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Ley de Montes: no más incendios

A causa de los recientes incendios que se han producido en Galicia, me parece importante informar sobre la reforma que se produjo en 2015 en la Ley de Montes, concretamente relativo a la recalificación de los terrenos incendiados.

Me refiero concretamente a la modificación que se produjo en el artículo 50 de la ley 43/2003 de 21 de noviembre, de Montes. La cual, se aprobó mediante la Ley 21/2015, de 20 de julio.

Vamos a ver la evolución que ha sufrido este artículo:

  • Redacción de 2004 a 2006

Las Comunidades Autónomas deberán garantizar las condiciones para la restauración de la vegetación de los terrenos forestales incendiados, quedando prohibido el cambio del uso forestal por razón del incendio. Igualmente, determinarán los plazos y procedimientos para hacer efectiva esta prohibición.

  • Redacción de 2006 a 2015

Las Comunidades Autónomas deberán garantizar las condiciones para la restauración de los terrenos forestales incendiados, y queda prohibido.

a) El cambio de uso forestal al menos durante 30 años.

b) Toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal, durante el período que determine la legislación autonómica.

Con carácter singular, las Comunidades Autónomas podrán acordar excepciones a estas prohibiciones siempre que, con anterioridad al incendio forestal, el cambio de uso estuviera previsto en:

1º Un instrumento de planeamiento previamente aprobado.

2º Un instrumento de planeamiento pendiente de aprobación, si ya hubiera sido objeto de evaluación ambiental favorable o, de no ser ésta exigible, si ya hubiera sido sometido al trámite de información pública.

3º Una directriz de política agroforestal que contemple el uso agrario o ganadero extensivo de montes no arbolados con especies autóctonas incultos o en estado de abandono.

Como vemos se produce una evolución, en la que se permite el cambio de uso forestal, cuando hayan transcurrido 30 años.

  • Redacción vigente desde 2015

Las comunidades autónomas deberán garantizar las condiciones para la restauración de los terrenos forestales incendiados, y queda prohibido.

a) El cambio de uso forestal al menos durante 30 años.

b) Toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal, durante el periodo que determine la legislación autonómica.

Con carácter singular, las comunidades autónomas podrán acordar excepciones a estas prohibiciones siempre que, con anterioridad al incendio forestal, el cambio de uso estuviera previsto en:

a) Un instrumento de planeamiento previamente aprobado.

b) Un instrumento de planeamiento pendiente de aprobación, si ya hubiera sido objeto de evaluación ambiental favorable o, de no ser esta exigible, si ya hubiera sido sometido al trámite de información pública.

c) Una directriz de política agroforestal que contemple el uso agrario o ganadero extensivo de montes no arbolados en estado de abandono.

Asimismo, con carácter excepcional las comunidades autónomas podrán acordar el cambio de uso forestal cuando concurran razones imperiosas de interés público de primer orden que deberán ser apreciadas mediante ley, siempre que se adopten las medidas compensatorias necesarias que permitan recuperar una superficie forestal equivalente a la quemada. Tales medidas compensatorias deberán identificarse con anterioridad al cambio de uso en la propia ley junto con la procedencia del cambio de uso.

En el caso de que esas razones imperiosas de primer orden correspondan a un interés general de la Nación, será la ley estatal la que determine la necesidad del cambio de uso forestal, en los supuestos y con las condiciones indicadas en el párrafo anterior.

La redacción completa del artículo se encuentra en el artículo 50 de la Ley de Montes.

La redacción vigente añade una concesión a las Comunidades Autónomas para acordar el cambio de uso forestal cuando concurran “razones imperiosas de interés público de primer orden”, a ser apreciadas mediante Ley.

 

Se puede ver el cambio que ha sufrido la regulación, empezando por estar prohibida la recalificación por causa de incendio, pasándose a un periodo mínimo de 30 años antes de la recalificación, para añadir en último lugar esta concesión a las Comunidades Autónomas más permisiva con la recalificación de terrenos forestales incendiados.

Esta regulación deja abierta la veda para que se haga más sencilla la recalificación y especulación. Deja sin determinar lo que considera el artículo con “interés público de primer orden”, pudiendo llegar a causar que se aproveche esta indeterminación y falta de concreción.

En este sentido hay que mencionar el artículo 47 de la Constitución que establece: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

La reforma no contraviene de pleno lo que dice la Constitución, pero lo hace de una forma indirecta. Considero que la progresiva permisividad de esta práctica ha llegado a ser un problema, y da lugar a que se provoquen más incendios con estos fines.

Esto es solamente el problema legal que produce la quema de terrenos para su recalificación. Veo más grave el peligro que produce a las personas que viven en la zona donde se favorezca más esta práctica. El 15 de octubre fue en Galicia, y de hecho ha habido por lo menos 3 muertos a causa de los incendios. Por no hablar del desastre natural que produce en las poblaciones, el impacto medio ambiental que conlleva y el trabajo que cuesta volver a la normalidad.

Son problemas que nos afectan a todos y deberían preocuparnos a todos. Aunque no todos los incendios que se produjeron fueron por este motivo concreto, está claro que no ayuda más que la Ley de Montes sea permisiva en este sentido.

No todas las reformas que hacen de la Ley son necesariamente a mejor. En este ámbito concreto habría que restringir más, o bien regular de forma cerrada lo que se considera “interés general” y de esta forma evitar la arbitrariedad tanto de la Administración como de las personas que pueden obtener beneficio con esta “salvedad” que nos ofrece la Ley.

¿Qué opináis vosotros?

Vía | Ley de Montes, El País

Imagen | especulación  y stop incendios

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