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Limitaciones urbanísticas en centros de culto religioso

untitledPensando en escribir algo relacionado con el periodo navideño que está a punto de comenzar, recordé dos recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, relativas a las limitaciones impuestas por el planeamiento general de Bilbao para la implantación de locales destinados a culto religioso.

La primera, del mes de junio, resolvió el recurso de la Comisión Islámica de España contra la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao que introducía en sus normas urbanísticas dos nuevos artículos que limitaban la implantación de nuevos centros de culto religiosos y en concreto, prohibían su ubicación en los locales y edificios que tuvieran por uso principal el residencial o bien el uso de equipamiento destinado a residencias comunitarias.

Dicha asociación religiosa argumentaba que esta modificación suponía una restricción desproporcionada y una limitación de facto del establecimiento de los lugares de culto, incidiendo con ello en el derecho a la libertad religiosa garantizado por el artículo 16.1 CE, que comprende la posibilidad de apertura de centros de culto y reunión, sin que la apelación a la “convivencia social” que realizaba el planeamiento recurrido pudiera entenderse amparada en el concepto genérico de “orden público” que como único límite se establece en dicho precepto constitucional y desarrolla el artículo 3.1 de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 Julio, de Libertad Religiosa, tal y como ha sido interpretado por la sentencia del Tribunal Constitucional 46/2001 que prohíbe expresamente la limitación por razones de orden público con carácter preventivo.

Se añadía en el recurso que las posibilidades de implantación se reducían en más del 50% de los edificios de Bilbao y de un 88% de los edificios respecto de la situación preexistente.

El recurso fue desestimado, concluyendo el Tribunal que la ordenación establecida no incidía en el derecho a la libertad religiosa, en la medida en que el Ayuntamiento de Bilbao, en ejercicio de su potestad de ordenación urbanística, se limitaba a regular la implantación de nuevos equipamientos religiosos excluyendo su ubicación en edificios de uso residencial, con fundamento en las molestias que podían ocasionar a los residentes las concentraciones de feligreses, siempre bajo el prisma de sus competencias urbanísticas.

Literalmente argumentaba: Al regular la implantación de tales equipamientos religiosos, no regula ni el contenido esencial ni aspectos accesorios del derecho a la libertad religiosa, obrando en el ejercicio de la potestad de ordenación urbanística (…). El establecimiento de dicha ordenación es necesario para una convivencia ordenada y resulta obligado para el planificador por razones de interés general, siendo ajeno a la regulación del ejercicio de los derechos a la libertad religiosa o a la libertad de enseñanza, pues aunque ambos comportan el derecho a la creación de los centros de culto o de enseñanza, ello no significa que pueda hacerse al margen de la ordenación urbanística.

No obstante, el mismo Tribunal dejaba la puerta abierta para anular una modificación que, partiendo de la facultad de ordenación urbanística, supusiera una desproporción restrictiva que de facto, limitara el ejercicio del derecho fundamental: Cosa muy distinta es que la concreta ordenación resulte lesiva de tales derechos por ser desproporcionadamente restrictiva o por tener un efecto equivalente a una auténtica limitación del ejercicio del derecho fundamental. El planeamiento ha de posibilitar el ejercicio del derecho a la libertad religiosa en términos razonables y no discriminatorios, de acuerdo con las necesidades que se pongan de manifiesto por las entidades religiosas.

Pero a continuación concluía que en este caso concreto y con las pruebas que se habían practicado, no podía considerar que estábamos ante una restricción desproporcionada: Aun cuando la demanda afirma que la ordenación impugnada comporta una limitación de implantar centros de culto en los locales de viviendas colectivas, y que ello puede suponer una restricción de implantación de centros de culto en más del 50% de los edificios de Bilbao y en un 88% de los edificios respecto de la situación previamente existente, no desarrolla una argumentación suficiente al respecto, ni realiza una actividad probatoria mínima que permita concluir que se trata de una limitación desproporcionada y lesiva del derecho a abrir centros de culto.

Añadía el Tribunal que la mención relativa a la limitación de más del 50% de los edificios de Bilbao, además de que no se acreditaba con detalle, no era por sí suficiente, si el 50% restante posibilitaba razonablemente la implantación del uso. Y sobre la restricción del 88% sobre la situación preexistente, tampoco la consideraba relevante en sí porque el propio Plan salvaguardaba la situación de los centros que ya estuvieran abiertos con anterioridad, aplicándose la nueva ordenación exclusivamente a los que se fueran a abrir a partir de su entrada en vigor.

Por todo ello, se desestimaba el recurso. Desconozco si se ha planteado recurso contra la Sentencia pero es un asunto con indudable interés jurídico y que teóricamente podría –y quizás debería- ser resuelto por el Tribunal Constitucional.

Sin perjuicio de lo anterior me llamó la atención otra reciente Sentencia del mismo Tribunal, de noviembre de este año, en la que el mismo acuerdo, esta vez sí, se declaraba nulo de pleno derecho, estimando un recurso del Consejo Evangélico.

¿Había cambiado de criterio el Tribunal en tampoco tiempo? Revisada la Sentencia, no.

La declaración de nulidad se ha producido exclusivamente porque el artículo 108 de la Ley de Suelo y Urbanismo del País Vasco exige un programa de participación ciudadana para las modificaciones de la ordenación estructural urbanística y además, que este incorpore mecanismo suficientes para posibilitar a los ciudadanos y ciudadanas y entidades asociativas el derecho a participar en el proceso de su elaboración, lo que según el Tribunal no se había cumplido en la Modificación del Plan General recurrida.

Y esto me lleva a una reflexión. Se están introduciendo cambios normativos que amparan una cada vez mayor participación ciudadana, transparencia y acceso a los procedimientos y sin duda son necesarios y hay que profundizar en ellos. En cambio, no parecen ir acompañados de una necesaria cultura y pedagogía para que se apliquen en la práctica y las consecuencias jurídicas de no hacerlo pueden ser muy relevantes, como en este caso. Para quien quiera profundizar sobre ello dejo un link a un muy interesante blog de urbanismo que lo analiza con detalle.

Via| Javier Lusarreta
Más información|Sentencia Comisión Islámica Sentencia Consejo Evangélico http://urbaniker.net/
Imagen|http://urbaniker.net/wp-content/uploads/2014/12/Iglesia-Evangélica-BETEL.jpg

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