Jurídico 


Libertad condicional: Liquidación de condena y beneficios penitenciarios (I)

En esta primera entrega vamos a abordar el tema de la libertad condicional desde una perspectiva introductoria y explicativa de los requisitos que deben concurrir para su concesión.

Inherente al cumplimiento de las penas privativas de libertad, y como una de las virtudes del sistema de resocialización (reeducación) y reinserción del penado constitucionalmente proclamado e históricamente aplicado, nuestro sistema penitenciario cuenta con los beneficios de la clasificación en grados y de la libertad condicional o cuarto grado penitenciario que le otorga al penado una anticipación de la salida en libertad antes del íntegro cumplimiento de la condena impuesta. Libertad como su nombre indica sometida a condición, pues queda el ejercicio de su disfrute por el sentenciado a expensas del cumplimiento de las reglas de conducta impuestas por el Juez de Vigilancia Penitenciaria y a que el condenado no vuelva a delinquir.

Libertad condicionalBeneficios que se verán cercenados, en sede de ejecución de las penas privativas de libertad, con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (en adelante, CP), y la entrada en el ordenamiento punitivo de nuestra justicia de la tan cuestionada, y denostada por la doctrina científica más cualificada, prisión permanente revisable. Recordemos que esta nueva pena de prisión permanente revisable debe ser compatible con nuestro régimen penitenciario en el que rige el sistema de progresión de grado de la pena. Pero, ¿qué función resocializadora tiene para el condenado este sistema progresivo si, en aquellos supuestos de delitos de terrorismo (Capítulo VII del Título XXII del Libro II) con causa de muerte, no podrá ser clasificado en tercer grado hasta haber cumplido 20 años de prisión efectiva y de 15 años en el resto de los casos (art. 36.1 CP)?; respecto a los permisos de salida, 12 años de cumplimiento efectivo de prisión para los primeros y 8 años para el resto de estos delitos de excepcional gravedad.

Para la obtención de este beneficio penitenciario deben cumplirse una serie de requisitos que se establecen en los artículos 90, 91 y 92 CP:

a) Que el penado se encuentre en tercer grado de tratamiento penitenciario.
b) Que se hayan extinguido las tres cuartas partes de la condena impuesta.
c) Que se haya observado buena conducta y exista respecto de los sentenciados un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, emitido en el informe final previsto en el artículo 67 de la Ley Orgánica General Penitenciaria (en adelante, LOGP).
d) Ello siempre y cuando el sentenciado hubiera satisfecho la responsabilidad civil procedente del delito conforme a los criterios establecidos por el art. 72.5 y 6 LOPG. En este sentido, lo que se premia en el ámbito penitenciario es el esfuerzo del infractor por reparar el daño causado; así pues, aunque el pago sea modesto o limitado, pero acorde a las circunstancias o posibilidades económicas del reo, debe considerarse satisfecha la responsabilidad civil. Inclusive, una vez obtenido el tercer grado o la libertad condicional, el incumplimiento del penado de la obligación de pago de dicha responsabilidad civil no debe dar lugar necesariamente a una regresión en grado (segundo grado) o a la revocación de la libertad condicional.
e) Beneficio penitenciario. El art. 91 CP le otorga al Juez de Vigilancia Penitenciaria, previo informe [no vinculante (es el Juez de Vigilancia Penitenciaria quien tiene la función jurisdiccional de hacer ejecutar lo juzgado)] del Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias, la potestad para conceder la libertad condicional a los sentenciados a penas privativas de libertad que hayan extinguido las dos terceras partes de la condena; exceptuando de este beneficio a aquellos condenados cuyo delito sea de terrorismo o referentes a delitos cometidos en el seno de organizaciones terroristas u organizaciones o grupos criminales.

 

Vía|Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código PenalLey Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General PenitenciariaReal Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, Instrucción 3/2004, de 29 de diciembre de 2004, de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias (DGIP), Julián Carlos Ríos Martín, Manual de Ejecución Penitenciaria, editorial Colex; Memento Práctico Francis Lefebvre, Proceso Penal; Juan Montero Aroca (Director), El Proceso Penal, editorial Tirant lo Blanch.

Imagen| Fotolibre

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