Jurídico 


Los dos supuestos problemas del contrato de Errejón

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Íñigo Errejón Galván, Secretario de Política de Podemos

El jueves 3 de diciembre nos enteramos de D. Íñigo Errejón fue suspendido de empleo y sueldo por la Universidad de Málaga. Muchos no lo sabíamos, pero el conocido doctor en ciencias políticas, es empleado de la universidad de Málaga desde el día  17 de marzo de 2014.

El contrato que le vinculaba a la universidad es un “contrato para la realización de un trabajo de investigación”: se trata de un contrato temporal, regulado por el art. 22 de la Ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Además, la actividad desarrollada por los investigadores, es evaluada anualmente, y, si no se supera dicha evaluación, el contrato puede ser rescindido.

Se trata un contrato temporal bastante breve (como máximo puede durar 5 años) y pero bien dotado económicamente: 1825 euros al mes. En este caso se celebraba por tres meses, aunque podía ser prorrogado hasta completar un año.

Dos son los problemas que plantaba esta relación laboral.

El primero tiene que ver con el lugar de trabajo. La cláusula 2 5ª del contrato de trabajo establecía que el centro de trabajo habitual del investigador de la Universidad de Málaga. Según el Sr. Errejón y el director del proyecto que le adjudicó la plaza, el Sr. Moreno, ambas partes acordaron que la prestación de trabajo se desarrollaría mediante teletrabajo, desde Madrid, dado que la naturaleza de la prestación no impedía que esta se desarrollara así. Sin embargo no se formalizó esta modificación contractual.

En segundo lugar, la normativa exige la autorización previa , para desarrollar trabajos por tiempo superior a 80 horas semanales. El profesor habría desempeñado varios trabajos para el partido político al que pertenece sin pedir autorización. Este puede se uno de los motivos por los que se haya incoado el expediente sancionador, que todavía no es público.

En cualquier caso, es importante destacar que, pese a lo que han señalado algunos medios, no se trata de una sanción, sino de una medida cautelar para garantizar el proceso de investigación acerca de los hechos y, que podrá  terminar, en su caso, con una sanción disciplinaria. También ha habido cierta confusión con el plazo de los distintos medios de defensa: el plazo de alegaciones es de 10 días, y el de los recursos contencioso y, el potestativo  de reposición es de un mes, pese a que algunos medios hayan confundido un plazo con otro.

Imagen| vigoalminuto

Más información|El Mundo, El País

 

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