Derecho Mercantil, Jurídico 


Las sociedades irregulares

El objetivo de este artículo es poner de manifiesto la existencia de una gran cantidad de sociedades que operan en el tráfico jurídico mercantil sin que ni siquiera sus dueños sean conscientes de ello, con las consecuencias jurídicas que ello puede suponer en caso de conflicto. Me estoy refiriendo a las denominadas sociedades irregulares.

Las sociedades irregulares

Por regla general, para constituir cualquier clase de sociedad, el Derecho español exige el cumplimento de ciertas formalidades, en especial, el otorgamiento de escritura pública por los socios fundadores y la inscripción en el Registro Mercantil. En consecuencia, es normal que muchas personas que deciden emprender un negocio común, para evitar los gastos y las molestias que suponen el acudir al notario y al Registro Mercantil, opten por comenzar la empresa sin realizar estos trámites, ya que el ordenamiento no impone sanción alguna si no se cumplen. Es muy frecuente, no obstante, que sí se cumplan los trámites exigidos por la normativa fiscal como son, entre otros, el alta en el Impuesto de Actividades Económicas y la solicitud de un Número de Identificación Fiscal. En relación con esto último, la legislación del IRPF contempla el régimen especial de Comunidad de Bienes (C.B), por el cual, si varias personas emprenden conjuntamente un negocio, pueden solicitar a la Administración Tributaria que registre su negocio como una C.B y le asignen a ésta un Número de Identificación Fiscal (NIF).

El problema surge al combinar la normativa fiscal, reguladora de la relación entre contribuyentes y Administración Pública, con otras ramas jurídicas. Me estoy refiriendo al Derecho Civil y al Derecho Mercantil, que son las ramas que regulan las relaciones entre los “socios” del negocio.  Pues bien, en Derecho Civil, existe la figura de Comunidad de Bienes, pero su configuración es muy distinta a la que le da la normativa fiscal. De hecho, a esos supuestos contemplados como C.B por la Administración Pública, se los califica como sociedades en el Derecho civil y mercantil, tal y como ha aclarado en numerosas ocasiones el Tribunal Supremo. En palabras de este tribunal “desde el momento que los contratantes se obligaron a poner en común determinados bienes con intención de obtener un lucro, ello denota la existencia de la sociedad de naturaleza mercanti”, independientemente de la calificación que los implicados le den. Así por ejemplo, si entre 2 amigos montan un negocio al que llaman Restaurante X C.B, y se dan de alta como autónomos para cotizar a la Seguridad Social, esa circunstancia no impide calificar el restaurante como sociedad, a pesar de ni si quiera haberse inscrito. Por tanto, muchas personas que se consideran autónomos por haberse dado así de alta en la Seguridad Social, son en realidad socios de una sociedad irregular.

El problema es que a este tipo de sociedades se le aplica el régimen jurídico de la sociedad colectiva (artículos 125 y siguientes del Código de Comercio), lo cual implica, entre otras cosas, la existencia de responsabilidad ilimitada y solidaria entre los socios.

Para concluir, os pongo un ejemplo de cómo afectaría negativamente el hecho de que los emprendedores desconozcan que son en realidad socios de una sociedad: Imaginemos que entre 3 amigos montan un bar y acuerdan que uno de ellos, por ser el que más experiencia tiene, se encargue de la administración del mismo, incluida la negociación con proveedores. Si otro de los socios, incumpliendo el acuerdo, sin consultar al resto, contratara con un proveedor en nombre de la sociedad y éste contrato no fuese conveniente para el negocio, la aplicación del régimen de la sociedad colectiva no permitiría alegar nulidad del contrato por falta de poder de representación, es decir, que sería válido y eficaz, ya que en este tipo social todos los socios ostentan poder de administración y representación por defecto. Asimismo, si el proveedor quisiera ver ejecutado el contrato y cobrar su contraprestación, podrá dirigirse a cualquiera de los tres socios para que le paguen la totalidad del precio, del cual responderán con todo su patrimonio. De tratarse de una verdadera Comunidad de Bienes, sólo responderían frente al proveedor por la parte proporcional a su cuota y no por la totalidad.

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