Jurídico 


Ley, Decreto ley y Decreto legislativo

La situación de crisis que vivimos desde hace ya unos años nos ha llevado a modificar y así adaptar, en la medida de lo posible,  muchas de nuestras leyes. Para ello nuestro Gobierno actual está utilizando de forma bastante regular un tipo de norma con rango de ley: el Decreto Ley. Sin entrar a valorar la idoneidad o no de esta forma de proceder, a continuación explicaré el concepto y las diferencias entre estos tres tipos de normas y las implicaciones que las mismas conllevan.

La ley, en sentido amplio, es una norma jurídica emanada de los poderes políticos que debe cumplir ciertos requisitos intrínsecos como el de racionalidad (en relación al Derecho Natural), obligatoriedad (lo que implica una sanción en caso de incumplimiento) y generalidad (aplicabilidad a una cantidad indeterminada de casos); y extrínsecos como el de la legitimidad de origen, el cumplimiento del procedimiento de elaboración y su posterior publicación en el BOE. Encontramos tres tipos de normas con rango de ley: la ley en sentido estricto, el Decreto legislativo y el Decreto ley.

La ley, en sentido estricto, es la norma elaborada por el Poder Legislativo, que en España corresponde a las Cortes Generales. Dentro de éstas encontramos una modalidad regulada en el artículo 81 de la Constitución, las Leyes Orgánicas, que son especiales tanto por la materia que regulan (p.ej. la aprobación de los Estatutos de Autonomía) como por su procedimiento ya que -a diferencia de las leyes ordinarias para las que basta la mayoría de los miembros presentes en la Cámara- su aprobación, modificación y derogación exige la mayoría absoluta del Congreso en una votación final.

En ciertos casos, muy específicos, se permiten las normas con rango de ley aprobadas por el Gobierno. Empezando por el Decreto legislativo (artículos 82 a 85 CE), se define como la norma aprobada por el Poder Ejecutivo mediante una delegación legislativa (materia concreta, forma y fijación del plazo para su ejercicio) que las Cortes Generales le han conferido. Esta delegación se puede hacer mediante una ley de bases, lo que nos llevará a un Texto Articulado (texto de nueva creación), o mediante una ley ordinaria, que nos lleva a un Texto Refundido (refunde textos existentes).

Los Decretos leyes son, a priori, normas absolutamente extraordinarias que vienen reguladas en el artículo 86 CE que dispone en su primer apartado: “En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título Primero, al régimen de las Comunidades Autónomas, ni al derecho electoral general.” Por tanto estas disposiciones legislativas están limitadas en cuanto a su causa, materia y eficacia (ya que son provisionales). El segundo apartado dispone que deben ser inmediatamente sometidos a debate y votación de la totalidad del Congreso de los Diputados en el plazo de 30 días siguientes a la promulgación. En este debate se decidirá sobre su convalidación o derogación. Hay que tener presente que la convalidación no convierte al Decreto ley en Ley por lo que aún convalidando, le seguirán afectando las dos primera limitaciones, sin perjuicio de que durante este  plazo se tramite por las Cortes como Proyecto de Ley.

La CE no determina qué se entiende por “caso de extraordinaria y urgente necesidad” por lo que queda a decisión discrecional del Gobierno con el riesgo que conlleva todo concepto jurídicamente indeterminado. El TC ha determinado en su STC 137/2011 que la situación ha de ser inaplazable , debe existir coherencia entre la situación y las medidas y, no se pueden establecer normas con vocación de estabilidad y permanencia indefinidas. En estos tiempos de crisis se opta por esta norma porque implica que las medidas se adopten ipso facto sin tener que esperar a que se tramite el Proyecto Ley por los métodos ordinarios, sin perjuicio de su debate posterior. La controversia por su utilización masiva está servida, ¿a favor de su utilización dada nuestra situación o en contra de “normalización”?.

Vía| Constitución Española

Más información| Enciclopedia jurídica, Diariodemallorca.es,

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