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Limitando la revisión de oficio

Es bien conocido en el mundo jurídico el “conflicto” que existe entre las Administraciones Públicas y los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, las unas “barriendo” para casa con sus decisiones, resoluciones y actos, y los otros ejerciendo una función en muchos sentidos revisora de todos los excesos cometidos por aquellas.

Y es en este contexto donde nos encuadramos, con objeto de analizar las decisiones y actuaciones de unos y otros en el asunto relativo a las subvenciones concedidas por la Administración de la Junta de Andalucía en el caso de los ERE.

En este sentido, el tema que nos ocupa comienza a desarrollarse en torno a los años 2002 y 2003, años en los que la Junta de Andalucía concedía, a través de muchos de sus organismos, subvenciones en diversos ámbitos de actividad. La problemática de estas subvenciones es que en muchos casos se entregaban sin necesidad de optar a ellas y, en muchas ocasiones, sin necesidad incluso de solicitar la propia ayuda. Estas concesiones, realizadas de manera arbitraria y contraviniendo las normas administrativas tanto de carácter general como las específicas en cuanto a las subvenciones, han dado lugar en la actualidad a ciertas prácticas por parte de la Administración para la recuperación de las cantidades entregadas en concepto de subvención.

Pero, ¿Cómo reclama la administración la devolución de las cuantías concedidas? Pues bien, sabemos que las Administraciones Públicas poseen, dado su carácter especial, una serie de premaxresdefaultrrogativas o facultades propias conferidas por la legislación para el ejercicio de su actividad y regular las relaciones con los particulares. Así, entre estas facultades, la ley otorga a las Administraciones Públicas la posibilidad de revisar sus propios actos sin necesidad de acudir a la vía judicial, pudiendo modificar o eliminar estos actos por sí misma. Esto es lo que se conoce como la “autotutela declarativa” (García de Enterría).

Uno de estos procedimientos para eliminar los actos administrativos es la revisión de oficio (artículo 102 de la LRJPAC), que permite a la Administración declarar por sí misma la nulidad de sus propios actos “en cualquier momento”. Esta nulidad, claro está, debe estar basada en alguna de las causas recogidas en el artículo 62 de la ley 30/92.

Por este motivo, la Administración aprovechó su mala actuación al conceder las subvenciones sin emplear procedimiento alguno para, a través de un procedimiento de revisión de oficio, decretar la nulidad de dichas actuaciones por existir nulidad al “haber prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido” (art. 62.1.e LRJPAC).

Ante esta situación, y tras los correspondientes recursos en vía administrativa, la cuestión llega a los órganos de la jurisdicción contenciosa, los cuales toman una postura clara que deja sin efecto las revisiones de oficio efectuadas por la Administración. Tal y como establecen los órganos jurisdiccionales, efectivamente existe una situación de aplicación de la revisión de oficio y causa de nulidad derivada de la inaplicación de procedimiento alguno para la concesión de las subvenciones, siendo acertado el mecanismo empleado por la Administración. Si bien esto es cierto, existen ciertas circunstancias en todos estos casos que llevan al Tribunal a desmontar las pretensiones de la Administración. La fundamentación es la que sigue:

Al margen de la imprescriptibilidad de las acciones de nulidad, el ordenamiento jurídico recoge, en el artículo 106 de la LRJPAC, determinadas circunstancias que limitan el ejercicio de la acción de revisión de oficio, no pudiendo ejercerse esta acción cuando “su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes”. En base a estos elementos limitativos de la aplicación de la revisión, los Tribunales consideran la existencia de una dualidad entre dos pilares que rigen en el seno de nuestro ordenamiento, la legalidad y la seguridad jurídica. El principio de legalidad, por su parte, postula la posibilidad de revocar actos cuando se constata su ilegalidad, mientras que el principio de seguridad jurídica tiene la función de garantizar que una determinada situación jurídica que se presenta como consolidada no pueda ser alterada en el futuro.

En este sentido, la imposibilidad de satisfacer estos dos principios parece imposible en este caso dada la oposición que los enfrenta, de manera que la única salida lógica es la de tratar de ponderar o compatibilizar ambos principios de manera que alcancemos una situación de equilibrio entre ellos. Y es precisamente esto lo que proponen los Tribunales para solucionar el conflicto que nos ocupa, entendiéndose que “en la búsqueda del deseable equilibrio el ordenamiento jurídico sólo reconozca la revisión de los actos en concretos supuestos en que la legalidad se ve gravemente afectada y con respeto y observancia de determinadas garantías procedimentales en salvaguarda de la seguridad jurídica”.

Por lo tanto, la solución que exponen los órganos jurisdiccionales para este caso concreto es la necesidad de mantenimiento del principio de seguridad jurídica por encima del principio de legalidad, aunque la casuística en este tipo de casos es muy amplia, dependiendo la aplicación de este artículo 106 de los bienes jurídicos en juego o los derechos y obligaciones originados en el seno de las relaciones entre la Administración y el ciudadano y las relaciones e
ntre particulares, entre otros aspectos. Ésta ha sido la decisión tomada en el TSJ de Andalucía, aunque a buen seguro la decisión alcanzará el Supremo.

Al margen de las decisiones del ámbito administrativo, estos casos están aún salpicados por la posible comisión de diferentes delitos por la concesión arbitraria de las subvenciones, delitos que pueden ir desde fraude de subvenciones, cohecho, prevaricación y un largo etcétera que hacen que todavía no se pueda poner el punto y final a estos casos. Hasta entonces, la polémica está servida.

* Vía| Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sevilla (Sala de lo contencioso-administrativo, sección 1ª, de 19 de enero de 2016.
* Imagen| YTIMG

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