Jurídico 


Las vacunas y el interés superior del menor

En España contamos con un modelo de asistencia sanitaria que ha evolucionado desde un sistema meramente paternalista, en el que el paciente “acataba” lo que el médico decía, a un sistema basado en el principio de autonomía del paciente. Partiendo de este principio se elaboró la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, reguladora de la autonomía del paciente. En esta ley nos encontramos, por un lado, el principio de respeto a la autonomía de la voluntad en el artículo 2.1, y por otro, el derecho del paciente a negarse al tratamiento, en el artículo 2.4., salvo en los casos determinados en la Ley. El profesional que interviene también tiene el deber de respetar las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente, en virtud del artículo 2.6.

Las excepciones contenidas en la Ley (art 9.2) no avalan la imposición de la vacunación. Las autoridades sólo podrían imponerla en el caso de riesgo para la salud pública, es decir, ante brotes o epidemias. Asimismo, tampoco nos podríamos acoger a la situación de riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica al no tratarse de un tratamiento curativo, sino de un método meramente preventivo.
Basándonos en esta regulación, el principio de autonomía no permite imponer a los padres de un menor su vacunación. Aquellos que abogan por su obligatoriedad, como ocurre en países como Argentina o EEUU (con algunas excepciones legales), necesitarían un cambio legislativo.
doctor vaccinating kidDurante las últimas semanas, se ha abierto un acalorado debate público sobre la posibilidad de imponer la inmunización, lo que podría ser contemplado como una respuesta desproporcionada, puesto que al fin y al cabo más del 90% de los niños de nuestro país están vacunados. Por otra parte, desde un punto de vista ético, el cambio chocaría con el derecho a la ¿dignidad de la persona.
Sin embargo, es esencial tener en cuenta la presencia del principio del “interés superior del menor”. Este principio está consagrado tanto en textos internacionales, como en disposiciones europeas y nacionales. Su justificación es objetiva dada la especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los menores.
El Proyecto de Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia, actualmente en trámite legislativo, refuerza el interés superior del menor, configurándolo como un principio interpretativo, norma de procedimiento y derecho sustantivo del menor. Así, el artículo 2.1. establece:
“Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado (…) primará el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir”
Podría surgir por lo tanto un conflicto entre este interés superior del niño y la voluntad de sus representantes legales. Es cierto que en base a la primacía del primero, podría estar justificada la obligatoriedad de la vacuna, pero antes de plantearse llevar a cabo una medida tan drástica como esa, deberían probarse otras. Una exhaustiva tarea de concienciación de la población, tratando de enterrar las peligrosas corrientes antivacunas carentes de respaldo científico es esencial. Es imprescindible transmitir el mensaje a la población de que siguiendo esas corrientes están poniendo en peligro tanto la salud de su hijo como la de la propia sociedad.

 

Más Información |  Elderecho

Imagen | vacuna

En QAH | ¿Vacunarse o no vacunarse?

RELACIONADOS