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Ley de Enjuiciamiento Criminal: claves de su reforma

    IMG_0526    El 5 de diciembre de 2014 el gobierno de Mariano Rajoy aprobó la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). El ejecutivo se sirvió de dos proyectos de Ley (una ley orgánica y otra ordinaria, siendo la primera la encargada de regular la materia que afecta a derechos fundamentales tal y como dispone la Constitución), que remitieron a las Cortes Generales con el objetivo de actualizar una legislación obsoleta que databa de 1882, la cual necesitaba una actualización debido a las numerosas formas de criminalidad que han aparecido en los últimos años en nuestro país y que se han servido de medios especialmente modernos como son, por ejemplo, las nuevas tecnologías. Dicha reforma persigue una serie de objetivos entre los que se encuentran la agilización de la justicia, fortaleciendo a su vez las garantías procesales; la fijación de plazos máximos para llevar a cabo la instrucción de las investigaciones; los cambios gramaticales por la carga social que suponían los antiguos términos empleados por el texto legislativo y la modificación del sistema de recursos, entre otros. Con este artículo intentaremos comprender el grueso de esas reformas de una manera sencilla y didáctica.

          En relación a la agilización procesal de los procedimientos en materia penal cabe destacar:

 -Atestados policiales sin autor conocido: A no ser que se comprometa la vida, la integridad física o la indemnidad y la libertad sexuales, este tipo de atestados no se remitirá a los juzgados, quedando conservados por la Policía Judicial. Busca, al igual que las reglas de conexidad, descongestionar los juzgados.

 -Reglas de conexidad: Tiene relación con los conocidos macroprocesos, tan comunes actualmente en nuestra sociedad especialmente en materia de corrupción. Pretende que cada delito de lugar a la formación de un único procedimiento. El objetivo último de esta medida es “aligerar” la carga de los juzgados, pretendiendo que no se hagan cargo de procesos inabarcables. La instrucción conjunta sólo tendrá lugar a petición del fiscal y en casos excepcionales.

 -Una justicia más ágil con nuevos plazos de instrucción: Los asuntos sencillos podrán ser instruidos en un plazo de 6 meses, mientras que los más complejos contarán con 18 meses, prorrogables por otros 18 más. El plazo se prorrogará a instancias del Fiscal (autorizándolas el juez) o de oficio por el juez.

 -¿Qué se consideran delitos complejos?: Pasan a tener esta consideración los que sean cometidos por grupos u organizaciones criminales, los que tengan por objeto numerosos hechos punibles, involucren a gran cantidad de sujetos pasivos, los que impliquen el análisis de abundante documentación, impliquen la realización de actuaciones en el extranjero, precisen revisar la gestión de personas jurídicas privadas o públicas, o sean por terrorismo.

 -El nuevo proceso monitorio penal: También conocido como aceptación por decreto. Al igual que el proceso monitorio en el ámbito civil hace referencia a un procedimiento más sencillo, en este caso se permitirá que la propuesta de sanción realizada por el fiscal se convierta en sentencia firme si el acusado, asistido por su abogado, acepta la pena solicitada.

         Por su parte, en materia de fortalecimiento de las garantías procesales:

 -El nuevo término “investigado”: La carga social negativa que durante los últimos años ha supuesto el haber sido declarado imputado, sin que esto signifique haber sido declarado culpable,  ha llevado al legislador a sustituir el término por “investigado” en la fase de instrucción y por “encausado” tras el auto formal de acusación.

 -Recurso de apelación y prueba: Los Tribunales Superiores de Justicia revisarán en apelación las sentencias que dicten las Audiencias Provinciales, mientras que será la Audiencia Nacional (su Sala de Apelación) la que se ocupe de las dictadas por aquél. En materia de valoración de la prueba, la Audiencia podrá devolver las actuaciones al Juzgado que emitió la sentencia para que la valore nuevamente o se celebre un nuevo juicio.

 -Revisión en materia de derechos humanos: Actualmente este recurso de regula en los arts. 954 y ss de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se puede presentar en una serie de supuestos tasados contra las sentencias firmes. Con la nueva ley, se introduce como una vía para cumplir las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que declaren una violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Hasta este momento, las sentencias dictadas por este Tribunal no tenían una forma concreta de aplicación en nuestro país. De esta manera, al introducir este motivo como propio del recurso de revisión, se podrá reclamar la nulidad de una sentencia nacional que lo viole. Dicha modificación viene a solucionar un problema en materia penal que se ha presentado en los últimos años en numerosas ocasiones, sirva como ejemplo la condena de la doctrina Parot.

 -La asistencia de abogado: Se plasma una regulación sistemática del derecho a la asistencia letrada.

 -Una nueva regulación para el decomiso: Se regulará en el art. 803 de la LECrim un procedimiento mediante el cual se decomisará de manera autónoma la titularidad de los bienes procedentes del delito pese a que el autor no pueda ser juzgado. El objetivo es suplir la escasez de herramientas reales para hacer este procedimiento eficaz en el proceso penal. Por otro lado se realiza una ampliación de esta figura en materias como la corrupción, buscando recuperar los bienes obtenidos en los delitos.

 -Investigación tecnológica: Uno de los principales objetivos de la nueva Ley es atajar las nuevas formas de criminalidad que hacen uso de las tecnológicas en nuestra sociedad. Por otra parte, el Tribunal Constitucional había señalado en numerosas ocasiones la necesidad de que la ley regulase la intromisión en la privacidad del investigado, situación que no se había abordado al estar ante una Ley de 1882 y que, en numerosas ocasiones, había dado lugar a conflictos constitucionales en materia de prueba ilícita. El art. 579 de la nueva LECrim incluye, en consecuencia, la regulación de la utilización de interceptación de comunicaciones, captación y grabación de comunicaciones orales e imágenes; utilización de dispositivos técnicos de seguimiento, localización y captación de imágenes; y registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información. Es interesante señalar que se amplia la intercepción de comunicaciones a medios como WhatShapp y SMS. De igual modo, se introduce la doble identidad como instrumento en manos de la policía, permitiéndoles navegar en la red bajo una identidad falsa con el objetivo de intervenir delitos tecnológicos.

 -Autorización judicial: Para acordar una intervención de las comunicaciones, al estar vulnerándose un derecho fundamental, es necesaria una autorización judicial que se conceda en base a los principios de necesidad e idoneidad entre otros. Dicha autorización va a poder ser concedida en una serie de supuestos tasados: cuando el objeto de la investigación sea un delito con una pena máxima de al menos 3 años de prisión, los cometidos en el seno de grupos u organizaciones criminales, un delito de terrorismo o los cometidos a través de medios tecnológicos.

 -Grabación de entrevistas: La intervención de las comunicaciones anteriormente mencionada no podrá, en ningún caso, tener como objeto la captación de entrevistas que mantenga el investigado con quien obligadamente deba mantener el secreto profesional. La excepción a esta regla es que el interlocutor también sea encausado en los hechos investigados. La nueva regulación viene a atajar un problema que se presenta en determinadas ocasiones como la intervención de comunicaciones entre abogados y clientes.

Vía | elderecho.comlamoncloa.gob.es

Imagen | elderecho.com

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