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Los jueces tras los árbitros

Las recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (1) anulando, por primera vez, dos laudos arbitrales por motivos de fondo, han dinamitado el sector y han cuestionado el sentido último del recurso al arbitraje como medio de resolución de conflictos.

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La lentitud de la justicia ha llevado a que cada vez más conflictos se solucionen de manera extrajudicial recurriendo a medios alternativos de resolución de conflictos, en los que el arbitraje juega un papel principal.

Otras ventajas, como la confidencialidad o la especialización de los árbitros llevan a las partes a recurrir a personas de su elección para dirimir sus controversias futuras o, en menor medida, presentes.

Si bien, la principal característica de este tipo de resolución radica en no pasar por tribunales ordinarios salvo en labores de control y apoyo. Nuestro sistema, dado su marcado carácter garantista, reconoce la posibilidad de anulación de los laudos cuando las formas no se hayan respetado y, para los casos más graves, cuando no se respete el orden público. Por ello, la no revisión de los laudos por los tribunales ordinarios se considera como un factor fundamental de este tipo de justicia privada.
El motivo esgrimido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ) para anular estas dos sentencias entra en el fondo del litigio: que el proceso de comercialización de swaps por parte de una entidad bancaria fue contrario a la buena fe en la contratación, no respetándose así el orden público financiero. En esta anulación, podría decirse, que el TSJ actúo en el papel de un tribunal de segunda instancia y no como un un tribunal de mero control.
Logo de la Corte de Arbitraje de Madrid

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Este giro de la jurisprudencia tiene como origen la revisión de la Ley de Arbitraje de 2011 (2), en ella, la competencia para resolver las acciones de anulación pasó de las Audiencias Provinciales a los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, en un intento de descargar a las Audiencias de trabajo.
El entonces Presidente de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, Miguel Temboury advertía ya en 2010 (cuando se comenzó a conocer el contenido de la reforma de 2011) de los problemas que los Tribunales Superiores de Justicia podían tener respecto de la interpretación del orden público mercantil. 
A día de hoy, el arbitraje se considera como un importante sector generador de riqueza y empleo de calidad. Países como Francia o Bélgica han adaptado su legislación para tratar de convertirse en sede de arbitrajes internacionales y atraer toda riqueza que gira en torno a estos procesos, siendo, precisamente, reducida la posibilidad de anulación por motivo de orden público para que no entorpezca arbitrajes internacionales ajenos al foro.
Sin duda, la obligación de respeto de las normas fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico que representa el orden público puede justificar que el Tribunal anule laudos arbitrales, para evitar así que la justicia privada se convierta en un limbo donde no se respete la ley, no obstante, la doctrina y el Derecho comparado nos dicen que debe hacerse sin entrar en el fondo, respetando así la voluntad de las partes que en su día decidieron, libremente, acudir al arbitraje para resolver sus disputas.
Vía| (1) Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 28 de enero de 2015 y
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 14 de abril de 2015
(2) Ley 11/2011 de 20 Mayo.
(3)Ley 60/2003 de 23 Diciembre. Ley de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado
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