Jurídico 


Leviatán en Internet y la necesidad de un pacto social global II

La actualidad de la problemática acerca de la regulación de Internet se ha revitalizado después de que haya salido a la luz el control masivo del Gobierno americano sobre las cibercomunicaciones a ciudadanos de todo el mundo. No es nada nuevo y ya de antes se sabía que usaban otros programas como Echelon o Carnivore. En España, por ejemplo, con el reciente proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal se plantea regular que la policía se valga de programas informáticos (troyanos) con la debida supervisión judicial. Y recordemos la Ley Sinde. A nivel europeo tenemos el ejemplo de la retención de información sobre comunicaciones que en Alemania ha dado sus problemas y actualmente las Instituciones europeas están negociando una reforma a la normativa de datos personales que puede llevar a extender esta disciplina a actividades en Internet como las que realizan los buscadores –ello si la presión de los lobbies de las compañías «digitales» no lo impide, las cuales están intentando cuanto menos podar los derechos inicialmente reconocidos por la propuesta de la Comisión-.

Porque hay que tener en cuenta que este problema va más allá del control o las injerencias públicas, aquellas que pueden hacer los Gobiernos. En el espacio digital hay entidades privadas que pueden tener incluso más fuerza y potencial lesivo para los ciudadanos que un Estado, o, como ha destapado Snowden, estas compañías (GoogleApple, etc.) pueden terminar coordinadas con los Gobiernos para facilitar injerencias en nuestros derechos. Alguna vez nos hemos preguntado ¿qué hace Facebook con nuestros datos personales? ¿Cómo puede ser que Google acierte siempre en las recomendaciones publicitarias que nos ponen en nuestra bandeja de email? O, más allá de la intimidad, ¿qué ocurriría si por ejemplo Google decidiera poner un filtro para que no se pudieran encontrar páginas web de una cierta religión –por decir algo-?

Algo que nos debe hacer recordar que los derechos y libertades, en su dimensión como «derechos subjetivos», deben operar como derechos que sirven a la persona para defender un espacio de libertad y autonomía tanto frente al Estado pero también, hoy día muy importante, frente a poderes privados (ej. Google). Al tiempo que también son valores objetivos que llaman a que el Estado los promueva, estimule e incluso pueda imponer cargas a terceros y límites a actividades económicas en pro de su plena eficacia en una sociedad democrática. descarga

Para afrontar esta nueva realidad se hace necesario, como he dicho, traducir al nuevo espacio las garantías clásicas de estos derechos y libertades y, en algunos casos, se deberá incluso redefinir los fundamentos de algunos de estos derechos según la actual sensibilidad social. La intervención de las comunicaciones, por ejemplo, no es algo nuevo (se hacía con los teléfonos o con la correspondencia), pero hay unas garantías que deben ser igualmente exigibles en Internet. Si antes una autoridad administrativa no podía secuestrar una revista (por más que la revista tuviera fotos o textos que vulneraran la propiedad intelectual), no creo que ahora pueda admitirse el cierre administrativo previo de una página web. Si como ciudadano no hubiera admitido que Correos tuviera un registro de a quién envío yo cartas, porque sería tanto como considerarme un terrorista en potencia, ahora tendré que pensar si quiero que los proveedores de internet tengan tal registro de mis comunicaciones en red. Por poner algunos ejemplos. O, cara a los «poderes privados» de internet: si la libertad de expresión y el pluralismo son valores democráticos, ¿puedo entonces obligar a Google a que no pueda poner filtros en internet para censurar ciertas informaciones -si así lo decidiera-?. Por ejemplo, en China, al contrario, como para ellos el pluralismo es un contra-valor (o un valor negativo), tienen buscadores o un Facebook capados. ¿O puedo poner una norma que prohíba a Google utilizar mis datos y rastrear mis búsquedas para luego usarla a fines publicitarios?. En cuanto a las necesidades de redefinición podríamos preguntarnos si los fundamentos de la protección constitucional a la libertad de expresión o a la privacidad son los mismos ante la sociedad de la información que hace cincuenta años: ¿no hablamos hoy día de la libertad de comunicación en un sentido mucho más amplio? ¿acaso no se plantea como necesario un «cierto» reconocimiento al derecho al olvido vista la insaciable hemeroteca digital?, ¿ha podido mutar el concepto de «intimidad» en la sociedad donde publicamos nuestros diarios en redes sociales?; y tantas otras preguntas abiertas.

Partamos además de una premisa: Internet es un espacio creado por el hombre y por tanto sometido a la arquitectura que el hombre le quiere dar. Hoy día la arquitectura de la web no es como se entendía al inicio algo espontáneo y abierto creado por los ciudadanos. Hoy Internet es un espacio diseñado fundamentalmente por grandes poderes privados, muy útil, ciertamente, pero pensado en proteger sus intereses comerciales. Yo no digo que no haya que considerarlos, tanto tales intereses comerciales como otros de gran importancia como la seguridad pública, pero éstos habrá que ponderarlos con otros valores que como ciudadano exijo que también sean respetados, como son la intimidad y la protección de datos personales o el pluralismo en la Red. Personalmente apuesto por una Red en la que pueda expresarme y desarrollarme plenamente como «ciudadano» en su más amplio sentido; una cibersociedad democrática. A quienes invocan la razón de la Seguridad  habría que recordarles que «Democracy means that if the door bell rings in the early hours, it is likely to be the milkman» (frase atribuida a Wiston Churchill); por lo que si envío un correo electrónico no quiero ser investigado como potencial terrorista. Pero tampoco me sirve una Red al servicio de fines comerciales en muchos casos encubierta bajo servicios «gratuitos». Preferiría pagar un «sello» digital pero a cambio tener un correo electrónico libre de espías gubernativos o comerciales. En definitiva, no reclamo más que recuperar en la selva digital aquellos valores, principios y derechos sobre los que se ha logrado construir aquello que hoy conocemos como un Estado social y democrático de Derecho.

Invito a reivindicar un pacto social para dar plena efectividad a nuestros principios fundamentales en este nuevo espacio. El nuevo Leviatán tiene dos cabezas, los Gobiernos pero también los poderes privados. Es un Leviatán que puede ayudarnos a los ciudadanos, nos ofrece seguridad y nos diseña un nuevo espacio de libertad, pero tiene que tener límites y controles. De ahí la necesidad del pacto social. Un pacto que, además, debe ser global. ¿No existe una ONU? ¿No tendría que ser éste uno de los fines de la Unión Internacional de Telecomunicaciones? Se impone la necesidad de abrir un debate social, político y constitucional para hacer valer nuestros derechos ciudadanos ante este nuevo espacio. Probablemente no haya que inventar nada nuevo, pero sí traducir y actualizar, releer y proyectar viejos principios ante una nueva realidad.

Vía| Artículo originariamente publicado en Ateneo Saavedra Fajardo.

Imagen| Elotrolado

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