Jurídico 


Legitimación activa en el recurso de anulación comunitario: los inversores del tax lease español

Legitimación activaEn 2002, España ponía en marcha un régimen de arrendamiento fiscal para la adquisición de buques que permitía a las llamadas agrupaciones de interés económico beneficiarse de determinadas ventajas fiscales (régimen conocido como tax lease). Dichas agrupaciones servían de instrumento intermedio, entre las empresas navieras y los astilleros, para la compra de barcos y permitían a los inversores que las componían reducir su base imponible.

Tal y como han reflejado ampliamente los medios de comunicación, la Comisión Europea ha declarado recientemente la incompatibilidad de dicho régimen con las normas comunitarias sobre ayudas de Estado (artículos 107 y siguientes del Tratado de Funcionamiento de la UE, en adelante “TFUE”), pues otorga una ventaja competitiva indebida a los miembros de las AIE y provoca con ello el falseamiento de la competencia en el mercado interior. La consecuencia directa de esta Decisión, que aún no ha sido publicada oficialmente, es que España está obligada a recuperar las ayudas de las que se han beneficiado los inversores.

Al hilo de los acontecimientos, el propósito de esta entrada es analizar brevemente la legitimidad activa (aptitud para ejercitar una acción judicial) de las personas físicas o jurídicas privadas (en este caso, los inversores) para impugnar los actos de derecho comunitario, como la Decisión de la Comisión, de la que en principio es destinataria únicamente España.

Según el artículo 263 TFUE, que contempla el llamado recurso de anulación, las personas distintas a la destinataria de la decisión pueden recurrir un acto si éste les afecta directa e individualmente.

La afectación directa implica que el acto debe afectar directamente a la situación jurídica del particular y no debe dejar margen de apreciación a los destinatarios encargados de su implementación. Por su parte, la afectación individual existe, según el Tribunal de Justicia de la UE, TJUE, sólo si la decisión atañe al particular debido a ciertas cualidades que le son propias o a una situación de hecho que le distingue en relación con cualesquiera otras personas.

En los casos de ayudas de Estado incompatible con el Derecho de la UE, el TJUE exige otros dos requisitos adicionales para otorgar la legitimación activa: la empresa debe haber sido realmente receptora de una ayuda otorgada según el sistema prohibido y la Comisión debe haber ordenado la recuperación de la ayuda por parte de dicha empresa.

En principio, por tanto, las empresas inversoras que se han beneficiado del régimen del tax lease y que están obligadas a devolver las ayudas al Estado español, podrían impugnar la Decisión de la Comisión en el plazo de dos meses desde el día de su publicación en el Diario Oficial de la UE.

Vía| Commission press release, TFUE

Imagen| Almunia

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