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Las tarjetas opacas

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Como es sabido, el juez de la Audiencia Nacional ha llamado a declarar como imputados a X, Y, Z (expresidentes de Caja Madrid y exdirector general de la entidad, respectivamente por el escándalo de las tarjetas opacas. El magistrado ha abierto una pieza separada del “caso Bankia” para investigar la existencia de esas tarjetas B al margen del circuito general con las que 86 exmiembros de la cúpula de Caja Madrid gastaron 15,25 millones de euros entre 1999 y 2012.

El citado magistrado toma esta decisión después de que la Fiscalia Anticorrupción apreciara indicios de delito societario y de apropiación indebida en los hechos denunciados por el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), principal accionista de Bankia. Entre los gastos realizados por los exconsejeros y exdirectivos de la referida Caja, destacaban tres millones de euros en restaurantes, dos millones en disposiciones de efectivo, 1,5 millones en viajes y unos 700.000 euros en ropa y complementos.

En total, 86 personas (65 miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control y 21 consejeros) se beneficiaron de estas tarjetas, llamadas tarjetas “black”. El Juez Andreu investiga si la conducta de los referidos X,Y, Z, constituye un “delito continuado de administración desleal”, previsto y penado en el artículo 295 del Código Penal, que castiga con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido, a los “adminsitradores de hecho o de derecho o los socios de cualquier sociedad constituida o en formación, que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraigan obligaciones a cargo de ésta causando directamente un perjuicio económico evaluable a sus socios, depositarios, cuentapartícipes o titulares de los bienes, valores o capital que administren”.

Sin perjuicio de las declaraciones formuladas por tales personas, en el sentido de que “creyeron que lo que gastaba con la tarjeta formaba parte de su salario” o que tales gastos eran un complemento retributivo “de libre disposición”, con absoluto respeto al derecho constitucional que gozan de la “presunción de inocencia”, no es menos cierto lo siguiente:

Que aunque devuelvan el dinero malgastado, tendrían que enfrentares a las sanciones fiscales que puedan derivarse de la investigación.

Que los sujetos actuaron en beneficio propio y con manifiesto abuso de las funciones propias de su cargo. El mencionado artículo 295 del Código Penal no castiga la “mala” gestión o la gestión incompetente sino la fraudulenta y, por tanto, desleal. Pero es que, además, algunas de las actividades mencionadas son ya constitutivas de apropiación indebida. aparte de los delitos fiscales a que dan lugar y de las responsabilidades civiles exigibles ante la sociedad, en el ejercicio de la correspondiente acción de responsabilidad civil.

Es aberrante que mientras los consejeros gastaban cientos de miles de euros en lujos y excentricidades, que no declaraban ni tributaban, sus empleados vendían preferentes a jubilados que invertían sus ahorros en una gran patraña. El modelo económico consumista en el que vivimos, con valores absolutos como el yo y el dinero, ha socavado las barreras morales y éticas de las personas, sustituyendo los principios humanistas por otros mercantilistas y utilitaristas.

4º Mientras las grandes fortunas aumentan ( el número de millonarios crece un 24% a pesar de la crisis), se dispara el número de ciudadanos en riesgo de exclusión, a quienes esta “ostentación gratuita” hiere especialmente, renovando las palabras del poeta:

“Españolito que vienes al mundo
al mundo te guarde Dios,
una de las dos Españas
ha de helarte el corazón”

Juan Antonio Martos Nuñez, Profesor de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla

Imagen| tarjetas opacas

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