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¿Legalización o despenalización de la prostitución?

Para empezar debo dejar claro que este artículo no busca dar lecciones de moralina a nadie, ni obedece a profundas convicciones religiosas o políticas; sino más bien surge con la intención de diferenciar y aclarar las posibles situaciones en las que se puede ver el sector de la prostitución en España en los próximos años, y cómo algunas de ellas son más aconsejables que otras.

Este artículo surge al leer en prensa las declaraciones de un líder político que sugería que legalizando la prostitución se podrían recaudar hasta 6.000 millones. Esta idea se basaba en el informe que ya en junio de 2014, presentó la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que agrupa no solo a las dos asociaciones de inspectores que actualmente existe (APIFE y APIHA), sino también a su propio sindicato. Dos objeciones habría que hacer al titular de la prensa con respecto al informe: la primera que no serían 6.000 sino 5.000 millones de euros lo que se recaudaría; pero más importante aún es la puntualización de que no se haga referencia alguna a la protección de la mujer como sujeto de derecho, y que se reduzca meramente a la idea de una trabajadora sexual cuyo negocio evade al fisco gran parte de los 18.000 millones que ingresa cada año.

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El informe, no tiene en consideración a su vez el marco legal en el que se sitúa España al haber ratificado el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de las prostitución ajena, y que en su preámbulo considera que la prostitución y el mal que la acompaña, “son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la comunidad.

Además, la petición ha sido también refutada por el informe Mendes del Consejo de Europa, que se aprobó antes de que la recomendación de los inspectores de Hacienda saliera a la luz, ya que demuestra la relación existente entre la prostitución (legal o ilegal) y la trata de personas.

Y es que debemos mirar a Europa para tomar ejemplo, y no precisamente a Países Bajos, Suiza o Alemania, cuyos modelos debemos reconocer de una vez por todas como fracasados, porque al legalizar la prostitución no sólo ha aumentado su demanda, sino también y de forma colateral la trata de mujeres. Debemos mirar más hacia arriba, a Suecia, donde se han reducido en tan solo 5 años de manera dramática el número de mujeres dedicadas a ello.

La clave en Suecia ha sido ver la prostitución como una forma de violencia contra mujeres y niños, entendiendo que será imposible alcanzar la igualdad de género mientras se compren, se vendan y se exploten sus cuerpos.

Pero, ¿cuál fue por tanto la solución del Gobierno en Suecia? Algo que parece relativamente muy sencillo y que no se había aplicado hasta el momento:

1. Despenalizar la venta de servicios sexuales.

2. Penalizar la compra de dichos servicios.

Además, el Gobierno sueco ha ampliado en gran medida los fondos y ayudas sociales para que las prostitutas que lo deseen, puedan iniciar un nuevo camino; los datos hablan por sí solos: un 60% de ellas lo han abandonado.

En Noruega, fueron un paso más allá y no sólo copiaron el modelo sueco sino que introdujeron el delito de comprar sexo fuera del país, castigando de esta forma también el turismo sexual.

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Es más, el propio organismo internacional CATW (acrónimo en inglés de Coalition Against Trafficking in Women-International), ha pedido la despenalización de las mujeres que realizan la prostitución; considerando que ninguna mujer debería ser penalizada por hacer un uso lícito de su propio cuerpo, pero sí se debiera perseguir y penalizar a sus clientes, a los proxenetas y a los establecimientos sexuales.

A modo de conclusión, podemos quedarnos con la idea de diferenciar dos conceptos radicalmente distintos: la legalización no es beneficiosa porque además de acrecentar la industria del sexo y la trata de mujeres, obedece a un interés puramente económico-regulador y no le da a la prostitución la categoría de la que nunca se la debió despojar y que sí la tiene en cuenta el concepto de despenalización: ser una forma de violencia contra la mujer.

No dudo en ningún momento de la buena voluntad de nuestros líderes políticos a la hora de acabar con el sufrimiento de las mujeres que se dedican a la prostitución y con la doble moral colectiva de la que son víctimas; pero estaría bien que antes de lanzar este tipo de iniciativas como reclamo electoral o no, fueran capaces de estudiar cuáles han sido sus resultados en los países de nuestro entorno.

 

Texto | Consejo de Europa, Tribunal Constitucional de Perú, Women Justice’s Center

Imagen | ZoomNews

QAH| La protección de los derechos fundamentales en Europa: el Consejo de Europa y la UE.

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