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Los acuerdos de refinanciación en el procedimiento concursal

El procedimiento concursal, tal y como se regula en la legislación española, está orientado hacia las personas jurídicas, dejando de lado las situaciones de insolvencia de las personas físicas, y para las cuales debería establecerse un procedimiento específico. Pues bien, es dentro de este marco, en el que los acuerdos de refinanciación encajan. Este instrumento, muy utilizado por las personas jurídicas dentro del marco concursal para evitar la disolución y liquidación de la empresa, está siendo empleado por Imaginarium para evitar su disolución al intentar alcanzar un acuerdo de refinanciación con CaixaBank y con la colaboración de BBVA, Bankinter y Sabadell. Como ha ocurrido en este caso, los acuerdos de refinanciación son principalmente alcanzados entre el “deudor” y las entidades financieras acreedoras.

Estos acuerdos de refinanciación fueron por primera vez introducidos en la Ley Concursal en el año 2009 en la disposición adicional 4º, definiéndose como aquellos “alcanzados por el deudor en virtud de los cuales se proceda al menos a la ampliación significativa del crédito disponible o a la modificación de sus obligaciones, bien mediante la prórroga de su plazo de vencimiento, bien mediante el establecimiento de otras contraídas en sustitución de aquéllas. Tales acuerdos habrán de responder, en todo caso, a un plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad del deudor en el corto y el medio plazo”. Además, dichos acuerdos de refinanciación pasaron a estar protegidos al poderse únicamente impugnar por la administración concursal y al limitarse su rescisión si cumplían determinados requisitos.

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Esta regulación de los acuerdos de refinanciación se ha visto modificada y ampliada con posterioridad (artículo 71 bis y disposición adicional 4º de la Ley Concursal), aunque su esencia sigue siendo la misma. Es decir, en términos generales, el acuerdo de refinanciación sigue siendo aquel mediante el cual se prorroga el plazo de repago del crédito o bien se sustituye la obligación por una nueva (generalmente de importe mayor), acorde a un plan que asegure la viabilidad de la empresa tras la adopción de dichos acuerdos de refinanciación.

Además, la ley establece su no rescisión si ha sido adoptado por acreedores que supongan al menos 3/5 del pasivo, se haya emitido un informe por el auditor y se haya formalizado en instrumento público. Sin embargo, aun cuando no se cumplan estos requisitos, el acuerdo puede gozar de dicho privilegio si: el activo corriente resultante sea superior o igual al pasivo corriente, que las garantías concedidas a favor de los acreedores no supure 9/10 del valor de la deuda pendiente, que el tipo de interés aplicable no exceda en más de 1/3 el aplicable a la deuda previa, que se recoja en instrumento público justificándose su viabilidad económica. Incluso, en la disposición adicional 4º, donde se regula la homologación del acuerdo de refinanciación por el Juez de lo Mercantil, se establece que si algún acreedor financiero sin garantía real no se ha adherido o incluso se ha opuesto al mismo, determinados efectos del acuerdo se les harán extensibles por homologación judicial si el acuerdo ha sido suscrito por un determinado porcentaje de acreedores que representen al menos el 60% o el 75 % del pasivo financiero (en cada caso tendrá unos efectos distintos).

Tras estas pinceladas sobre los acuerdos de refinanciación, y analizando el caso de Imaginarium, la empresa de juguetes española que había ya incumplido ciertos compromisos con entidades financieras debido al descenso en las ventas como consecuencia de la crisis económica (que incluso le ha hecho cerrar su filial alemana), se encuentra en estos momentos en trámites para alcanzar un nuevo acuerdo de refinanciación con sus principales acreedores consistente en un aplazamiento del pago de los créditos contraídos. Aunque, a cambio, deberá desembolsar previamente una suma importante de dinero a dichas entidades. Podría decirse que los acuerdos de refinanciación son una medida que se fomenta a través de la regulación que la propia regulación concursal hace de los mismos, dándoles un carácter de privilegiado al limitar su rescisión e impugnación, así como al otorgarles consecuencias sobre todos los acreedores financieros del concurso, aun cuando hayan manifestado su disconformidad al mismo, sobre la base de que el acuerdo de refinanciación evita la entrada en el concurso de acreedores y la posible disolución y liquidación de la empresa; pero, en mi opinión, su uso debería cuestionarse, y debería plantearse si son el instrumento adecuado para garantizar una segunda oportunidad a la empresa o si por el contrario la atrapan en una espiral mayor de deuda al ser posible concertar créditos nuevos que lo sustituya o al poderse imponer condiciones accesorias a la espera como ocurre en el caso de Imaginarium.

Es decir, Imaginarium está apelando a los acuerdos de refinanciación para evitar la entrada en el concurso, sin embargo, es probable que ese mismo acuerdo sea el que le conduzca finalmente al concurso. Es por esto, y que tal y como a nivel internacional se señala, los acuerdos de refinanciación deberían ser una medida accesoria, y deberían analizarse otras políticas que realmente garantizan una segunda oportunidad dentro del procedimiento concursal.

Vía| Ley Concursal ; Los acuerdos de refinanciación

Imagen| Bankruptcy

En QAH| Declárate en bancarrota ; El deber de solicitar la declaración de concurso ;

Las Operaciones de Reestructuración Empresarial en el actual contexto de crisis (I)

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