Tecnología y Social Media 


Ley Mordaza, Código Penal e Internet: una extraña familia

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Han pasado ya varios días desde que entrara en vigor el pasado 1 de julio la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida popularmente como “Ley Mordaza”. Los mismos días han pasado desde que se hicieran vigentes las últimas modificaciones del Código Penal a través de la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, la reforma más profunda efectuada en dicho Código desde su aprobación en 1995. Este cóctel de novedades normativas se ha convertido en el tema de corrillo, conversación y discusión por excelencia, y los debates que genera ocupan día tras día un espacio considerable en los medios de comunicación.

Aprobada definitivamente por las Cortes con los votos a favor del PP y toda la oposición en contra, la Ley de Seguridad Ciudadana es el resultado de 16 meses de tramitación y modificaciones. El texto definitivo, que podéis consultar aquí, a pesar de haber sido “suavizado” respecto al borrador presentado en noviembre de 2013, no ha sido bien recibido por amplios sectores de la sociedad; y su aplicación, junto a la del nuevo Código Penal, no ha estado ni estará exenta de polémica. Sus efectos se han empezado ya a notar, a nivel público, en la disolución de concentraciones no comunicadas y la identificación de sus supuestos organizadores. El tema de las manifestaciones es sin duda el más polémico y el mayor campo de cultivo de críticas a la nueva norma, denotando gran inseguridad jurídica en algunos de sus artículos y poniendo en entredicho derechos fundamentales como el de reunión y la libertad de expresión. Sin embargo, existe otro ámbito importante que va a dar (ya lo está haciendo) mucho que hablar: Internet y las tecnologías de la información. Tanto la Ley de Seguridad Ciudadana como la última reforma del Código Penal tienen también consecuencias para los usuarios de Internet, un entorno muy amplio y complejo donde a menudo las leyes chocan directamente con las libertades.

Ley Mordaza

 

  • Una de las cosas que no se pueden hacer sin riesgo de sanción es convocar manifestaciones o protestas en Internet, ya sea a través de redes sociales o por otros medios. El artículo 30 de la nueva norma señala que “se considerarán organizadores o promotores (de las protestas) quienes por publicaciones o declaraciones de convocatoria de las mismas, por las manifestaciones orales o escritas que en ellas se difundan, por los lemas, banderas u otros signos que ostenten o por cualesquiera otroshechos pueda determinarse razonablemente que son directores de aquellas”. Esto, por supuesto, se aplica también quienes publiquen dichas convocatorias en Internet.
  • Algunos delitos informáticos pasan ahora a ser considerados actos de terrorismo. Concretamente aquellos que tengan como objetivo “subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas, alterar gravemente la paz pública, desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional o provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella”. Por poner un ejemplo: el ataque a una web gubernamental.
  • Además, el nuevo Código Penal Nuevo incluye como delito la difusión de mensajes que inciten a la comisión de alguno de los delitos agravados de alteración del orden público, algo que, nuevamente, se aplica a la difusión de este tipo de mensajes a través de Internet.
  • Publicar fotografías y vídeos de policías en redes sociales también puede causar un buen lío. La Ley de Seguridad Ciudadana considera falta grave (castigada con multas de 601 a 30.000 euros) “el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miemLey-mordazabros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información”. Ese uso no autorizado incluye su publicación en redes sociales y otros lugares de Internet con motivos de protesta, una vía que ha servido los últimos años para identificar conductas dudosas por parte de no pocos agentes de la autoridad, lo que convierte a la última parte del enunciado en una especie de broma de mal gusto. ¿cuándo se considera que se pone en peligro la seguridad de un funcionario del estado? ¿quién se encarga de valorarlo? La polémica está servida.
  • Además, pasa a ser delito no solo crear o difundir sino consultar frecuentemente webs de contenidos “conflictivos”. Acceder de manera habitual a páginas web que incite a “la incorporación a una organización o grupo terrorista, o a colaborar con cualquiera de ellos o en sus fines” puede ser castigado con penas de entre 1 y 5 años de cárcel. Un punto controvertido. ¿Acaso leer libros de asesinos en serie te convierte en uno de ellos? En lo que respecta a los medios de comunicación, que para seguir ciertas investigaciones recurren frecuentemente a páginas web de todo tipo para buscar informaciones, ¿se pasará por alto esta norma o se le pondrá una traba más a la libertad de prensa y al derecho a la información?
  • La nueva redacción del Código Penal aumenta las sanciones por delitos de piratería, con penas de hasta 4 años de cárcel. Concretamente, el texto dice así: “Será castigado con la pena dpirateria-internet-sopa-pipae prisión de seis meses a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses el que, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya, comunique públicamente o de cualquier otro modo explote económicamente, en todo o en parte, una obra o prestación literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios”. 
  • Además de incrementarse las penas de prisión establecidas anteriormente (antes podía ir desde los seis meses hasta los dos años), se incorpora como conducta delictiva explotar económicamente o de cualquier otro modo una obra o prestación protegida sin la autorización de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual, sustituyéndose el elemento subjetivo «ánimo de lucro» por el de «ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto». Este detalle amplía considerablemente el rango de posibles sancionados, dando un nuevo mazazo a las webs de enlacesDe hecho, uno de los nuevos artículos del Código Penal establece que “la misma pena se impondrá a quien, en la prestación de servicios de la sociedad de la información, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, y en perjuicio de tercero, facilite de modo activo y no neutral y sin limitarse a un tratamiento meramente técnico, el acceso o la localización en Internet de obras o prestaciones objeto de propiedad intelectual sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos o de sus cesionarios, en particular ofreciendo listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras y contenidos referidos anteriormente, aunque dichos enlaces hubieran sido facilitados inicialmente por los destinatarios de sus servicios”. La primera web española afectada fue Subtítulos.es, el famoso portal especializado en la creación de subtítulos para series, que sorprendió a millones de internautas, cinéfilos y seguidores de las series en versión original anunciando su cierre el pasado 30 de junio, un día antes de la entrada en vigor de las nuevas normativas.

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Esta es una muestra de algunos aspectos de la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal que tendrán incidencia en el ámbito de Internet, tan difícil, sin embargo, de controlar.  Lejos de valorar si todos ellos son positivos o negativos, dado que hay opiniones para todos los gustos, se abre el debate de si todas estas nuevas normas respetan la libertad de expresión, información y prensa. Sirva de reflexión el primer apartado del articulo 3 de la “Ley Mordaza”, referente a sus fines: “La protección del libre ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas y los demás derechos reconocidos y amparados por el ordenamiento jurídico”. Haciendo especial hincapié, en sus principios expresos, a los derechos de reunión y manifestación, las libertades de expresión e información, la libertad sindical y el derecho de huelga. Pasen y vean.

 

Vía| Ley Orgánica 4/2015 – BOE.es, Ley Orgánica 1/2015 – BOE.es

Imagen| Omicrono.com, ElBoletín.com, Litoral, Pijamasurf.com, TheBeginMovies.com

También en QAH | ¿Ley mordaza o respeto al ciudadano?La Ley Mordaza no protege la seguridad ciudadana, Los 10 carteles de protesta más imaginativos del 2014

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