Derecho Mercantil, Jurídico 


Los ilícitos Antitrust (I): Casos de Ariel y Skip.

La Ley de Defensa de la Competencia, Ley 15/2007, tiene como objetivo evitar y, en su caso, sancionar las conductas llevadas a cabo por las empresas que constituyan un obstáculo para el funcionamiento del sistema de libre competencia, el cual es el más eficiente en cuanto a la asignación de los recursos.

Los primeros artículos de dicho texto legal contienen tres tipos de conductas prohibidas: la colusión (artículo 1), el abuso de la posición dominante (artículo 2), y los actos desleales que por falsear la libre competencia afectan al interés público (artículo 3).

El artículo 1 LDC establece que “se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir, o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional”. A continuación se hace una enumeración de estas posibles conductas entre las que debemos destacar “la fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio”.

Pues bien, vamos a aclarar algunos conceptos de este precepto que nos ayudarán a entenderlo y a trasladarlo al caso que vamos a exponer:

Acuerdo: cualquier pacto, escrito o verbal, en virtud del cual varias empresas se comprometen a llevar a cabo una práctica que tenga por objeto restringir la competencia.

Hemos de tener en cuenta que para que se considere que existe un acuerdo ha de haber pluralidad de voluntades, es decir, no estamos ante acuerdo en los términos de esta ley en el caso de un pacto que pueda existir entre un empresario y un agente o comisionista ya que forman parte de un mismo grupo.

Recomendaciones colectivas: manifestaciones o acuerdos adoptados por asociaciones de empresarios o corporaciones profesionales que tengan un carácter vinculante, o que sean simplemente orientativas.

Práctica concertada: coordinación tácita entre empresas por la que éstas sustituyen de forma consciente el riesgo de la competencia por una cooperación práctica.

Conducta conscientemente paralela: cada uno de los operadores económicos, sin mediar acuerdo de ningún tipo, ajustan deliberadamente su comportamiento al de los otros competidores, o al de la empresa líder del sector, evitando hacerse la competencia. Un ejemplo de ello sería que un grupo de fabricantes ajustasen sus precios en función del mercado y no atendiendo a sus costes de producción individuales.

Los ilícitos anti-trustEl caso que presentamos es el cártel empresarial que mantuvieron durante tres años las principales productoras de detergente en polvo de Europa (Unilever, Procter & Gamble y Henkel) por el que pactaron los precios con el fin de repartirse el mercado de los detergentes en polvo para lavadora en España y otros 7 países de la UE.

Debido a esta conducta colusoria prohibida por la LDC, se inició un procedimiento cuya resolución se ha producido en abril del presente año condenando la Comisión Europea a dichas empresas a lo que sigue:

Unilever (que posee la marca Skip): pago de una multa de 104 millones de euros.

Procter & Gamble (propietaria de la enseña Ariel): pago de una multa de 211,2 millones de euros.

Ambas cuentan con un descuento del 10% de la multa ya que reconocieron los hechos y contribuyeron a una conclusión rápida de la investigación.

Henkel: queda exenta de toda sanción por haber delatado la existencia de este cártel en Bruselas.

 

Vía| Ley de Defensa de la Competencia, Expansión

Imagen| la opinión de Málaga

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