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Ley de segunda oportunidad (ii): problemas prácticos

Como ya hicimos eco en el anterior post , la Ley de segunda oportunidad ha sido fuertemente criticada por la mayoría de los profesionales del sector, que la ven únicamente como un principio de contención de las consecuencias padecidas por autónomos, familias y pequeños empresarios durante la crisis económica, pero que tachan de insuficiente las medidas formuladas, planteando una serie de problemas prácticos que hacen que sea una ley que no ataja el problema de raíz.

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Así recordemos, la segunda oportunidad ha sido formulada, para que los emprendedores que fracasen en su primer negocio puedan impulsar otro proyecto en algún momento posterior, sin ser asfixiados por las deudas contraídas, planteándose para ello quitas parciales y totales a este endeudamiento siempre y cuando se justifiquen que la crisis de su negocio no se produjo por razones fraudulentas.

Sin embargo, como bien viene al caso tan conocida expresión “hecha la ley, hecha la trampa”, la Ley de Segunda Oportunidad presenta dos particulares que requieren mención especial:

1) Las deudas públicas quedan excluidas de la Ley de Segunda Oportunidad.

A pesar de que una de las principales reivindicaciones que venían defendiendo las asociaciones de empresarios y autónomos en general, respondía al hecho de que no se excluyera de estas quitas ninguna deuda dependiendo de su clasificación, esto no ha sido acogido por el legislativo, por cuanto que finalmente ha determinado que las deudas contraídas con la administración pública (créditos de derecho público), como serían principalmente pagos pendientes a Hacienda o a la Seguridad Social no gozan de exención alguna.

Siendo esto así, que a priori parece del todo ilógico si atendemos a que la mayor parte de las deudas que posee las pymes y pequeños empresarios devienen de los impagos de tributos y de cuotas sociales, por lo que su situación de agravio quedaría prácticamente intacta.

Asimismo, esta distinción a buen seguro provocará un efecto boomerang siendo irremediablemente la causante de una práctica entre autónomos o pequeño empresarios, que una vez ahogados por las deudas, seguirán pagando impuestos y seguridad social dejando de hacer frente a otras partes como entidades financieras o proveedores, con el único fin de “hacer caja” y disminuir la deuda que luego le va a persistir.

Esto a su vez, generara desconfianza en bancos y entidades prestamistas que limitaran las líneas de créditos, salvo para aquellos supuestos en los que existan avalistas que no puedan jamás acogerse a esta ley, y/o con garantías sobre bienes, (leasing, hipotecas no sobre domicilio habitual), reservas de dominio, pignoraciones, etc., con lo que podría ser peor el remedio que la enfermedad.

2) La letra pequeña en el crédito hipotecario.

Otros de los aspectos claves donde la Ley de Segunda Oportunidad tampoco ha cumplido las expectativas, se refiere a la solución dada los casos del endeudamiento hipotecario, principal causa de insolvencia entre las familias españolas durante la crisis avocando al desahucio a un importante número de ellas.

Y esto es así, porque no se establece una verdadera segunda oportunidad para todos aquellos ciudadanos hayan sido incapaces de hacer frente a sus hipotecas, sino solo para el caso de que el deudor hipotecario reúna una cantidad importante de requisitos para poder acogerse a ella, lo que hará que el alcance de las medidas proyectadas sea muy inferior al deseado.

En primer lugar, es indispensable que la entidad concesionaria de la hipoteca esté adherida al Código de Buenas Prácticas. Este código sirve de guía para estas operaciones de reestructuración de las deudas hipotecarias, pero es voluntario. Es decir, la ley no obliga a las entidades a aplicarlo, por lo que a día de hoy existen entidades que no lo están.

En segundo lugar, además,  para acogerse a esta reorganización de la deuda hipotecaria los afectados deberán cumplir otros requisitos:

– Debe haberse intentado llegar a un acuerdo extrajudicial previo a la presentación del concurso de acreedores.

– Debe liquidarse todo el patrimonio del deudor.

– Debe demostrarse que hay buena fe y no un intento por eludir las deudas.

– El precio de la vivienda no debe superar los 300.000 euros, 250.000 para acogerse a la dación en pago.

– El pago de la cuota hipotecaria debe superar el 60% de sus ingresos y todos los miembros de la unidad familiar deben estar desempleados.

– La hipoteca no debe tener aval, pues de lo contrario el avalista se hará cargo de la deuda.

Además, si finalmente se consigue la reestructuración de la deuda o incluso la exoneración del pago de la misma, ésta podrá revocarse si existe una mejora de la situación económica del deudor.

Es por ello que parece inexorable pensar, que lejos del verdadero interés de amortiguar la caída de los sectores más golpeados por la crisis, la promulgación de esta ley responde a un “consejo” impuesto desde Bruselas, ya que este tipo de leyes están presentes en la mayoría de legislaciones modernas, en donde España estaba a la cola de Europa sin una regulación al respecto.

A pesar de ello, se ha perdido una gran oportunidad, pues si comparamos la ley española con las de los países de su entorno, comprobamos que se acerca bastante, por ejemplo, a la ley alemana donde el deudor debe demostrar que está intentando salir de esa situación de insolvencia, es decir, que no está tratando de eludir responsabilidades. Pero se queda a años luz de la legislación francesa donde el deudor que solicite la insolvencia no tendrá que demostrarla, se entiende que actúa de buena fe, y le tocará a las entidades demostrar lo contrario. Además una vez presentada la insolvencia se paraliza cualquier acción de desahucio contra el deudor hipotecario.

En resumen, comparto el sentir de la mayoría de profesionales del sector que manifiestan que esta reforma legislativa es poco ambiciosa y plantean serias dudas de que sea la solución para miles de ciudadanos que esperan realmente una segunda oportunidad que esta medida no les proporciona.

Vía| El economista, cinco días, notariosyregistradores.

Más Información| Boletín Oficial del Estado, Ministerio de Economía y Competitividad.

Imagen| www.administradoresconcursales.org

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