Jurídico 


Las sedes del Tribunal Supremo: orígenes y vicisitudes

Los orígenes remotos del Tribunal Supremo como última instancia jurisdiccional en  todos los órdenes se remontan -dejando al margen prototribunales como el Aula Regia o el Tribunal del Libro leonés-  al Fuero Juzgo (1241) y al Código de las Partidas (1252-1284), que  recomendaban la creación de una institución «para que ayuden al Rey varones sabios». Este proyecto recogido por Alfonso XI, desarrollado por Juan I, fue llevado finalmente a la práctica por los Reyes Católicos quienes constituyeron el Real y Supremo Consejo de Castilla, Cuerpo Consultivo de los Reyes y Tribunal Altísimo de Justicia, predecesor remoto de la actual institución. Esta fue la situación y el marco legal del más alto Tribunal de la nación hasta el advenimiento de la corriente constitucional en España. Inmediatamente antes de eso, y por Real Decreto XXIX, de 25 de junio de 1809, por la Suprema Junta Central Gubernativa del Reino, en plena lucha con el invasor francés, se declararon extintos lo antiguos Consejos y se creó un nuevo Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias.

Ya bajo la influencia de los ilustrados franceses, las Cortes de Cádiz de 1812 impulsaron el germen de ese primigenio Tribunal Supremo y en el informe de la Comisión encargada de la formación del Proyecto constitucional, fueron consignados los propósitos que conducirían a su creación: apartar, como era de razón y conforme a justos principios, los asuntos gubernativos dispersos en los distintos Organismo supremos, llevándolos al Consejo de Estado; procurar que, en caso alguno, fueran los Magistrados distraídos de su augusto ministerio y conservar separadas las facultades propias y características de la potestad judicial. Promulgada y jurada la Constitución el 19 de marzo de 1812, el 17 de abril siguiente, y mediante  Decreto quedó instaurado el Tribunal Supremo, que se reunió por vez primera en la Torre Tavira gaditana, aunque la guerra de la independencia y el asedio de la ciudad de Cádiz impidieron la eficacia de la nueva estructuración constitucional de la justicia.

No obstante, desde la creación del Tribunal Supremo hasta su radicación definitiva en la sede que ahora conocemos en Madrid, transcurrieron sesenta y tres años. En efecto, el edificio actual no fue la ubicación del mismo hasta 1875, año en que se instaló definitivamente en el antiguo Convento de las Salesas. En el mes de octubre de 1813, el recién creado Tribunal Supremo se traslada a Madrid, ubicándose en la sede del antiguo Consejo Supremo de Castilla, el Palacio de los Consejos, actual sede del Consejo de Estado, en la esquina de las calles Mayor y Bailén. El Palacio de los Consejos, también conocido como Palacio del duque de Uceda o Palacio de Uceda, fue levantado por encargo de Cristóbal Gómez de Sandoval-Rojas, primer duque de Uceda y poderoso valido de Felipe III. Su diseño correspondió a  Francisco de Mora, aunque las obras las dirigiera Juan Gómez de Mora y las ejecutara el capitán Alonso Turrillo, entre 1608 y 1613. A su llegada a Madrid en 1701, Felipe V ordenó, ante la falta de espacio,  trasladar los Consejos de Castilla, Indias, Órdenes y Hacienda desde el Real Alcázar al Palacio de Uceda, conociéndose desde entonces como Palacio de los Consejos, manteniéndose no obstante el Consejo de Estado en la Sala del Rubí del citado  Real Alcázar. Tras la proclamación de la Constitución de 1812, que suprimía todos los antiguos consejos excepto el Consejo de Estado, éste quedó instalado definitivamente en el palacio, donde permanece hasta día de hoy, que lo comparte con la Capitanía General.

Después de un breve retorno a Cádiz, por mor de la felonía de Fernando VII, el Tribunal Supremo, una vez muerto el Borbón, vuelve Madrid en 1834 de la mano de la Reina Gobernadora, instalándose nuevamente en Palacio de los Consejos. No obstante, en 1864, su decimosexto presidente, Pedro Gómez de la Serna, ya puso de manifiesto las carencias de espacio y habitabilidad del viejo caserón de la calle Mayor, lo que unido al movimiento revolucionario que puso fin al reinado de Isabel II, condujo a que por iniciativa de ministro de Gracia y Justicia, Eugenio Montero Ríos y merced al Real Decreto de 27 de octubre de 1870, se ubicara el Tribunal Supremo en el desamortizado Convento de las Salesas Viejas. El Convento de la Visitación de Nuestra Señora, conocido como Las Salesas Reales tiene su origen en una idea concebida por la reina Bárbara de Braganza, esposa de Fernando VI, de fundar un colegio residencia para la educación de doncellas nobles, regentado por la rama femenina de la Orden de San Francisco de Sales procedentes de Annency. El 6 de diciembre de 1746 se aprueba por el rey su fundación, iniciándose el 26 de junio de 1750 las obras bajo los planos y la dirección del arquitecto francés François Carlier –que ganó el concurso al otro gran arquitecto de Madrid de esa época, Giovanni Battista Sachetti-, auxiliado del aparejador Francisco de Moradillo, quien introdujo notables modificaciones sobre el plano de Carlier, añadiendo un segundo cuerpo y las torres que flanquean la fachada, simplificando el proyecto original en planta y rompiendo con el anhelo decorativo en las zonas de cuya proyección se encargó, incluyendo la cúpula sobre pechinas y linterna. La construcción avanzó ininterrumpidamente hasta el año 1758, con una estructura arquitectónica muy similar a la actual, con el mismo número de plantas, dos grandes patios interiores y dos fachadas principales. Inaugurado el edificio y consagrada la Iglesia, se convirtió en un Convento que recibió a nobles religiosas y educandas y que incluyo entre sus muros una residencia palaciega para la Reina en previsión de una posible viudedad, acontecimiento que no sucedió, aunque si constituyó la Iglesia  la última morada del matrimonio regio, que descansan bajo sendos mausoleos diseñados por Francesco Sabatini y labrados en mármol y pórfido por Francisco Gutiérrez Arribas.

MADRID_Monasterio-Salesas-RealesComo ya dijimos, el movimiento revolucionario que puso fin al reinado de Isabel II, dio al traste con esta institución docente ideada por la reina Bárbara de Braganza. Con la desamortización civil y eclesiástica se incautó el Estado del inmueble y por Real Decreto de 27 de octubre de 1870 se destinó el mismo a Palacio de Justicia, por ser este local el más adecuado por condiciones y situación para albergar esta alta institución. El 5 de mayo de 1915 el palacio quedó destruido por un devastador incendio salvándose la Iglesia de Santa Bárbara y quedando solo utilizables para su reconstrucción los muros de carga, fachadas y travesías. El fuego se originó en la parta alta del inmueble, donde tenían su vivienda porteros y mozos del Tribunal. Las pérdidas de sumarios, mobiliario y obras de arte fueron cuantiosas, falleciendo por asfixia incluso el secretario –relator de la Sala Segunda, José Armada, al intentar salvar algunas de las actuaciones de su secretaría.  Durante las labores de extinción se descubrió un pasadizo que conducía a una cripta donde eran enterradas las religiosos salesas y que en la actualidad es el depósito del Archivo del Tribunal[1]. Para su reconstrucción se promovió por el Estado, un concurso de proyectos, siendo el encargado de llevarlo a cabo Joaquín Rojí López-Calvo por Real Orden de enero de 1918. Las obras de reconstrucción comenzaron en 1921 y finalizaron en 1926, conservándose lo esencial del viejo monasterio sin destruir su estructura interna de patios y galerías, inspirándose en el estilo dieciochesco del original.

Durante la Guerra Civil,  el traslado del gobierno de Largo Caballero a Valencia el día 6 de noviembre de 1936 acarreó, consecuentemente, la mudanza también del Tribunal Supremo que, junto con el Ministerio de Justicia se instaló provisionalmente en el edificio de la audiencia territorial de la capital levantina, para ubicarse después en un inmueble sito en la plaza del Poeta Liern nº 7. No obstante la nueva localización del Tribunal Supremo en la recién inaugurada capital administrativa de la República, el Alto Tribunal no abandonó completamente Madrid durante los años de la contienda. En el Decreto de 14 de enero de 1937, por el que se reorganizaba y simplificaba los mecanismos de organización y funcionamiento del Tribunal Supremo, se contemplaba en su artículo 11 la constitución de una Sección Delegada del Tribunal Supremo en Madrid, formada por los magistrados comisionados en la capital.

El día 28 de octubre de 1937, el presidente del Consejo, Juan Negrín, anuncia un nuevo traslado del gobierno a Barcelona, y con él, el del grueso de la administración. De esta forma se inicia lo que será la última mudanza del Tribunal Supremo constitucionalmente reconocido, cuyas últimas sentencias fueron dictadas en la Ciudad Condal pocos días antes de la entrada de las tropas del general Yagüe. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo tuvo el trágico honor de pronunciar la última sentencia de éste órgano, de fecha 28 de diciembre, prácticamente un mes antes de la caída de Barcelona, siendo sus autores los magistrados Fernández Orbeta, Pascual Leone y Dionisio Ferrer. Las vicisitudes del Tribunal Supremo  republicano debieran darse por concluidas con la toma de Barcelona por las fuerzas rebeldes, no obstante, si bien en puridad ya no podemos hablar de Tribunal Supremo, aun deberemos consignar  como casi hasta el último momento de la guerra hubo en la zona republicana un órgano con pretensión de última instancia jurisdiccional: la Sala Superior de Apelación radicada en la sede del Tribunal Supremo en Madrid, con la doble naturaleza civil y militar, que asume las funciones, facultades y atribuciones que ostentaba el Tribunal Supremo en sus distintas Salas.

Como ocurriese antes en otros enfrentamientos civiles[2], el bando franquista no renunció a la creación de un Tribunal Supremo en su territorio, el cual  no fue tampoco ajeno a los avatares de la guerra, y si bien el cambio de sede en este caso no obedeció a la presión del enemigo, como ocurrió con el legítimo Tribunal de la zona leal, la provisionalidad del régimen por un lado, y la próxima terminación de la guerra, fueron factores que influyeron en la movilidad de la sede judicial. El Tribunal Pleno se constituyó en Vitoria, sede del Ministerio de Justicia, el día 26 de noviembre de 1938, componiéndolo el presidente Clemente de Diego y los magistrados nombrados directamente por el gobierno.  Fue su Sala de Gobierno la que elevó el 5 de diciembre de 1938, al ministro Domínguez Arévalo, la solicitud de fijar la residencia del Tribunal en Valladolid, en el edificio de la Real Chancillería, ocupando la planta superior, mientras en la baja seguiría con sus funciones la audiencia territorial, descartándose otras ciudades que también se manejaron para acogerle, como Pamplona o Salamanca.

El 27 de enero de 1939 ya está instalado en la ciudad castellana el Tribunal. No estará mucho tiempo allí.  Al día siguiente se nombra una Comisión para trasladarse a Madrid y hacerse cargo de los documentos, mobiliarios y enseres que hubiere en el Palacio de Justicia de la Plaza de la Villa de París. Aunque algunos magistrados que allí estuvieron y fallecidos ya, aseguran que se resolvieron recursos de casación radicando el Tribunal en Valladolid, lo cierto es que no consta ninguna resolución o sentencia fechada en la ciudad castellana, siendo las primeras resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo franquista de fecha posterior al primero de abril de 1939. El 1 de abril, fecha oficial del término de la guerra, se toma posesión del Palacio de Justicia de Madrid por el nuevo Tribunal, redactándose el acta de apertura de la caja fuerte ubicada en los locales de la habilitación del Palacio de Justicia en presencia del presidente de la comisión, el secretario de Gobierno Tornos Lafitte y el habilitado.

El 15 de septiembre de 1939 se cerró el trágico y sangriento círculo que se inició el 17 de julio de 1936 y que volatizó literalmente las estructuras judiciales de este país, celebrándose el solemne acto de la apertura de Tribunales, cuyo antecedente más próximo se remonta al día 5 de octubre de 1936, cuando el ministro de justicia era Ruiz Funes y presidente interino del Alto Tribunal Mariano Gómez González. En esta ocasión los actores fueron otros, Tomás Domínguez Arévalo era el titular de Justicia y el presidente del Tribunal Supremo el ya citado Felipe Clemente de Diego quien, en su discurso de apertura titulado «La Doctrina y la Práctica del Derecho en la Cátedra y en los Tribunales» afirmó que para convencer además de vencer “no hay armas más poderosas que la Justicia y el Derecho, recta y legalmente administrados, mayormente si esa Justicia y ese Derecho amparan los valores eternos del hombre y reconocen la dignidad de todos los hombres y provocan el bienestar de ellos, sin que se consienta que pueda haber un lugar sin lumbre y sin pan”. Encomiable doctrina la expuesta por Clemente de Diego, pero radicalmente opuesta a la que emplearon los militares insurgentes el día 17 de julio de 1936 y que no se preocuparon en atemperar en los casi cuarenta años siguientes.

[1] Hoy en día el referido Archivo conserva legajos tan relevantes como la Causa General, la causa abierta por el asesinato del General Prim; el expediente de la toma de posesión de los rebeldes del edificio en 1939 o las actuaciones referentes a la legalización del Partido Comunista en 1977, entre otras. También se custodia en él cinco máquinas de agarrotar, datadas en el siglo XIX.
[2] Durante la Guerra de Secesión norteamericana, Richmond y Washington, separadas apenas por 150 kilómetros, acogieron simultáneamente los Tribunales Supremos confederado y unionista, respectivamente.

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