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Ley de segunda oportunidad (i): objetivo y reformas principales

Como en todo año electoral, las novedades legislativas y promesas de cambio están a la orden del día, sucediéndose en cascada nuevas reformas y proposiciones normativas por parte del Ejecutivo y de la oposición respectivamente, que ayuden a acercarse al electorado más desfavorecido y de paso mejorar algún mecanismo que haya quedado obsoleto, siendo este el caso de la llamada “Ley de Segunda Oportunidad”.

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Así, como su propio nombre indica, el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social,  ha sido aprobado con la intención de devolver a los españoles algunos de los esfuerzos de la crisis y contribuir en la mejoría económica a los sectores más vulnerables, fijándose grosso modo un objetivo principal que pasa por establecer un nuevo sistema de exoneración de deudas para las personas físicas más flexible y eficaz, que se aplicará tras la conclusión de un concurso por liquidación o por insuficiencia de pago de la deuda.

En este sentido, se pretende instrumentar diversas vías de salvación para pymes, pequeños empresarios, autónomos y familias,  cuya situación financiera y crediticia haya quedado fuertemente golpeada por la crisis, y que tras la aplicación de los mismos, puedan seguir adelante en el maltrecho sector productivo de este país, en el cual recordemos, más del 90% está formado por autónomos y pequeños empresarios.

Por ello, tal y como determina la Exposición de motivos de la propia Ley, al margen de la modificación normativa en otras leyes de menor calado, las principales reformas operadas son las siguientes:

 1. Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

En primer lugar, con la introducción del nuevo artículo 178 bis, toda persona natural (consumidor y empresario) cuyo patrimonio se haya liquidado tras la declaración de concurso, puede obtener la exoneración legal de las deudas pendientes, siempre que (i) el concurso sea declarado fortuito, (ii) no haya sido el deudor condenado penalmente por el delito contemplado en el art. 260 CP u otro “singularmente relacionado con el concurso”, (iii) haya intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, y (iv) haya abonado todos los créditos contra la masa (los generados tras la declaración de concurso y demás enumerados en el art. 84.2 LC), los privilegiados (como pudiera ser una deuda hipotecaria) y el 25% del pasivo ordinario.

Como regla general, se exoneraría el pago del 75% del pasivo ordinario y todo el subordinado (art. 178.2 LC). Ello significa que aunque en el futuro el deudor llegue a mejor fortuna, los acreedores no podrían exigir sus créditos.

En segundo lugar, respecto al acuerdo extrajudicial de pagos se realiza una profunda reforma al art. 178 y ss LC, que intentaremos condensar en las siguientes ideas:

– Se amplía la legitimación activa para instar el acuerdo extrajudicial de pagos: se legitima a cualquier deudor persona natural para su solicitud, sin que tenga que concurrir en él la condición de empresario natural o por asimilación.

– En cuanto a la competencia para su tramitación se introduce como novedad la posibilidad para los deudores personas físicas empresarios y personas jurídicas de acudir a las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación que hayan asumido funciones de mediación. El nombramiento de mediador se mantiene el mismo procedimiento de designación directa por orden de lista (Art. 233 LC. En la DA-2 del RD ley se establecen las bases y criterios para fijar la remuneración del mediador concursal). En el supuesto de Acuerdos extrajudiciales de pago de personas físicas no empresarios la competencia para su tramitación se atribuye potestativamente a los Notarios, art 242 bis LC.

– Sobre el acreedor hipotecario, queda incorporado al acuerdo y debe ser convocado por el mediador concursal suprimiéndose la necesidad de solicitud expresa para su incorporación voluntaria del art 234-4 LC. Se limita el inicio y continuación de ejecuciones hipotecarias durante los tres meses del art. 235 LC cuando recaigan sobre la vivienda habitual o activo necesario para la continuidad de la actividad del deudor y los efectos que el convenio tiene para los créditos hipotecarios queda regulado en el nuevo art 238 bis.

– Otra medida novedosa es la exclusión por ley del devengo de intereses durante el plazo de negociación del acuerdo extrajudicial de pagos, respecto de los créditos afectados. Art 235 LC.

– Se amplían las facultades del mediador (art. 236 LC) con acciones como aumento del plazo de las posibles esperas a 10 años frente a los tres años anteriores o la permisión de quitas sin ningún tipo de límite, mientas que antes dichas quitas no podían superar el 25% del importe de los créditos afectados.

– En relación al concurso consecutivo posterior por la no aprobación de la propuesta de Acuerdo, por incumplimiento o anulación de éste, la actual regulación recoge las especialidades de su regulación en el art 242 LC, con la novedad más importante de que la solicitud de concurso consecutivo no abre “necesaria y simultáneamente la fase de liquidación” como decía la regulación anterior, sino que ahora se indica que el concurso consecutivo se tramitará por el procedimiento abreviado lo que permite una nueva oportunidad al Convenio previo a la liquidación.

– Por último el art. 242 bis LC regula un procedimiento especial de Acuerdo extrajudicial de pagos para las personas naturales no empresarios, dada su menor complejidad.

b) Modificación del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.

Se modifica el artículo 2, dejando el siguiente escenario:

– Se amplía el ámbito subjetivo del umbral de exclusión, incluyendo como nuevo supuesto de especial vulnerabilidad el del deudor mayor de 60 años, aunque no reúna los requisitos para ser considerado unidad familiar con ingresos bajos.

Inaplicación de las cláusulas suelo a aquellos deudores situados en el nuevo umbral de exclusión que las tuvieran incluidas en sus contratos. En concreto, no se aplicarán con carácter indefinido las cláusulas limitativas de la bajada del tipo de interés previstas en los contratos de préstamo hipotecario.

– La obligación de publicar el listado de entidades adheridas al Código de Buenas Prácticas ahora se regula por la D. Ad. 5ª.

c) Modificación de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

Se modifica el artículo 3 para extender la suspensión de lanzamientos derivados de un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria en los que se hubiese adjudicado al acreedor, o a persona que actúe por su cuenta, la vivienda habitual de personas que se encuentren en los supuestos de especial vulnerabilidad y en las circunstancias económicas previstas en el art 1 de la propia norma. Para ello:

– Se extiende la moratoria por dos años, hasta el 15 de mayo de 2017.

– Se añade un supuesto de vulnerabilidad: h) El deudor mayor de 60 años.

Al margen de otras reformas de gran trascendencia como la modificación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre que exime del pago de las tasas judiciales a las personas físicas y otras que inciden directamente en el ámbito laboral, esta han sido las principales novedades introducidas por el Real Decreto-ley 1/2015, sin embargo, como trataremos de explicar en la segunda parte de este post, la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad plantea serias dudas de carácter técnico así como no termina de abordar toda la problemática existente sobre la materia, dejando con un sabor agridulce a gran parte de los profesionales del derecho.

 

Vía| El economista, notariosyregistradores.

Más Información| Boletín Oficial del Estado, Cinco Días, Ministerio de Economía y Competitividad.

Imagen| Emtel.net

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