Derecho Penal, Jurídico 


Libertad condicional: Liquidación de condena y beneficios penitenciarios (II)

En esta segunda entrega vamos a hablar de la competencia funcional en la ejecución penal y de la liquidación de la condena.

II. Competencia funcional en la ejecución penal.

Liquidación condenaEn materia de ejecución de sentencia hemos de distinguir el reparto de funciones existente entre dos órganos jurisdiccionales:

a) El juez o tribunal sentenciador, en su condición de órgano jurisdiccional que hubiera dictado la resolución que sea firme (art. 985 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en adelante LECrim). A este tribunal le corresponde resolver los aspectos de la ejecución distintos al cumplimiento efectivo de la pena privativa o de privación de libertad: suspensión o sustitución de la pena, ejecución civil, liquidación de responsabilidades civiles, tramitación de solicitudes de indulto, etc. Así pues, el tribunal sentenciador deberá adoptar todas las medidas necesarias para que el condenado ingrese en el establecimiento penal destinado al efecto, lo que incluye el mandamiento de detención e ingreso en prisión a las autoridades gubernativas. Remitiéndose previamente al establecimiento penitenciario testimonio de la sentencia firme y liquidación de condena del penado; en caso de ingreso voluntario del penado, deberá el director del establecimiento penitenciario recabar del tribunal sentenciador el correspondiente mandamiento (art. 16.3 del Reglamento Penitenciario, en adelante Rto. LGP). Constituyéndose la detención del penado en un medio de ejecución de sentencia y no en una medida cautelar. Hemos de indicar que desde el año 2010 corresponde al secretario judicial impulsar el proceso de ejecución de la sentencia dictando al efecto las diligencias oportunas.

b) Jueces de vigilancia penitenciaria. Les corresponde (art. 76 LOGP) la adopción de todas las medidas necesarias para que los pronunciamientos de las resoluciones judiciales en orden a las penas privativas de libertad se lleven a cabo, asumiendo de esta manera las funciones que corresponderían a los jueces y tribunales sentenciadores. Por lo tanto, les corresponderá resolver sobre los beneficios penitenciarios que puedan suponer un acortamiento de condena, incluida la petición de libertad condicional, y adoptar la resolución que proceda sobre suspensión de la ejecución por demencia sobrevenida. También corresponde a este órgano jurisdiccional la fiscalización de la actividad penitenciaria no sólo en fase de ejecución de sentencia, sino también en casos de internos preventivos; además de garantizar los derechos de los presos.

III. La liquidación de condena.

En la liquidación de condena se practica esencialmente el abono del tiempo de detención, prisión provisional u otras privaciones de libertad sufridas por el penado en razón del hecho de autos o por hechos anteriores. Respecto a la prisión provisional hemos de señalar que su tiempo de duración debe servir de abono para el cumplimiento de la pena, puesto que la regla general es que la medida cautelar y la pena se hayan producido en el mismo procedimiento; también habrá que tener en cuenta para el cómputo los días, si los hubiera, de detención policial (máximo de 48 horas). El cómputo se hace en días, contando los meses en treinta días y los años en 365. Por lo tanto, podemos definir la liquidación de condena como el documento en el que se establece por el tribunal sentenciador el tiempo de condena que un penado tiene que cumplir; tiempo efectivo de cumplimiento que partirá de la condena total impuesta en la sentencia de la que hay que deducir de la misma los días de detención policial y los de prisión preventiva.

Respecto al abono de las medidas cautelares privativas de libertad, valga a efectos explicativos el siguiente ejemplo práctico. Recientemente en los medios de comunicación apareció la noticia del acuerdo celebrado entre la Fiscalía y la defensa del que fuera presidente de la CEOE –caso GRUPO MARSANS-, aceptando la defensa de este último una condena de cinco años y medio de prisión [nos encontramos ante una rebaja considerable de la pena (por colaboración con la justicia en el resarcimiento patrimonial del daño causado) en relación a la petición inicial del ministerio público que era de quince años de cárcel] por los delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en grupo criminal. Como este señor llevaba ya dos años y medio en prisión preventiva como medida cautelar, dicha cifra debemos restarla a la condena impuesta; así pues, deberá cumplir los tres años de condena que restan.

 

Vía|Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código PenalLey Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General PenitenciariaReal Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, Instrucción 3/2004, de 29 de diciembre de 2004, de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias (DGIP), Julián Carlos Ríos Martín, Manual de Ejecución Penitenciaria, editorial Colex; Memento Práctico Francis Lefebvre, Proceso Penal; Juan Montero Aroca (Director), El Proceso Penal, editorial Tirant lo Blanch.

Imagen| Mazo

En QAH| Libertad condicional: Liquidación de condena y beneficios penitenciarios (I)

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