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Los Convenios de Colaboración de las Administraciones Públicas

Los Convenios de Colaboración de las Administraciones Públicas

Los Convenios de Colaboración de las Administraciones Públicas

Los convenios de colaboración son acuerdos entre la Administración General del Estado y una o varias Comunidades Autónomas, y se enclavan dentro de las llamadas “relaciones inter-administrativas”.

Junto con las Conferencias Sectoriales, conforman el instrumento de cooperación de uso más frecuente en el Estado Autonómico (debido a la libertad contractual característica de esta figura), ya que le concede una especial flexibilidad e idoneidad a la hora establecer el contenido de los acuerdos que quieren alcanzar el Estado y las Comunidades Autónomas.

Los convenios de colaboración se regulan básicamente en los artículos 6 y 8 de la Ley 30/1992, en los cuales se determinan los requisitos que deben cumplir estos convenios.

Los mencionados preceptos principalmente se limitan a prever la posibilidad de suscribir convenios de colaboración, así como a precisar los elementos fundamentales que han de contener, entre los cuales podemos destacar: los órganos que suscriben el convenio, la competencia que ejerce cada Administración, las actuaciones previstas, el plazo de vigencia, la forma de gestión, los  compromisos financieros y  las causas de extinción, entre otros aspectos.

Para la Administración General del Estado, esta regulación se perfecciona y completa con los Acuerdos del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990 y de 3 de julio de 1998.

El hecho más destacable es que, aunque formalmente los convenios de colaboración deben de ser considerados como instrumentos de cooperación de naturaleza bilateral, en la práctica actual el Gobierno y los diferentes Ministerios progresivamente están promoviendo un tratamiento multilateral a la política de convenios, ya que están planteando el mismo texto a una gran parte de las Comunidades Autónomas.

Esto trae como resultado que una parte muy importante de los convenios suscritos durante los últimos años tienen la consideración de “convenios de suscripción generalizada”, debido a que han sido suscrito con la gran mayoría de las Comunidades Autónomas y responden a políticas generales a desarrollar en colaboración con las Comunidades Autónomas y en la mayor parte del territorio nacional.

Una mayoría significativa de los convenios contienen compromisos financieros a cargo del Estado, de modo que son utilizados por el Gobierno para impulsar políticas y actuaciones muy concretas que deben llevar a cabo las Comunidades Autónomas.

Estas aportaciones presupuestarias estatales complementan las aportaciones de las Comunidades Autónomas e incentivan las líneas de actuación de las Comunidades que el Gobierno tiene interés en fomentar. Así, destacan por su importancia los convenios en el ámbito de las infraestructuras, las políticas medioambientales, y las políticas sociales.

Contrariamente a las limitaciones establecidas, existe un gran ámbito de actividades administrativas, las cuales se desarrollan mediante convenios de colaboración.

A modo de ejemplo, se pueden citar los siguientes:

a) Los convenios urbanísticos y los convenios expropiatorios.

b) Los convenios que tengan por objeto regular acciones específicas en materia de investigación sujetas a financiación externa.

c) La fórmula convencional como finalización de los procedimientos administrativos.

d) Los convenios con entidades colaboradoras en la gestión de subvenciones.

e) Los convenios de financiación de infraestructuras públicas en materia educativa.

Más información| Marco Legal para empleo del Convenio de Colaboración

Imagen| Ministerio de Hacienda

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