Derecho Internacional, Derecho Penal, Jurídico 


Leyes de amnistía: solución o aberración

Ríos de tinta se han hecho correr acerca de  la legitimidad y la validez de las leyes de amnistía, jugando éstas un papel relevante en la configuración de los pilares que definen la  Justicia Transicional, entendiéndose por ésta el proceso que se extiende desde que finaliza un conflicto armado o una dictadura hasta que se consolida la Paz o la Democracia en un país concreto. Este proceso va seguido de una serie de mecanismos tendentes a garantizar la reconciliación nacional por un lado y la responsabilidad penal de aquellos que cometieron los crímenes más atroces. Es sin duda un dilema harto complicado, pues parece contradictorio la combinación de la unidad y la reconciliación nacional con la persecución penal.

Dentro de la Justicia Transicional, tres son las materias que tradicionalmente se abordan: derecho a saber, asociado con la constitución de Comisiones de la Verdad, órganos temporales sin carácter jurisdiccional  que investigan  los abusos graves y generalizados de los Derechos humanos cometidos durante un periodo concreto con el fin de clarificar la suerte y paradero de las víctimas ( véase por ejemplo la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas  de Argentina que fue creada en el año 1984), medidas de reparación, destinadas a eliminar en la medida de lo posible todas las consecuencias derivadas de la comisión de un ilícito, así como restablecer la situación anterior al conflicto. Y finalmente la  justicia penal y en concreto la aparición de las leyes de amnistía.

Se entiende por ley de amnistía aquellas medidas tendentes a impedir la investigación de unos determinados hechos y por consiguiente el establecimiento de la responsabilidad penal de un sujeto en atención a consideraciones políticas o de otra índole de carácter extrapenal. Los primeros pronunciamientos sobre la incompatibilidad de las leyes de amnistía con el Derecho Internacional provienen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  a mitad de la década de los 80. Este organismo afirmó  en relación con las leyes de Punto Final o de Caducidad dictadas por los gobiernos de Uruguay, el Salvador o Argentina que  si bien es cierto que depende de la voluntad de un gobierno la aprobación de una ley de este calibre, depende de la propia comisión garantizar que dichas leyes no violaran la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

El TEDH ha tardado en pronunciarse claramente  sobre la cuestión, haciéndolo finalmente en el año 2014 con el Caso Margus Vs Croacia afirmando que existe una clara tendencia a considerar las amnistías como contrarias al Derecho Internacional, siendo también contrarias al artículo 2 y 3 del CEDH en tanto que estas leyes obstaculizan la persecución penal de los responsables.Sin embargo esta total incompatibilidad con el CEDH ha sido relativizada por los jueces Sikuta, Wojtyczeck y Vehabonuic en su voto particular en este mismo caso, sosteniendo que en determinadas circunstancias puede haber razones prácticas a favor de este tipo de leyes, siendo éstas en ocasiones una herramienta que permite poner fin a un conflicto armado o a un régimen político que viola los derechos humanos, evitando de este modo que se produzcan más violaciones en el futuro.

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En la doctrina la cuestión no deja de ser dispar, algunos autores consideran legítimas las amnistías condicionadas, por la cual se lleva  a cabo una rebaja sustancial de la responsabilidad penal siempre y cuando se lleven a cabo una serie de conductas ( véase por ejemplo el reciente  Acuerdo de Paz para Colombia en el que se crea una Jurisdicción especial para la paz en la que en ningún caso se amnistía de forma absoluta los crímenes internacionales sino que se impone una justicia restaurativa  para aquellos sujetos que cometiendo crímenes internacionales ” ofrezcan verdad y reconocimiento de responsabilidad” ante la sala correspondiente, imponiendo una sanción máxima de 8 años).Para otros autores esta clase de medidas serían contrarias al Estatuto de Roma que considerarían que el Estado parte está con estas argucias sustrayendo al sujeto de la verdadera justicia penal internacional ( recordar que una de las condiciones de admisibilidad del ER  es la falta de voluntad penal de un Estado parte para ejercer la acción penal de forma efectiva)

La doctrina si es unánime en calificar como contraría al derecho internacional la amnistías absolutas: aquellas en las que se exime de responsabilidad penal a los perpetradores de crímenes internacionales  sin ningún tipo de condición o las autoamnistías : aquellas aprobadas por un régimen no democrático respecto a los crímenes cometidos antes del periodo de transición.

España no es ajeno  al fenómeno de la justicia transicional ni al de las leyes de amnistía, sin duda mucho se ha discutido sobre la compatibilidad de la Ley de Amnistía Española ( Ley 46 /1977)  con el derecho internacional. En las próximas lineas se dará un pequeño esbozo de los problemas que se plantean en torno a esta ley y de las soluciones aportadas por la doctrina y los tribunales.

En primer lugar se ha afirmado abiertamente que la Ley 46/1977 es contraria al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que fue suscrito por España y publicado en el BOE el 30 de abril de 1977, seis meses antes de que las Cortes aprobaran la Ley de Amnistía en octubre del 77. En su articulo 15 y en consonancia con el artículo 7,2 del CEDH afirma “Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional.” Se acoge tanto en este texto legal como en su homónimo europeo la idea de un principio de legalidad laxo donde la costumbre internacional puede jugar un papel crucial a la hora de determinar crímenes internacionales. Los principales escollos que se plantean al respecto no ya en el ámbito interno, donde el propio Tribunal Supremo ya se ha pronunciado en el Caso Scilingo sobre  la contrariedad de la costumbre internacional como definidor de delitos dado su contrariedad con los artículos 9.3 y 25 de nuestra Carta Magna así como con el artículo 2 del CP, sino a nivel internacional.

En primer término hay que la  mencionar que el Comité de Derecho Humanos de Naciones Unidas  negó que hubiese contradicción del mencionado PIDCP cuando las violaciones de derechos humanos se hubiesen producido antes de la entrada en vigor del Pacto para el Estado en cuestión, y aunque la ley de amnistía se haya aprobado después ( como ocurre en el caso español) de la entrada en vigor, atendiendo a que el derecho al recurso aparece únicamente cuando la violación se comete una vez entrado en juego el Convenio y no antes ( en el caso español las violaciones se produjeron antes y no después de la entrada en vigor).

En segundo término se critica a nivel internacional la violación de la costumbre internacional que  obliga a castigar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Se ha de dejar claro que en los tiempos en los que la ley de amnistía fue elaborada el crimen de lesa humanidad no se encontraba plenamente conformado ni delineado. El profesor Bassiouni, especialista en el crimen contra la humanidad y padre del informe del Secretario General de Naciones Unidas que dio luego origen al Estatuto del TPIY( año 1993), declaraba en un congreso en Siracusa, que había introducido en la definición del crimen contra la humanidad en el mencionado Estatuto la necesidad de una relación con la guerra porque no estaba seguro de que existiese una norma internacional consuetudinaria en aquel momento que reconociese el crimen contra la humanidad independiente.

Finalmente se ha de añadir que la ley de amnistía española no es un obstáculo para la persecución por tribunales de otro país, en ejercicio del principio de jurisdicción universal, ( igual que ocurrió en el caso español con los casos Pinochet y Sclingo) de los crímenes que en el momento de su comisión fueran tipificados como delitos internacionales y que no hubieran prescrito conforme con el país que lo persigue. Según Alicia Gil Gil ” El tercer Estado que lleva adelante la persecución no esta vinculado por los obstáculos de procedimiento existentes en otra jurisdicción”.

Vía | Ley de amnistía

Imagen | Amnistía

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