Jurídico 


Ley de Transparencia

El 9 de diciembre ha sido publicada en el BOE la novedosa Ley 19/2013, denominada Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen Gobierno. En julio de 2012, el Proyecto de Ley se remitió a las Cortes donde fue debatido hasta su aprobación en septiembre de este año.

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España era el único país con más de 1 millón de habitante hasta la fecha que no tenía ninguna norma que regulase el acceso a la información de los gobiernos y sus órganos por parte de los ciudadanos.
La promulgación de esta Ley, sin pasar a analizar detalladamente su contenido, parece buena, ya que refuerza el constitucionalmente establecido Estado Social, Democrático y de Derecho.

Esta Ley establece una serie de obligaciones concretas para los miembros del Gobierno, entidades públicas estatales y Altos Cargos de la Administración General del Estado. Obliga principalmente a los políticos a informar en qué gastan el dinero público. Permite a su vez, que los ciudadanos tengamos acceso a las subvenciones, contratos o sueldes de los cargos públicos. Además se establece la obligación de hacer públicos los informes de auditoría y financiación.

Me parece importante señala que esta Ley obliga a ser transparentes a todos los poderes del Estado, a las Administraciones Públicas, Colegios Profesionales, Partidos Políticos, órganos constitucionales, entes independientes, etc. Pero resulta muy novedoso que la casa real, tan cuestionada y criticada en nuestros días, entre otras cosas por la falta de transparencia, estará sometida por esta Ley. Esto supone que será la primera monarquía sometida a una Ley de este tipo. Cabe resaltar y a mi parecer es criticable, que el derecho a la transparencia respecto a las Administraciones Públicas es proyectado en toda su extensión, en cambio en órganos tan importantes como Congreso y Senado, Tribunal Constitucional, Banco de España (entre otros), la transparencia sólo alcanza a sus “actividades sujetas a Derecho Administrativo”.

En el caso de que no se de o se oculte información, la Ley establece una serie de infracciones divididas en: infracciones en materia de conflicto de intereses, en materia de gestión económica-presupuestaria y en el ámbito disciplinario.

En cuanto al órgano que velará por el cumplimiento de esta Ley, se ha creado el Consejo de Transparencia y buen Gobierno. Este órgano, supuestamente, se regirá por los principios de mayor independencia y especialización. Tendrá una comisión formada por 7 personas, deberá remitir un informe anual a las Cortes y su mandato será de 5 años y deberá contar con el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. No obstante, este Consejo queda bajo sospecha de parcialidad ya que su composición es mayoritariamente política.

Cualquier interesado podrá acceder a los expedientes, es decir, a las actuaciones formalizadas anteriores de las decisiones administrativas. En cambio, son excluidas las solicitudes de acceso a las que se refieran a información que esté en curso de elaboración o publicación general, las referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, las relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración.

En mi opinión, cuanta más transparencia haya, y más en la situación actual española de corrupción existente, más beneficioso será para los ciudadanos, ya que supone un instrumento de control popular. No obstante, parece que molesta que los ciudadanos sepamos adónde se destina nuestro dinero, a que tengamos un baremo de control sobre ciertos organismos y podamos de esta manera acercarnos a la realidad existente. Por lo que debemos reivindicar, aunque esta Ley haya sido un cierto avance, más transparencia, puesto que constituye la esencia de un sistema democrático y un cauce para mejorar la participación ciudadana.

 

Vía| 20minutos

Imagen| transparencia

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