgos, porque la posibilidad de una manipulación de los archivos digitales es una realidad, por lo que deben abordarse con todas las cautelas posibles. Recientemente dos hackers españoles han descubierto que existe la posibilidad de cambiar el emisor de un mensaje, lo que conlleva una pérdida de confianza por parte de los jueces sobre la autenticidad de estos mensajes y sobre su validez como prueba. Por lo que los mensajes digitales no siempre son fiables, pero esto no implica que la prueba en sí no sea válida o no sea admisible a trámite en un procedimiento judicial.

Hay que destacar que para aceptar estas pruebas en un proceso judicial, las mismas han de cumplir tres características, que son: originalidad, autenticidad e integridad de la información contenida en la prueba. Sin embargo, probar estas características no es fácil, y esto sólo lo podría hacer una persona que cuente con los conocimientos específicos y necesarios para ello. Las personas encargadas de probar la no manipulación de una prueba electrónica son los peritos informáticos, quienes pueden analizar la información digital mediante una serie de herramientas especializadas para ello y ayudar al juez a valorar su acreditación o no como prueba y demostrar su originalidad.

Cabe destacar aquí la reciente sentencia del Tribunal Supremo (sala de lo Penal), Nº 300/2015 en la que dice: “De ahí que la impugnación de la autenticidad de cualquiera de esas conversaciones, cuando son aportadas a la causa mediante archivos de impresión, desplaza la carga de la prueba hacia quien pretende aprovechar su idoneidad probatoria. Será indispensable en tal caso la práctica de una prueba pericial que identifique el verdadero origen de esa comunicación, la identidad de los interlocutores y, en fin, la integridad de su contenido.”

Vía| Lorita Yordanova Kirilova

Más información| 20minutos.es, cincodias.com

Imagen| legalconsultors, Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos

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