Jurídico 


Lo que no se puede hacer en campaña

El derecho al voto consagrado en el artículo 23 de la Constitución Española, constituye una pieza clave en la ingeniería del constitucionalismo moderno y nuestra democracia en general; siendo la principal forma de legitimación del poder estatal. Pero es que además, el derecho al voto no se trata de una forma de participación política cualquiera, sino de la participación ciudadana libre, como resultado de la voluntad autónoma del individuo. Qué quiere decir esto, pues que para poder hablar de democracia y de auténtica representación de la voluntad popular, los sistemas legales no sólo deben contemplar este derecho de sufragio libre, sino que además deberán realizar aquellas acciones pertinentes para que su ejercicio pueda desarrollarse con plena libertad y autonomía. En este aspecto, una buena regulación electoral es esencial.

A pesar de que el ejercicio del sufragio no haya experimentado per se grandes transformaciones a lo largo del tiempo, sí lo han hecho en cambio las diversas formas que los partidos políticos tienen para llegar a la ciudadanía y poder así transmitir sus ideas y proyectos. Por tanto, es de suma relevancia acotar bien los parámetros en que éstos partidos pueden desenvolver su acción preelectoral que como sabemos, es capaz de influir sobremanera en la formación de la voluntad popular. No hace falta recordar que una buena campaña electoral puede ser determinante para el resultado en las urnas.

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Ayer, día cuatro de diciembre, daba comienzo de forma oficial la campaña electoral para las generales del 20-D. La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General -LOREG-, regula en los artículos del 50 al 67 las disposiciones que rigen la campaña electoral. Veamos ahora qué es lo que no se puede hacer:

– Queda terminantemente prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a los logros obtenidos durante su mandato. Tampoco se podrán inaugurar obras, servicios públicos o proyectos de los mismos que puedan ser aprovechadas por el partido que se encuentra en el poder (art. 50).

– Prohibición especial en referencia a la difusión de cualquier tipo de propaganda o acto de campaña por parte de los miembros en activo de las Fuerzas Armadas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Policías Autonómicas, Jueces, Magistrados, Fiscales y miembros de las Juntas Electorales (art. 52).

– Por ultimo, cabe destacar el período de prohibición de campaña electoral. Esto significa que no podrá difundirse propaganda ni realizar ningún acto de campaña una vez ésta haya finalizado, es decir; durante la jornada de reflexión. Esto último so pena de ser sancionado por la Junta Electoral correspondiente (art. 53).

Además, un aspecto curioso es la expresa prohibición de la campaña institucional de fomento del voto –cosa que por cierto, en otros países se utiliza y con mucho afán-, consecuencia del Acuerdo de 24 de abril de 2002 la Junta Electoral Central donde se entendió que la abstención es una opción para el elector tan legítima como el propio ejercicio del derecho de sufragio. Sin embargo, el art. 50.1 de la LOREG sí permite dicha campaña a efectos meramente informativos sobre las fechas, procedimientos y requisitos que los ciudadanos han de saber para poder votar. Cabe destacar que no cualquier poder público está facultado para facilitar dicha información, sino tan sólo aquellos que en virtud de su competencia legal hayan convocado el proceso electoral.

En cuanto a los medios utilizados en campaña, más que un sistema de prohibiciones se establece un sistema de reparto proporcional, cuyo parámetro es la representación parlamentaria de cada partido a la hora de repartir los espacios gratuitos de propaganda en las emisoras de television y de radio de titularidad pública.

Fuente: Elaboración propia

Imagen: propaganda electoral 

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